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Las nuevas instituciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Integración económica regional y cooperación Procedimientos de una conferencia Junio 19-20, 1998 Redactado por Traducido por U.S. DEPARTMENT OF LABOR Gracias especial a nuestros co-patrocinantes por poder hacer possible esta conferencia: Departamento de Trabajo de los EE.UU. (Oficina Administrativa Nacional) RECONOCIMIENTOS Quisieramos dar gracias a Delmira Iñiguez, Maribel Larios, Fernando DePaolis, Shea Cunningham y Melanie Myers que proporcionaron tiempe generoso y habilidad en la preparación de este reporte. Un agradecimiento especial también queremos hacer llegar a Irasema Garza, Lewis Karesh y John Mondéjar de la Oficina Administrativa Nacional de los EE.UU. También quisieramos reconocer a Lauren Aiko Kawaski por prestarnos valuable técnicos. Finalmente, gracias a ustedes aparatos los participantes de la conferencia que ofrecieron comentarios a la discusión continúa sobre el rol de las nuevas istituciones del TLC. INDICE TEMA 1: RETOS DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL TLCAN
TEMA 2: CUATRO AÑOS DESPUES, EL TLCAN EL MEDIO AMBIENTE
TEMA 3: CUATRO AÑOS DESPUES, EL TLCAN Y LA COOPERACION LABORAL
TEMA 4: CUATRO AÑOS DESPUES - EL TLCAN Y EL AJUSTE COMERCIAL
CONCLUSIONES: MAS ALLA DE LA CONFERENCIA
INDICE DE CUADROS El propósito de esta conferencia fue evaluar comparativamente la eficiencia de las recién creadas instituciones del TLCAN: la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), la Comisión para la Cooperación Laboral (CCL), la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). Los organizadores estaban interesados en particular en la evaluación de la incorporación de un factor clave que recientemente se ha colocado en un lugar priotario en la agenda de las organizaciones internacionales: la participación pública y la rendición de cuentas. Sobre esta evaluación, los organizadores también buscaban construir un foro para la discusión de agendas potenciales para el futuro de la cooperación transnacional, interinstitucional y en asuntos cruzados en Norteamérica. La conferencia tenía la mirada puesta en el futuro y se centró en los retos del desarrallo sustentable e igualitario, en la construcción de instituciones transnacionales y en el mejoramiento del rol desempeñado por la sociedad civil. Para acercarnos a estos asuntos, buscamos aprovechar el hecho de que esta conferencia era una oportunidad única en su tipo ya que reunía a todos los líderes de estas nuevas instituciones con los sindicatos, organizaciones no gubernamentales, académicos y ciudadanos insteresados de los tres países. La idea de esta conferencia surgió de las discusiones entre los investigadores del Centro NAID de UCLA, el personal de la Comisión para la Cooperación Laboral y la Oficina Administrativa Nacional de los EE.UU. El debate alrededor de la autoridad fast track del presidente Clinton para negociar más tratados comerciales estaba en pleno apogeo. La mayoría de los aliados de la coalición "NAFTA Plus," la cual fue creada antes de obtener la aprobación del congreso para el TLCAN en 1993, no apoyó la petición del presidente Clinton para una autoridad fast track en 1997.(1) ¿Qué sucedió? Cuatro años después de la implantación de las nuevas instituciones del TLCAN, era necesario hacer un recuento y una revisión honesta. Una de las necesidades más importantes que debían atenderse era reunir a todas las instituciones del TLCAN por primera vez y darles la oportunidad de compartir de forma conjunta sus experiencias con el pública así como de aprender unas de otras. ¿Qué hemos aprendido a la fecha sobre la formación e implantación de estas varias instituciones bajo el TLCAN? Tal como se estableció claramente en las presentaciones de estas conferencias, todas estas instituciones surgieron de una dinámica política única que impulsó un nuevo conjunto de actores que tradicionalmente no desempeñaban un rol en los tratados comericales. Estos nuevos actores presionaron para que se trataran con los asuntos lanorales, medio ambiente y desarrollo económico como parte integral de los tratados comerciales transnacionales. ¿Cómo se han enfrentado las instituciones al reto de cumplir con sus mandatos administrativos y al mismo tiempo establecer una relación de trabajo con los miembros de la sociedad civil? Muchas veces, las fases de formación e implantación de estas instituciones se enfrentaban a retos comunes y debían tratar con los déficits de la cooperación internacional en cuanto a trabajo, medio ambiente y asuntos de desarrollo en las fronteras. Sin embargo, tembién se enfrentaban a un contexto político único en el que las instituciones tenían que responder a los retos técnicos y políticos que surgían de los nuevos elementos y por tanto, han tenido que crear los mecanismos para las interacciones con las sociedad civil como parte de sus actividades en curso. Empezamos con un análisis comparativo de las experiencias de cada una de las organizaciones para después centrarnos en la elaboración de medios de colaboración entre las instituciones. La conferencia proporcionó la oportunidad de iniciar este diálogo más comprehensivo. Cada una de las nuevas instituciones resultantes se ha centrado en alguno de los muy particulares tópicos en las áreas de trabajo, medio ambiente o desarrollo, las cuales debían ser atendidas como parte de la integración de América del Norte. No obstante, ninguna de estas instituciones tiene una perspectiva general integrada a sus operaciones diarias que ligue todos estos tópicos. Cada gobierno debe, todavía, exigir a las instituciones que elaboren formas explícitas de ligar comprehensivamente, por ejemplo, las diversas cuestiones laborales y ambiente o de ajuste económico con asuntos de salud y segurdidad. Estas instituciones ne sólo se enfrentan al reto de establecer formas creativas para fomentar la participación pública a diferentes niveles, sino que también deben encontrar maneras efectivas para interactuar con los gobiernos nacionales. Estas nuevas instituciones son multilaterales pero operan en un contexto de soberanía nacional. Los gobiernos nacionales no fueron necesariamente muy claros sobre la misión a largo plazo y las expectativas a futuro para estas instituciones. Después de todo, este tipo de elaboración de instituciones sigue siendo terreno inexplorado en el contexto de América del Norte. Sin embargo, dado que estas instituciones han desarrollado intereses propios, están empezando a dar su opinión sobre la manera en que los gobiernos interactúan mutuamente y en que las sociedades civiles también lo hacen entre ellas. Yo me atrevería a afirmar que estamos entrando a la siguiente fase en la formación de estas instituciones donde una visión a largo plazo para Norteamérica puede surgir de las mismas instituciones, en cooperación con los gobiernos y la sociedad civil. En realidad estas conferencias versan sobre esta dinámica emergente. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Este reporte ofrece algunas sugerencias que espero sean útiles para todos los actores: las instituciones del TLCAN, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las empresas, los investigadores y los ciudadanos en general. Raul Hinojosa-Ojeda Excelentísima Kim Campbell La Cónsul General Campbell abrió la conferencia con comentarios muy antinados que esbozan el trasfondo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las cualidades especiales de los acuerdos laterales. Al principio estas instituciones respondían a una necesidad política pero actualmente representan una nueva forma de democracia internacional, la cual da a los ciudadanos de una nación la certeza de que las leyes de ostros países se cumplen. Las negociaciones de los acuerdos laterales de trabajo y medio ambiente se llevaron a cabo en un clima político diferente. La nueva Administración Clinton en los Estados Unidos trajo consigo una nueva dinámica a la que Canadá respondió con buena voluntad. La sociedad civil también se adjudicó un papel cada vez más importante y presionó para que se desarrollara más el TLCAN con objeto de que incluyera asuntos sobre trabajo y el medio ambiente. Antes de volverse cada vez más visible en el contexto de los tratados laterales, la sociedad civil ya era un elemento importante en la manera en que los gobiernos estaban desarrollando el TLCAN. La Cónsul General Campbell indicó que los tratados laterales son completamente consistentes con el clima político que se reflejó en el preámbulo del TLCAN, el cual establece que los tres gobiernos decidieron "promover el desarrollo sustenable, fortalecer el desarrollo y la ejecución de las leyes y reglamentaciones ambientales y proteger, mejorar y hacer que se cumplan los derechos básicos de los trabajadores." En esta nueva erá de globalización, los gobiernos se enfrentan al reto de promover la competitividad y abrirse a la economía mundial. El TLCAN, proporciona una herramienta para este fin. La Cónsul General Campbell caracterizó al TLCAN como un portador de integración económica pero de poca integración política e hizo notar que las políticas comericales causaban impactos cada vez mayores en la gente dentro de las áreas de reglamentación doméstica, al mismo tiempo que derrumbaba las barreras comerciales. El nuevo ambiente para el cumplimiento de las leyes domésticas como resultado de las instituciones creadas por el TLCAN permite a los ciudadanos de un país tener la capacidad legal para intervenir en el cumplimiento de las leyes en otros países. La Cónsul General Campbell se concentró en esta innovación inherente a los tratados laterales, y mencionó que al mismo tiempo que presionan al gobierno a demostrar una transparencia continua no son un impedimento para la soberanía nacional, mientras los gobiernos sigan ateniéndose a las reglas establecidas por la ley. La Cónsul General Campbell concluyó sus comentarios señalando que los gobiernos se enfrentarán a un doble reto. Por un lado, los gobiernos necesitan elaborar las políticas económicas que promeuvan la competitividad en una economía global. Y, por el otro, también deben responsabilizarse de la sociedad civil y alentar la participación pública. Congresista Esteban Torres El tema central de esta conferencia no podía ser más oportuno e importante. El año pasado fuimos testigos ya de un acalorado debate sobre si se le concdería al presidente Clinton la nueva autoridad de negociación comercial fast track . En las próximas semanas, el Congreso de los EE.UU. votará sobre un paquete de financiamiento internacional para reprovisionar el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual se ha visto severamente mermado por la actual crisis financiera de Asia. Dentro de poco tiempo también estaremos votando sobre la extensión del estatus de Nación Más Favorecida a China. Los preocupantes problemas monetarios que actualmente afectan al yen y, hace un poco más de tiempo al rublo, sólo incrementan el sentimiento de urgencia con el que iniciamos estos debates. Mientras que estas políticas internacionales difieren en muchos aspectos significativos, su impacto sobre las economías mundiales, y sobre nuestras propias comunidades en los Estados Unidos, no puede negarse. En una economía global en perpetua expansión, no podemos ya darnos el lujo de ignorar la política internacional y las tendencias económicas. Estas políticas y tendencias afectan virtualmente todos los segmentos de nuestra vida diaria. Afectan el precio de los alimentos que comemos, el tipo de trabajos que tenemos, los salarios que ganamos e incluso la misma salud y la seguridad de las comunidades en las cuales vivimos. Sin embargo hay un lazo fundamental que une a todos estos asuntos. Hay un hilo que pasa a traves de todo tratado y debate internacional desde la aprobación del TLCAN. Esta es la razón por la que estamos aquí reunidos hoy. Porque el lazo que une todos nuestros esfuerzos es el reconocimiento de que el movimiento internacional de bienes y capitales no puede contolarse o promoverse sin prestar atención también a su impacto sobre los derechos humanos, sobre el trabajo y sobre el medio ambiente. No obstante lo que ustedes puedan pensar sobre el TLCAN, nadie puede negar que ha cambiado para siempre la forma en la que vemos la cooperación internacional. Los Estados Unidos nunca más volverán a hacer un tratado comercial sin antes insistir en que los derechos de los trabajadores están asegurados y que nuestro medio ambiente sea protegido. Nunca más participarán los Estados Unidos en los esfuerzos multilaterales para estabilizar a las economías inestables sin antes insistir en que dichos esfuerzos sea hagan de una manera transparente y democrática. Uno simplemente tiene que echar un vistazo a las instituciones del TLCAN para ver cómo el debate internacional sobre las políticas y el comercio ha cambiado. El Acuerdo de Cooperación Laboral del América Norte (ACLAN) es un muy buen ejemplo. Representa la primera vez en la historia de este país en que los estándares laborales acompañan a un tratado comercial. Por primera vez, los Estados Unidos reconocieron institucionalmente que las condiciones laborales en un país tienen impactos en los asuntos domésticos de otro. Por primera ocasión un tratado comercial reconoce que a menos que los trabajadores tengan la libertad de unirse al sindicato de su elección, no estarán adecuadamente representados y no podrán negociar en los acuerdos de negociación colectiva en los que se exige que los empleadores proporcionen las prestaciones y salarios adecuados. No estoy diciendo que la forma en la que se atienden estos asuntos ahora sea siempre suficiente. De hecho, hay muchas personas que creen que el TLCAN no proporcionó las protecciones laborales y ambientales adecuadas. Algunos de los críticos mas fuertes del TLCAN están aquí hoy. Yo me incluyo dentro de esos críticos, particularmente en cuanto a la implantación de algunas de las provisiones. Sin embargo, tengo confianza en que las protecciones proporcionadas por el TLCAN son las únicas bases sobre las cuales futuros tratados se podrán construir. También creo que cualquier esfuerzo que no alcance estos puntos de referencia está condenado al fracaso. Desafortunadamente, el presidente Clinton aprendió esta lección de la forma difícil. El otoño pasado, el presidente Clinton trató de obtener la autoridad fast track para negociar nuevos acuerdos comerciales con Chile y el resto de Latinoamérica. Se le advirtió que el esfuerzo sería inutil a menos que propusiera una legislación que se dirigiera con fuerza a las cuestiones laborales y ambientales. No obstante, continuó con una propuesta que fue rechazada por estar limitada en estas áreas. Sus esfuerzos fracasaron por dos simples razones: no cumplió con sus compromisos del TLCAN y buscó legislación que le proporcionara la autoridad fast track que no satisfacía los estándares laborales y ambientales mínimos establecidos por el TLCAN. En vez de trabajar para asegurarse de que las instituciones creadas por el TLCAN fueran implantadas de forma diligente, las administración Clinton dejó que algunas de ellas languidecieran en el limbo burocrático. En vez de hacer caso a las lecciones ganadas con la experiencia del TLCAN, la administración hizo caso a los deseos de la mayoría republicana del Congreso que quería disminuir la protección laboral y ambiental proporcionada por el tratado. Sé que no es fácil para el presidente ir en contra de la mayoría de demócratas del Congreso sobre este asunto. Fue difícil para nosotros trabajar en su contra. Pero el genio no puede volverse a meter en la lámpara. Los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente son demasiado importantes como para que prevalezcan las políticas partidistas. Algunos dicen que el debate sobre fast track fue una dolorosa derrota para el presidente y la mayoría republicana del Congreso. Tal vez tengan razón. Sin embargo, yo veo el debate de otra forma. Veo el debate como una victoria, no una derrota. Fue una victoria para los hombres y mujeres trabajadores. Fue una victoria para nuestro medio ambiente. Fue una victoria para el progreso. La derrota de fast track fue una victoria porque solidificó la noción de que proteger a los trabajadores y al ambiente nunca más se podrá dejar de considerar como un elemento fundamental del comercio global. La lección aprendida durante el debate sobre fast track no se olvidará pronto. Hemos visto esfuerzos redoblados para asegurar que las instituciones creadas por el TLCAN tengan todas las oportunidades de tener éxito. Se están proporcionando muchos recursos y se presta una atención sin precedentes a las instituciones que son tan importantes para nuestras futuras relaciones comericales. Sólo me arrepiento de que hayamos aprendido esta lección tan tarde. Ya se ha comprobado que estas instituciones funcionan si están adecuadamente implementadas y se les proporciona apoyo estusiasta. Tienen que funcionar. Van a funcionar. Un muy buen ejemplo de esto es el progreso de la oficina ambiental del BDAN. El BDAN fue creado para ayudar al financiamiento de la infraestructura ambiental a lo largo de la fronterar entre los EE.UU. y México y para proporcionar el apoyo económico a las comunidades que sufrieron pérdidas de trabajos debidas al TLCAN. La oficina ambiental del BDAN ha tenido un progreso lento pero constante. También se ha sobrepuesto a numerosos impedimentos estructurales y legales endémicos a las comunidades en las que opera. No obstante, el personal del banco ha buscado con diligencia y creatividad soluciones prácticas para estos problemas fundamentales. Creo que hoy en día la oficina ambiental del BDAN está en camino de cumplir con la promesa de sus fundadores. La historia de la Ventana Doméstica del BDAN es completamente diferente. El día en que el presidente Clinton reveló su propuesta de fast track , la Ventana Doméstica no había aprobado un solo préstamo. A más de cuatro años del establecimiento del BDAN, la Ventana Doméstica era un fracaso absoluto. El congreso había cumplido con su compromiso al patrocinar completamente al banco durante sus primeros cuatro años de existencia. Sin embargo, la administración del presidente permitió que las instituci¢n languideciera. ¿Por qué ocurrió esto? Creo firmemente que la Ventana Doméstica no estaba implementada complemente debido a que la administración Clinton temía que se destacara la pérdida de trabajos causada por el TLCAN. Temía que esta atención dañara los futuros esfuerzos comericiales. El debate sobre fast track demostró que esto era un punto de vista limitado. Tras la derrota del fast track , un cambio sorprendente ha ocurrido con la Ventana Doméstica. Los lineamientos para préstamos se han terminado, los criterios de eligibilidad se han establecido y por fin se han empezado a aprobar los préstamos. Hoy en día, más de cien préstamos se han aprobado en 17 estados por más de $50 millones de dólares. Estos préstamos han salvado o creado más de 2,500 empleos. Toda esta actividad ocurrió en los últimos seis meses. Se podría decir que el debate sobre fast track fue una lección bien aprendida. También se está haciendo caso a esta lección en el debate sobre el FMI. Como dije antes, el Congreso pronto votará sobre un paquete de financiamiento internacional que reprovisionará al FMI. Sin embargo, a diferencia del acta del fast track , la legislación es un modelo de progreso. Aumentará la transparencia y la rendición de cuentas dentro del FMI. Proporcionará mayor protección laboral y pondrá más atención al medio ambiente. El debate del FMI no ha terminado. Sin embargo ya hemos tenido éxito en ayudar a dar forma a todos los debates futuros sobre política internacional. Debido al TLCAN y a las instituciones que ha creado, nunca volverá a haber otro debate sobre comericio internacional o sobre políticas financieras que no tome en cuenta los asuntos sobre el desplazamiento de los trabajadores, la depresión de los salarios o el impacto de dichas políticas sobre la salud, seguridad y el medio ambiente. El estableciminto de instituciones cuya misma misión sea la cooperación y el acuerdo es en verdad histórico. También creo que dichas instituciones serán un elemento necesario para todo discurso internacional futuro. Esta conferencia representa una posibilidad oportuna para que los líderes de las institituciones del TLCAN reflexionen de forma colectiva sobre quiénes están juntos por primera vez en el mismo lugar y sobre cómo se puede satisfacer la promesa de libre comercio e integración económica. Los hombres y mujeres que participan en esta conferencia tienen el conocimiento, la información y la experiencia de los últimos cinco años que les permitirá construir sobre las bases para el progreso proporcionadas por el TLCAN. La realidad es que estas instituciones proporcionan herramientas burdas con los cuales se promoverá y protegerá a los trabajadores y al medio ambiente. Es responsabilidad de ustedes pulir estas herramientas para que podamos seguir progresando. TEMA 1: RETOS DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL TLCAN Como se pudo ver en las negociaciones del TLCAN, la integración de Norteamérica representa importantes retos en materia de trabajo, medio ambiente y desarrollo económico. El resultado fue la creación de un conjunto de nuevas instituciones de América del Norte para hacer frente a estos retos. Las instituciones fueron diseñadas para atender necesidades especificas y son orgaizaciones trinacionales, bilaterales y nacionales. Por primera vez, cuatro años después del TLCAN, los representantes de estas instituciones están reunidos ante la misma mesa para compartir sus experiencias en la construcción de instituciones y para compartir el concocimiento sobre sus respectivos campos de acción. Esta sesión proporcionó un análisis comparativo de la estructura y desempeño de estas instituciones. La meta final de esta conferencia es pensar en estrategias para una futura cooperación entre los tres países integrantes del TLCAN, entre las diferentes instituciones y entre las tres sociedades así como hacer una fertilización cruzada de los campos de acción que con frecuencia son considerados por separado: el trabajo, el medio ambiente, el comercio y el desarrollo económico. En los meses que precedieron al voto final sobre el TLCAN en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un contingente de nuevos participantes interesados en los impactos laborales y ambientales, pudo hacer un trato con los líderes de los EE.UU. en las negociaciones del TLCAN. El tratado probablemente hubiera fallado si los gobiernos no hubieran acordado sentarse a discutir e incluir temas que usualmente son considerados independientes de las negociaciones comerciales: el trabajo, el medio ambiente y el desarrollo económico. De estas presiones arraigadas en la sociedad civil emergieron las nuevas instituciones del TLCAN. Lo que era particularmente importante en los Estados Unidos en ese momento era que las presiones de la sociedad civil aprovecharon la oportunidad para ir más allá de una posición de simple rechazo y proponer en su lugar una estructura política alternativa para atendaer los efectos de la integración económica sobre el trabajo, el medio ambiente y el desarrollo económico local. Estas instituciones fueron vendidas al público como parte de la solución a los problemas causados por la liberalización comercial. Las expectativas eran altas. Se les pidió a los conferencistas que reflexionaran sobre posibles formas de reducir la brecha entre estas promesas y los enormes retos a los cuales se enfrentaban las nuevas instituciones con el claro mandato de establecer vinculos cercanos con la sociedad civil. De esta discusión surgieron seis temas generales:
Raul Hinojosa-Ojeda presentó el importante asunto sobre el mandato de las nuevas instituciones del TLCAN. Cada institución se ha enfocado sobre dinámicas muy particulares, trabajo, medio ambiente, desarrollo económico, pero ninguna de ellas ha desarrollado una perspectiva global que esté incluida como parte fundamental de sus operaciones diarias. Esta conferencia es un intento por empezar a identificar las maneras de establecer límites a la naturaleza más amplia de los retos que representa la integración económica. ¿Cómo pueden trabajar conjuntamente estas instituciones sobre temas que están claramente entrejidos?
Cuatro años después de la creación de las instituciones del TLCAN, abundan las críticas. Pero, como indicó Javier Cabrera de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), es fácil deshacerse de instituciones recién creadas. Sin embargo, es más difícil constuir la institución desde cero. Entre los diferentes pueblos y comunidades, las expectativas y las necesidades difieren. Estas nuevas instituciones mantuvieron abierta la posibilidad de que cada quien expresara en su propía lengua cuáles eran estas necesidades. La construcción de instituciones no es un proceso fácil, pero cuatro años desués, puede observarse que las "instituciones tienen vida propia, pueden hacer cosas, tienen capacidad, tienen potencial" para citar a John McKennirey de la Comisión para la Cooperación Laboral (CCL). Crear nuevas instituciones es un gran reto. Janine Ferretti de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) dijo: "No es fácil dar apoyo a los recursos para la implantación de programas y también resulta complicada la creación de suficiente impulso para otras instituciones que trabajan en la misma área." En el caso del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), Victor Miramontes destacó la brecha entre las promesas de acuerdo y la realidad de la edificación de la institución. El banco debía asegurar el capital antes de poder satisfacer su mandato de prestar dinero a proyectos de infraestructura. Esto era particularmente difícil debido a la dependencia de fondos externos, de confinanciadores mútiples y la necesidad de hacer planes a largo plazo. John McKennirey subtituló sus comentarios como "La construcción de nuevas instituciones públicas internacionales en Norteamérica," descripción muy adecuada a los mandatos de todas estas instituciones. La participación pública está afianzada en el mandato de dos instituciones de TLCAN trinacionales y dos binacionales. Esta característica resulta única cuando la comparamos con instituciones públicas más antiguas. El público ha estado haciendo fuertes llamados para la participación en un contexto de comercio internactional. La CCA, la CCL, la COCEF, y el BDAN tuvieron que construir estructuras apropiadas para responder al público. (Véase el cuadro 6 para más detalles sobre la participación pública en la CCA, la COCEF y el BDAN, y el cuadro 1 para detalles sobre la CCL.) Una de las características más interesantes de estas instituciones y del TLCAN en general es su forma única de atender tanto a los asuntos de soberanía nacional como a los de cooperación transnacional. Como señaló John McKennirey: "combinan las reglas domésticas con los procedimientos internacionales." En el contexto de una globalización aumentada, estas instituciones públicas desempeñan el rol esencial de proporcionar apoyo a los gobiernos nacionales en la ejecución de sus propias leyes domésticas a pesar de las presiones de las corporaciones multinacionales, las cuales tienen la habilidad de desplazar inversiones y empleos a otros países. Al mismo tiempo, a diferencia de una unidad política como en Europa, las nuevas instituciones del TLCAN están diseñadas para respetar las diferentes historias y culturas políticas que son fundamento de las leyes domésticas. Para instituciones como la CCL y la CCA, esto representa el emocionante reto de mantener una perspectiva trinacional. Como señaló Janine Ferretti, ha habido fuertes lazos históricas entre Canadá y los Estados Unidos. Pero el eslabón más débil de esta cadena siempre ha estado entre Canadá y México, y este es un eslabón esencial que hay que tener en mente para poder lograr una genuina perspectiva trinacional.
Estas nuevas instituciones se enfrentan al enorme reto de tener relevancia a nivel local, en las vidas de las personas y de las comunidades. Las instituciones trinacionales como las CCL y la CCA operan en el nivel macro. Parte de su rol es promover, a través de actividades cooperativas, la existencia de una noción de herencia histórica común en Norteamérica. Como indicó Janine Ferretti: "el resultado más importante ha sido el desarrollo de una sensación de que existe un medio ambiente norteamericano, una herencia histórica común y una comunidad de individuos, de gente, que están dispuestos y que ahora pueden pasar sobre las distinciones políticas y culturales y trabajar juntos para mejorar su ambiente." Como complemento de estas instituciones trinacionales, la COCEF y el BDAN están actuando a nivel local. La relevancia de su trabajo es quizás más visible dentro de las comunidades afectadas. Algunas de las preoucpaciones surgieron debido al hecho de que estas instituciones no se enfocan a los problemas estructurales que causan la degradación ambiental y condiciones inferiores de trabajo. Las instituciones están diseñadas para reaccionar ante los problemas más que a ser proactivas.
A) ACLAN en comparación con el TLCAN La comparación que quiero hacer es la siguiente: al dirigir la mirada hacia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se encuentra un cierto patrón que combina las regulaciones domésticas con los procedimientos internacionales. Un ejemplo de esto es el proceso de resolución de disputas del capítulo 19, el cual es una copia del previo proceso de resolución de disputas existente en el Tratado de Libre Comercio entre los EE.UU. y Canadá. Me parece que los canadienses fueron los que impulsaron esto. Se quejaban de los asuntos de anti-dumping y de subsidios. Cuando éste fue el caso, los canadienses podían presentar sus quejas ante las autoridades comerciales estadounidenses para tener la posibilidad de presentar su caso ante las cortes de este mismo país. Sin embargo, los canadienses sentían que el procedimiento era injusto y parcial en tanto que las quejas sobre el comportamiento de los EE.UU. se juzgaban dentro del sistema estadounidense. Lo más apropriado parecía ser una resolución binacional. Por lo tanto, se negoció un sistema de páneles binacionales en el Tratado de Libre Comercio entre estos dos países para lidiar con los asuntos comerciales. El mecanismo se transfirió al capítulo 19 del TLCAN. Utiliza las leyes domésticas de comercio así como un pánel binacional que interpreta las leyes comerciales domésticas y formula resoluciones. Combina, entonces, un mechanismo internacional de procedimientos con leyes nacionales. También existe el ejemplo del capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual. Se tiene confianza en las protecciones domésticas en cuanto a la propiedad intelectual que existen para los intereses domésticos dentro de este tema. Hay algunos principios generales que se expresan dentro de este capítulo del TLCAN, pero las protecciones que en realidad pueden aplicase son las que proporciona la ley doméstica. Sin embargo, hay procedimientos mediante los cuales los gobiernos pueden consultarse mutuamente e incluso resolver disputas en cuanto a si las protecciones sobre propiedad intelectual del otro país se están aplicando de forma consistente. El capítulo sobre las barreras técnicas al comercio utiliza nuevamente un acercamiento similar. Para evitar usar los estándares de productos como barreras comerciales artificiales, los países decidieron no establecer un conjunto común de estándares técnicos. Cada país continúa estableciendo sus propios estándares para los productos, pero existen nuevos procedimientos para asegurar la compatibilidad y la equivalencia, así como para facilitar la resolución en las áreas problemáticas. El punto central es que existe un compromiso general de evitar utilizar barreras técnicas en el comercio. Nuevamente esto indica una confianza en las leyes domésticas así como en los procedimientos internacionales. Este tipo de enfoque es algo que también vemos en los tratados laterales de trabajo y medio ambiente. También dependen de la autoridad doméstica para generar leyes. Sin embargo, también hay nuevos procedimientos internacionales para resolver problemas basados en los compromisos generales que tienen que ver con la aplicación y la eficiencia de lay leyes domésticas. El TLCAN establece el contexto para estos otros acuerdos. Es el contexto de un tratado de libre comercio y no el de una unificación de aduanas. En el caso de este tipo de unificación, por supuesto, el país acepta un arancel común externo que, obviamente, conlleva la implementación de una política común de comercio internacional. Nosotros --Canadá, México y los Estados Unidos-- no tenemos esto. Cada país define su propia política de comercio internacional fuera del marco establecido por el TLCAN. Cada país puede firmar tratados de libre comercio con otros si así lo decide. Por lo tanto, el TLCAN está aun más limitado dentro del área del libre comercio que una unificación de aduanas. Es más, es claro que el TLCAN no es una unión política como la Unión Europea, que se compone de la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento, las Cortes y demás. Es importante mantener en mente que este es el contexto en que fueron negociados los acuerdos laterales. B) Apoyo internacional para la aplicación de la ley El tratado lateral en materia laboral proporciona el apoyo internacional para la aplicación de la ley. Esto es muy importante en el actual contexto. Mucha gente argumenta que la globalización les da a las corporaciones que pueden operar de forma multi o transnacional la capacidad de cambiar de lugar el empleo y las inversiones, lo cual les permite escapar de la jurisdicción doméstica o nacional. Más aun, con frecuencia se sostiene que las corporaciones ejercen presión sobre sus propios gobiernos amenazándolos con cerrar para que no les apliquen las leyes. La literatura académica proporciona amplias notas de advertencia sobre asuntos similares en el caso de la globalización. El propósito de los acuerdos laterales en Norteamérica es tener un nivel de apoyo internacional para la aplicación de la ley. Alentar a cada uno de los participantes a que entre en el acuerdo y apoyarlos con la aplicación íntegra de sus leyes sirve como una presión inversa que permite al gobierno lograr un equilibrio que asegure el cumplimiento del bien público al aplicar la ley. Los acuerdos laterales sirven para asegurar la protección de una zona, al menos en Norteamérica, donde un compromiso común con la aplicación de la legislación se protege de las presiones negativas de la globalización. Esta noción es una de las excelentes innovaciones de este acuerdo. En verdad define claramente las responsibilidades de los gobiernos y sus propias responsibilidades constitucionales de aplicar sus leyes de una forma nueva y con una nueva perspectiva internacional. Y sin embargo no entra en conflicto con el derecho implícito en la soberanía nacional de hacer y aplicar sus propias leyes. TEMA 2: CUATRO AÑOS DESPUES, EL TLCAN Y EL MEDIO AMBIENTE En esta acelerada fase de la globalización, el ambiente global se menciona con frecuencia como un ejemplo para ilustrar la necesidad de la cooperación transnacional para enfocarse a los asuntos que evidentemente no respetan las fronteras nacionales. No obstante, simultáneamente, el medio ambiente es un tema muy local. Los proyectos de limpieza, las catástrofes tóxicas, las condiciones de salud y seguridad, las especies en peligro de extinción, la sobrepoblación o la tala de árboles son sólo unos cuantos ejemplos de las transformaciones al medio ambiente cuyas consecuencias se sienten localmente. Al ser parte del proceso de globalización económica, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tuvo que hacer frente a estos retos ambientales. El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) fue diseñado para atender los problames ambientales regionales. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) fue creada bajo este tratado y es la única institución trinacional que atiende los asuntos sobre el medio ambiente. Sin embargo, las negociaciones del TLCAN también genaron el desarrollo de instituciones binacionales en la frontera de México con los EE.UU., la Comisión de Cooperación Ambiental en las Fronteras (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). Lo interesante de este conjunto de instituciones es su carácter complementario. Mientras que la CCA se enfoca en la cooperación trinacional y en la difusión de información, la COCEF y el BDAN enfatizan el desarrollo de infraestructura local sustenable. Las nuevas instituciones ambientales de América del Norte fueron creadas como respuesta a las presiones políticas. No obstante, cuatro años después de su implementación, más y más entidades mundialmente están acudiendo a América del Norte en busca de ideas interesantes sobre cómo manejar la integración económica sin perjudicar al medio ambiente. Se les pidió a los conferencistas que reflexionaran sobre estas nuevas instituciones, que identificaran los retos a los que se enfrentarian y las posibles soluciones para ayudar a disminuir la brecha entre sus promesas de hace cuatro años y sus logros y además que reflexionaran sobre las estrategias para futuras cooperaciones. Estas instituciones se adhieren a los principios detallados en la Declaración de Rio sobre desarrollo sustenable adoptados durante la Cumbre de la Tierra de 1992. Sin embargo entre los principios y la realidad hay una gran brecha que deberá librarse con desarrollos institucionales como los que se han visto en Norteamérica. Esta sesión fue muy útil para identificar claramente los retos más importantes. La CCA, la COCEF y el BDAN están diseñados alrededor de tres principios generales: La CCA, la COCEF y el BDAN tienen como obligación buscar la participación pública
en sus distintos proyectos. Esto puede querer decir que den acceso a la información, que haya
audiencias públicas, peticiones o comités consultivos.
El taller destacó la tremenda tarea de responder a los siguientes tres principios generales enaltecidos en las instituciones ambientales norteamericanas:
Cuatro años después: El TLCAN y el medio ambiente El objectivo de esta presentación es proporcionar una discusión crítica del trabajo de las instituciones del TLCAN relacionadas con el medio ambiente. Dicha discusión se dirige a asuntos de cooperación transnacional y cooperación entre instituciones supranacionales, nacionales, locales y organizaciones no gubernamentales (ONGs). El papel de las ONGs en este análisis es fundamental ya que como es el caso de la Coalición de Salud Ambiental, con frecuencia interactúan en los asuntos locales y tienen una percepción directa del progreso "real" o la falta del mismo respecto a los asuntos ambientales cooperativos. La Coalición de Salud Ambiental (EHC, por sus siglas en inglés) es una organización ambiental popular dedicada a la protección de la salud humana y del ambiente en la región San Diego- Tijuana. Algunos de sus principales objectivos son la protección, la prevención y la reducción de las amenazas ambientales y humanas creadas por el uso de sustancias tóxicas, así como proporcionar a las comunidades afectadas por la contaminación por sustancias tóxicas educación y facultad de tomar decisiones y actuar. Durante 18 años, la EHC ha estado a la vanguardia de los asuntos ambientales locales de la frontera San Diego-Tijuana. A través de la asistencia y de las facultades de toma de decisiones de la comunidad, de una promoción de políticas binacionales y de apoyo técnico, la EHC ha alcanzado un alto nivel de conocimientos y experiencia así como de éxitos. La EHC, siendo una organización no gubernamental, da la bienvenida a mayores discusiones que versen sobre el papel de las instituciones del TLCAN y su efectividad a cuatro años de su creación. El tema subyacente en esta presentación es lanzar un reto a las instituciones ambientales del TLCAN para que tomen un enfoque más efectivo en la resolución de problemas ambientales de la frontera. En opinión de la EHC, al momento presente las instituciones del TLCAN han proucido sólo resultados mínimos para proteger, corregir o mejorar las severas condiciones ambientales y de salud que existen a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Debido al crecimiento industrial actual a lo largo de la frontera, estos problemas sólo se incrementarán en número y complejidad si no se llega a alcanzar una cooperación binacional honesta y eficiente. Los siguientes casos de estudio ilustran esta falta de cooperación efectiva y honesta para corregir el problema ambiental. Caso de estudio #1: Metales y Derivados Antecedentes: Metales y Derivados era una compañia fundidora de plomo y recicladora de baterías de plomo localizada en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Operó en el Parque Industrial Mesa de Otay de 1982 hasta su cierre en 1994. Su casa matriz, una corporación de metales al mayoreo radicada en Estados Unidos con el nombre de New Frontier es una compañia que se encuentra en San Diego, California, y que todavía existe. La actividad principal de New Frontier en México como Metales y Derivados consistía en la recuperación de plomo, cobre y fósforo mediante la fundición de baterías ácidas de plomo y otros materiales de desecho que se traían de los Estados Unidos a México como productos reciclables. Los propietarios y operadores abandonaron la compañia en Tijuana después de continuas quejas de los residentes del lugar y repetidas sanciones gubernamentales, y dejaron abundane cantidad de desechos tóxicos tras su partida. Se estima que Metales y Derivados acumuló aproximadamente 6,000 toneladas métricas de escoria de plomo, polos de desecho de productos secundarios, ácido sulfúrico, y metales pesados tales como antimonio, arsénico, cadmio y cobre. El plomo afecta a casi todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Es una bien conocida neurotoxina, que afecta con mayor severidad a los niños pequeños. El plomo afecta predominantemente al sistema nervioso central y algunos de sus efectos dañinos incluyen nacimientos prematuros, niños más pequeños, capacidades mentales disminuidas en el infante, dificultades en el aprendizaje y menor crecimiento en los niños pequeños. En los adultos, el plomo puede causar abortos y daño al sistema reproductivo. También puede disminuir el tiempo de reacción, causar debilidad en los dedos, muñecas, tobillos y puede afectar la memoria. A altos niveles, el plomo puede causar disfunción renal, coma e incluso la muerte. (Véase Agencia para las Substancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés), Informe Sobre el Plomo, CAS# 7439-92-1, de abril de 1993). El ácido sulfúrico se utiliza comúnmente como electrolito en las baterías. Es un irritante químico absoluto o fuerte. Debido a sus propiedades corrosivas y deshidratantes fuertes, el ácido sulfúrico reacciona con muchos materiales orgánicas con los que se pone en contacto. Esta reacción causa, al contacto, daños inmediatos y severos a los tejidos, daño respiratorio así como daños oculares irreparables. La exposición leve al ácido sulfúrico causa irritación a los ojos y a las membranas mucosas tales como la nariz y el tracto respiratorio. Las infecciones respiratorias frecuentes, el enfisema y los problemas digestivos se han relacionado con la exposición prolongado al ácido sulfúrico. (Véase Perfil Toxicológico para el Trioxido de Azufre y el Acido Sulfúrico, Versión Preliminar para Comentario Público, Departamento de Salud y Servicios Humanos, ATSDR, Septiembre de 1997.) El arsénico se encuentra como impureza en muchos metales y es un producto secundario de las operaciones de fundición de plomo. Los compuestos de arsénico son corrosivos a la piel. Las anormalidades que pueden atribuirse a la exposición al arsénico son la decoloración o las manchas de la piel, y el cáncer de piel. Otros efectos relacionados con el arsénico incluyen daños a los riñones y al hidalgo, funciones nerviosas alteradas y defectos de nacimiento. (Véase ATSDR Declaración de Salud Pública, Arsénico, marzo de 1989). Todos estos desechos tóxicos permanecen en el lugar completamente expuestos al ambiente natural como resultado de los manejos imprudentes y el abandono de tóxicos de Metales. Los vientos y la lluvia pueden llevar estos desechos a las comunidades vecinas. La Colonia Chilpancingo, una de aquellas comunidades, se localiza aproximadamente a 150 metros del lugar en que se encontraba Metales. La comunidad se halla colina abajo del sitio de los desechos tóxicos y los demandantes argumentaron que los problemas de salud pueden ser causados o están exacerbándose debido al peligroso sitio de desechos de Metales. El papel de las instituciones del TLCAN Metales y Derivados operó durante la creación del Acuerdo de La Paz. Este acuerdo solicitaba se enviaran de vuelta a Estados Unidos los desechos peligrosos de las compañías que operaban en México. Después, en 1998, el Acuerdo de La Paz fue incorporado a la ley mexicana bajo la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente (Ley General). Los propietarios y operadores de Metales imprudentemente ignoraron estas y otras leyes y dejaron una pesadilla tóxica en México. En 1994 fueron creadas las Instituciones del TLCAN: la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y la Comisión para la Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF). A la fecha, ninguna de estas instituciones ha lanzado propuestas en relación con sitios ilegales de desechos tóxicos tales como imposiciones binancionales, intercambio de tecnología de limpieza y comunicación de respuesta de emergencia que se asemejen al caso de Metales y Derivados, a pesar de la serveridad de los daños a la salud y al medio ambiente que presentan. COCEF y BDAN La COCEF y el BDAN fueron creados para financiar los proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de la frontera. Además de la notable falta acutal de cooperación efectiva entre las agencias para tratar de cumplir con su propósito de fundación (ya que sólo dos proyectos se han financiado, de 28 que han sido certificados), estas instituciones tienen otras limitaciones. Aun más importante, no fueron diseñadas para financier proyectos que no podían pagarse, como en el caso de Metales y Derivados y otros proyectos de limpieza de desechos tóxicos, a pesar de la imperiosa necesidad de limpiar los sitios existentes y de evitar que se crearan nuevos. CCA La CCA por otra parte, ofrece enfoques diferentes para atender asuntos ambientales de una manera cooperativa. Su Programs Anual de 1996 incorpora lenguaje que podría justificar intervenciones directas para casos como el de Metales y Derivados. El Programa especifica en una parte: "El enfoque de la CCA para proteger la salud humana y el medio ambiente se centra en reducir los riesgos de contaminación y minimizar el impacto de la contaminación existente a lo largo del continente." (CCA, Reporte Anual de 1996, pg 15). Esto significa que la CCA podría potencialmente dirigir sus recursos para emprender la limpieza de sitios de desechos tóxicos. Sin embargo, hasta ahora ha sido la gente quien "solicita" a la CCA que actúe en conformidad con su Programa Anual, en vez de que sea la CCA la que actúe por su propía cuenta. El proceso de petición ciudadana bajo el articulo 14 y 15 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) proporciona la ruta por la cual las personas pueden quejarse cuando un país del TLCAN no está haciendo cumplir efectivamente sus leyes ambientales. Sin embargo, este proceso requiere un gran estuerzo por parte del demandante, el cual tiene la obligación de presentar pruebas, es lento, es altamente discrecional por parte de la CCA para dar respuestas y seguimientos, e incluso en el mejor de los casos, sólo tiene el poder de conducir un "registro de los hechos." Incluso cuando la Secretaría prepara un registro de los hechos (lo cual no es una decisión), la CCA tiene la prerrogativa de publicarlo o no. Consecuentemente, una petición respecto a Metales y Derivados enfrentaría grandes obstáculos antes de que la CCA pudiera emitir un dictament favorable. De acuerdo con el proceso real de la CCA, es muy poco probable que un acción correctiva tenga lugar en el corto plazo como resultado de la petición ciudadana bajo el NAAEC. CASO #2: Servicios Ambientales Pacific Treatment El 6 de julio de 1997, una mezcla de substancias químicas de Pacific Treatment, una compañía estadounidense que operaba una estación de transferencia de desechos tóxicos de maquiladoras, se encendió en llamas. Explotaron bombas incendiarias en el aire sobre las fábricas vecinas del Parque Industrial Mesa Otay en Tijuana, México. Más de doscientas toneladas de desechos peligrosos se quemaron, incluyendo solventes orgánicos tales como tolueno, acetona y xileno, polvo de pintura, materiales sólidos contaminados con solventes y pintura, basura contaminada con petróleo y contenedores químicos vacíos. El fuego liberó humos tóxicos que se dirigieron directamente a los vecindarios residenciales que se encontraban a menos de 300 metros. Por el tipo de actividades ofrecidas por Pacific Treatment, es probable que estuvieran presentes y se hayan quemado solventes clorados. Las negligentes acitividades de Pacific Treatment crearon otra pesadilla ecológica para los residentes de la Colonia Chilpancingo. Irónicamente, Pacific Treatment estaba localizada al otro lado de la calle de Metales y Derivados. El incidente puso de manifiesto varias fallas serias de la cooperación binacional para el medio ambiente. El público se volvió consciente por primera vez de que Tijuana carece de la infraestructura necesaria básica para responder adecuademente a las emergencias químicas. Por ejemplo, en el Parque Industrial Mesa de Otay, uno de los parques industriales más grandes y antiguos de la ciudad, no funcionaba un solo hidrante con el que se pudiera combatir el fuego. Además, el departemento de bomberas de Tijuana no contaba con el equipo adecuado para responder a un fuego químico y no tenía ninguna información acerca del tipo de químicos y desechos almacenados en Pacific Treatment. Los residentes de las comunidades aledañas se quejaron de fuertes olores durante el incendio y en los días que siguieron. Los residentes vecinos reportaron problemas de salud tales como dolores de cabeza, vómitos, irritación de los ojos y la piel e insomnio. Se sabe que la exposición a los químicos derivados produce efectos de largo plazo a la salud que van desde problemas reproductivos hasta el daño de órganos internos y del sistema nervioso. Pero el daño real al ambiente y a la salud pública a raiz de las actividades negligentes de Pacific Treatment todavía se desconoce. El papel de las Instituciones del TLCAN Las Instituciones del TLCAN no estaban originalmente diseñadas ni están actualmente equipadas para responder ante situaciones de emergencia tales como el caso de Pacific Treatment. Sin embargo, estas instituciones deberían promover una mayor cooperación entre las entidades locales, estatales y nacionales responsables de estar preparadas ante las emergiencias. En cambio, el caso de Pacific Treatment subrayó la falta de comunicación y cooperación binacional efectiva y honesta. Por ejemplo, las autoridades ambientales de los Estados Unidos se enteraron del incendio a través de sus contrapartes mexicanas, a pesar del protocolo existente que requiere que ambos países se notifiquen uno al otro cuando ocurra un accidente químico en la frontera. Conclusiones Las instituciones para el medio ambiente del TLCAN fueron vistas por el público como instituciones que arreglarían los problemas ambientales de la región. A cuatro años de que iniciaron sus trabajos, están muy legos de lograr tal labor monumental. Aquí en la región de la frontera San Diego-Tijuana, podemos ver sus deficiencias mediante casos concretos tales como Metales y Derivados y Pacific Treatment. Para lograr una mayor cooperación y consecuentemente una mayor efectividad en la solución de problemas ambientales transnacionales, estas instituciones deben primero reconocer sus propias limitaciones. Al hacerlo, estas instituciones pueden educar mejor al público y pueden evitar crear falsas expectativas que frecuentemente conducen a la pérdida de credibilidad. Sólo entonces podrán enfocarse en proporcionar opciones reales para la tarea de protección ambiental cooperativa. Las instituciones del TLCAN deben también definir la palabra "cooperación" y deben ser capaces de medir su progreso. Las comunidades afectadas por la contaminación se sienten cada vez más frustradas cuando estas instituciones proclaman relaciones cooperativas sólidas mientras que casos como el de Metales y Derivados y Pacific Treatment demuestran lo contrario. Quizás proyectos menos numerosos pero más especificos pueden arrojar resultados medibles. La implementación completa de un proyecto de limpieza, un programa de prevención de la contaminación o incluso un mecanismo de rastreo efectivo para el movimiento de desechos y materiales peligrosos en las fronteras podría proporcionar resultados de cooperación definitivos y medibles. Finalmente, el aspecto de responsabilidad empresarial y de cómo éste tiene que ser atendido por las instituciones del TLCAN queda en pie para mayores discusiones. Se trata del tema subyacente de mayor importancia debido a que es en este rubro donde será necesario el cambio principal. Mientras las empresas consideren al trabajo y al medio ambiente como un costo en vez de inversión a largo piazo, continuarán encontrando formas de destruir progresivamente el medio ambiente y la salud para maximizar las garancias. Las instituciones del TLCAN tendrán que comprometerse con esta situación y empezar un cambio en la conciencia conforme se expandan más los mercados globales libres. TEMA 3: CUATRO AÑOS DESPUES, EL TLCAN Y LA COOPERACION LABORAL Cuatro años después, las discusiones apasionadas en pro y en contra del TLCAN necesitan reevaluarse. El asunto laboral es un área que ha originado de hecho muchos debates apasionados. Esta conferencia dio la oportunidad de discutir tres aspectos de los debates del TLCAN relacionados con aspectos laborales: I) el acuerdo laboral de trabajo (ACLAN); II) uno de los primeros casos bajo el acuerdo: Sprint; y III) el estudio de la Secretaría sobre el cierre de plantas y la libertad de asociación. En todos estos casos, las dificultades de sindicalización han sido enfatizadas por los conferencistas. Las recién creadas instituciones laborales del TLCAN buscan tratar los aspectos de derechos laborales en un espíritu de cooperación. Esto permite visualizar los aspectos laborales dentro de una red interdependiente de contextos juridicos (o legales), económicos, políticos y sociales únicos para cada uno de los tres países, pero que finalmente tienen influencia entre los otros integrantes del acuerdo. Los participantes en la conferencia subrayaron varios retos que enfrenta la cooperación laboral en Norteamérica:
I) CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA BAJO EL ACUERDO DE COOPERACION LABORAL DE AMRICA DEL NORTE (ACLAN) El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) es un acuerdo histórico. En los Estados Unidos representa la primera ocasión en la cual los estándares laborales acompañan un acuerdo comericial. El acuerdo ha sido duramente criticado por varios grupos de votantes en los Estados Unidos. Los grupos laborales han argumentado que el acuerdo es demasiado débil y no alcanza a tener protecciones para los derechos individuales. La comunidad de negocios opina que es demasiado intrusivo e interfiere con la capacidad de las compañías de llevar a cabo sus negocios. Independientemente de estos puntos de vista en contra, el hecho es que el acuerdo ha ganado notoriedad y más y más organizaciones se están volviendo hacia el acuerdo como medio para resolver problemas laborales que surjan en cualesquiera de los países del TLCAN. En general, las instituciones del ACLAN fueron creadas para promover los derechos laborales en América del Norte. Las OANs son las instituciones domésticas que fueron creadas por el acuerdo (en oposición a la institución internacional que es la Comisión para la Cooperación Laboral). Las OANs tienen la obligación de cumplir con ciertas funciones. Especificamente, el acuerdo requiere que se reciban y se revisen los mensajes o las propuestas públicas. El proceso de propuestas ha sido el área que ha estado más activa en la OAN de EU. Dadas las restricciones de tiempo, limitaré mis comentarios a esta área. En el área de propuestas, cada ONA ha evolucionado de manera diferente, básicamente porque el acuerdo mismo (artículo 16.3) prevé que cada OAN revisará los asuntos de acuerdo con sus procedimientos domésticos, y también debido a que ha habido grandes diferencias en el número de casos que se han presentado ante cada OAN respectiva. En los Estados Unidos, la OAN ha recibido nueve propuestas, todas las cuales han tenido que ver con asuntos de la ley laboral que han surgido en México. Con excepción de una, todas las propuestas han acarreado problemas de relaciones industriales, esto es, referentes a la libertad de asociación y el derecho a organizarse. En los Estados Unidos las audiencias públicas son un medio establecido mediante el cual nuestro gobierno proporciona un foro en donde los ciudadanos pueden plantear sus preoccupaciones ante los funcionarios del gobierno. Siguiendo esta tradición, la OAN de EU organiza rutinariamente audiencias públicas como medio para reunir información para ayudarnos en la revisión de las propuestas. ¿Cuáles han sido contribuciones hechas por este proceso de revisión en la promoción de los derechos laborales en Norteamérica? Las condiciones laborales en un país impactan a los intereses domésticos de otro. Este fue en realidad el motor detrás de la creación de el acuerdo. Por ejemplo, vemos que en la situación actual de GM/UAW, UAW acusa a GM de querer traslader sus operaciones a México, en donde los salarios no son sólo más bajos, sino que además los sindicatos independientes han tenido dificultad en ganarse el recononcimiento y obtener un registro. Desde luego, los intereses básicos de UAW son los mismos que se manifestaron durante el debate del TLCAN. La creencia es que a menos que los trabajadores en los países del TLCAN sean libres de elegir el sindicato de su preferencia, no estarán debidamente representados y no podrán negociar acuerdos colectivos que requieren que los patrones paguen prestaciones y salarios adecuados. Los patrones por lo tanto van a mudar su lugar de operaciones con lo que dejarán a miles de trabajadores estadounidenses sin empleo, al mismo tiempo que no cumplirán sus obligaciones con los trabajadores en México. De esta manera, y sin evaluar los méritos de este argumento, sólo me gustaría señalar que no es sorprendente que casi todos los casos presentandos ante la OAN de los Estados Unidos hayan originado interrogantes sobre la libertad de asociación. Algunas de la características de este acuerdo: El acuerdo autoriza al país que revisa la propuesta a evaluar si el país en cuestión respeta los términos del ACLAN. El acuerdo está basado en el hecho de que a través de la cooperación y el diálogo los países del TLCAN deben poder atender los asuntos laborales y remediar las áreas problemáticas. El Acuerdo también proporciona un proceso de resolución de disputas para enfrentarse con casos que no pueden solucionarse mediante las consultas. En los casos que tengan que ver con salarios m¡nimos, seguridad y salud y/o trabajo infantil, y en donde el gobierno no cese de violar el acuerdo, tal gobierno puede ser sujeto a multas y suspensión de los beneficios comerciales. El acuerdo ha creado un foro internacional de manera que los ciudadanos de los países del TLCAN puedan exponer sus preocupaciones en materia laboral. Esta institución fuerza a los gobiernos a evaluar los problemas de ley laboral y a explicar a la comunidad internacional porqué trata los asuntos en una forma particular. Esto ha contribuido a su vez al diálogo y al debate domésticos que frecuentemente ya se realizan dentro de un país. Proporciona transparencia y claridad. Ha habido una atención sustancial por parte de los medios ante varios casos presentados ante las OANs. Antes de la promulgación del ACLAN, no existía ningún foro para atender estos asuntos ni había una atención suficiente de los medios de EU hacia los casos laborales en México (o viceversa). El proceso de revisión coloca a estos asuntos en la agenda de los funcionarios gubernamentales de alto nivel, quienes están obligados a atenderlos. Lo que el Acuerdo no proporciona El ACLAN no impone estándares armonizados en los países. Cada país se compromete a reforzar sus propias leyes y a promover un conjunto de once principios fundamentales. El Acuerdo crea instituciones y un proceso que puede ser usado por cualquier persona para exponer problemas laborales que surjan en el territorio de otro país del TLCAN. Esto quiere decir que los ciudadanos de los Estados Unidos no pueden exponer ante la OAN de EU problemas de ley laboral que surjan en los Estados Unidos. Esto es debido a que la OAN no sustituye a las instituciones domésticas (NLRB) creadas para resolver las disputas laborales. Debido a que el acuerdo preserva la soberanía, las OANs no tienen el poder para adjudicar derechos individuales. Las instituciones legales domésticas que existen no son reempladazas por nuestros procesos de revisión. Este es un punto importante que frecuentemente no es entendido por parte de los grupos de votantes que creen que las instituciones del ACLAN pueden poner remedio a los asuntos de derechos individuales. Parte de la confusión se origina del hecho de que los problemas expuestos son revisados en el contexto de los casos que surgen en una compañía especifica, en donde los trabajadores individuales pueden haber sido perjudicados. Obviamente, los cambios de los que hemos sido testigos en México no pueden atribuirse enteramente al proceso del ACLAN, aunque en lo personal creo que el proceso contribuyó con tales cambios. Retos actuales Hemos encontrado varios retos dentro del proceso de implementación y éstos sin duda continuarán. Todos están relacionados en cierta forma: (1) Un aspecto un poco contradictorio en el Acuerdo es que recononce que los países del TLCAN son naciones soberanas y que mantienen tal soberanía, al mismo tiempo que permite la vigilancia internacional de la aplicación de la ley laboral doméstica. Crear un sistema que balancee estos dos intereses ha sido un reto. Esta tensión no ha sido necesariamente negativa. Ha permitido que los países involucrados en el proceso de revisión resuelvan creativamente los problemas. (2) A algunos grupos, particularmente en los Estados Unidos, les gustaría que mis funciones incluyeran la adjudicación de derechos individuales en las propuestas presentadas ante nosotros. Obviamente, lo anterior iría en contra de las nociones de soberanía, por decir lo menos, lo cual ha hecho difícil vender los beneficios de este acuerdo. Por otro lado, algunas personas de la comunidad de negocios perciben nuestro papel en la revisión de las propuestas como muy intrusivo en los asuntos de otros países. Pero tal y como lo especfiqué anteriormente, el Acuerdo está ganando reconocimiento e internacionalmente se menciona con frecuencia como una opción que tienen los trabajadores involucrados en una disputa laboral. (3) La preocupación primordial de México en la implementación de este Acuerdo ha sido que la revisión de propuestas en particular, tendrá un efecto negativo en la inversión extranjera. El reto que continuará en pie es cómo seguir con este importante diálogo sobre estándares laborales dadas estas preocupaciones. Finalmente, dado que hoy en día todos estamos representados aquí, es importante que nos enfoquemos en cómo podemos utilizar y coordinar completemente todas las instituciones del TLCAN con objeto de aseguarnos que las condiciones de trabajo y los estándares ambientales y de vida se mantengan y mejoren conforme la integración comercial y económica se incrementa en el Hemisferio.
Construcción de la Cooperación: La Experiencia Canadiense En primer lugar, cooperación es una palabra tan agradable y positiva. Suena tan agradable al pronunciarla. Y no pensamos en lo que está detrás de ella. Pero no es una palabra superficial, requiere mucho esfuerzo. Estamos hablando de crear un concenso en asuntos que son muy espinosas. No estamos hablando sobre compulsión o coerción, sino sobre un compromiso positivo entre inguales, cada uno desde su propia perspectiva nacional. Juntos, estamos tratando de forjar algo nuevo que llamamos cooperación. Y debemos profundizar en ello si queremos que sea para el largo plazo. Fue iniciado casi de la noche a la mañana, sin historia. Incluso no nos conocíamos entre nosotros los funcionarios laborales de Canadá y México. Existía un poco de historia entre Canadá y los Estados Unidos, pero básicamente en asuntos de relaciones industriales y entre nuestros comités en materia laboral. Creo yo que en cuatro años hemos empezado a hacer nuestros pinitos. No creo que hayamos pasado todavía de esta etapa y la madurez llegará después en nuestras relaciones. Tenemos sí una nueva institución en una época en la cual los gobiernos son renuentes a fundar nuevos gremios. En este momento tenemos los dolores que implica la maduración, y esto es normal. Puede ser que tengamos menos en los años por venir. Pero hay, o debería haber, o podría haber, como quieran ustedes, asuntos dificiles que noes esperan. La pregunta es: ¿Sobrevivrán las instituciones y deberían sobrevivir? ¿Estan logrando los objectivos para los que fueron creadas o hacer algo diferente sería igual de válido? Existe tensión dentro del acuerdo y tensión entre los tres países. Ustedes tienen dos objectivos en conflicto, uno de cooperación y otro referente a la resolución de disputas, desde luego de una manera cooperativa. Pienso que es sano. Areas de cooperación en el ACLAN (1) Consejo: El Consejo está conformado por tres ministros que no tienen historia compartida de trabajo en equipo. Hay elecciones y cambios en el gabinete. Los ministros son removidos. Puede ser que tengan pocas oportunidades de crear relaciones profundas. Los ministros se han reunido cada año y no sólo están discutiendo este acuerdo. El objectivo es desarrollar una visión conjunta. Las personas nombradas para el Comité tienen las responsibilidad de encargarse día a día de la administración del Acuerdo. Como funcionarios de alto rango, son responables de los programas de trabajo de la Secretaría y del desarrollo de las estrategias necesearias para lograr las metas preestablecidas. En cuatro años, han creado un institución en funcionamiento. No dije que fuera perfecta ni que fuera madura. Pero está funcionando. Y se nos ha dicho que de hecho ha impuesto récordes en términos de lo rápido que fue establecida y empezó a funcionar. Compartir información es de importancia vital, así como lo es conocer a los actores. (2) Secretaría: La Secretaría se encarga de promover el acuerdo, hacer que se conozca más y asegurarse de que los actores conozcan lo que pueden hacer al amparo de éste. También se espera producir un cuerpo comparativo de conocimiento sobre la ley y los mercados laborales. (3) Oficinas Administrativas Nacionales: Las Oficinas Administrativas Nacionales no existen en el acuerdo de cooperación ambiental. Están a cargo de las actividades de cooperación y de recibir comunicados públicos. En términos del programa de trabajo cooperativo, creo que hemos sido demasiado ambiciosos. Organizamos más de 30 actividades en cuatro años. Pero, como era de esperarse, hemos estado un poco a la deriva. Me parece que esto es comprensible; al principio queríamos realizar tantas actividades como fuera posible, queríamos demostrar que estábamos ahí y estábamos trabajando. No actuábamos necesariamente de una manera estratégica. Pienso que esto tampoco es algo malo, en el sentido de que nos permitió construir una base común, el conocimiento, la comprensión y un poco conocernos entre nosotros y estar cómodos trabajando juntos. Tenemos este conocimiento; necesitamos ser más estratégicos en el largo plazo. Actualmente estamos completando una revisión cuadrienal de la implementación del Acuerdo y haciendo un inventario de los resultados a la fecha y las espectativas para el futuro. Retos para Canadá En Canadá, Environment Canada (Medioambiente Canadá), Human Resources Development Canada (Desarrollo de Recursos Humanos Canadá) y Department of Foreign Affairs and International Trade (Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional) han estado en constante interacción. Durante todo el tiempo desde los inicios de las negociaciones nos hemos mantendio informados unos a otros y nos reunimos y hablamos. Tratamos de tener cierta coherencia con nuestra postura externa respecto a asuntos laborales y de llevar adelante esta posición en los términos del presente acuerdo laboral, pero también con Chile en términos de cooperación laboral, la Organización Mundial de Comercio, el MAI, el ILO, y otras organizaciones internacionales. Enfrentamos algunos retos: En Canadá, el 90% de la fuerza laboral se encuentra bajo jurisdicción provincial. Creo que es necesario decirlo, jurisdicción provincial no significa una legislación, significa diez diferentes conjuntos de legislaciones, una por cada provincia. Y las provincias tienen gobiernos de diferentes corrientes políticas. Fue necesario crear un acuerdo interno y se invitó a cada provincia a suscribirlo. Cada provincia participó en el diseño del modelo del acuerdo, pero a la fecha sólo tres provincias lo han firmado. Continuamos promoviendo la adhesión pero todavía no hemos tenido éxito en todos los lugares. Esto significa que todas las provincias pueden participar en nuestro comité gubernamental, aunque sólo las provincias firmantes pueden participar en el consenso. Pero existen limitaciones en los procedimientos de resolución de disputas en respuesta a los comunicados públicos como resultado de carecer de los porcentajes especificos de la fuerza laboral cubierta. Hemos establecido una red con los sindicatos de trabajadores, los académicos, los profesionales en materia laboral y otros grupos interesados, pero la participación de las empresas negocios no es tan fuerte como desearíamos que fuera. A persar de que no tuvimos un comité asesor formalmente anunciado hasta muy recientemente, hemos tenido un comité ad hoc, y además siempre que planeamos un evento público hemos tenido un comité directivo con representantes tan variados como hombres de negocios, trabajadores y académicos quienes nos ayudan a definir el programa, los temas, nombrar a los expositores, promover el Acuerdo unos con otros y formentar la participación. Sólo viendo un poco hacia el futuro, Kim Campbell mencionó ayer a la sociedad civil, John McKennirey habló acerca de la participación del público internacional. Canadá ha escogido ya extender el modelo que tenemos aquí. Firmamos el Acuerdo Canadá-Chile en materia de cooperación laboral en febrero de 1997 y se puso en efecto el 6 de julio de mismo año. Ya estamos realizando investigación, estudio y actividades cooperativas con Chile. También hemos propuesto con énfasis la necesidad de oír los puntos de vista de la sociedad civil dentro del área de Libre Comercio del Proceso de las Américas y de promover la cooperación laboral en la iniciativa de la Cumbre de las Américas. En Canadá, hemos tenido muchas discusiones últamente respecto a lo que entendemos por sociedad civil y participación pública. El contador de la participación pública es lo que percibimos como grupos autoseleccionados. Aquí pueden ustedes pensar en algunas ONGs, y otras organizaciones que representan un punto de vista. Cuando se dirigen al gobierno, representan a sus propios intereses. Pero el gobierno tiene la obligación de oír lo que una sociedad más amplia tiene que decir. Lo que el público tiene que decir. Están apareciendo nuevos instrumentos en el público. Necesitamos escuchar las opiniones de ambos. II) UNO DE LOS PRIMEROS CASOS BAJO EL ACLAN: SPRINT La participación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en el caso Sprint- La
Conexión Familiar Antecedentes: El 15 de febrero de 1992, los principales sindicatos de telecomunicaciones de América del Norte, es decire, el entonces CWC y actualmente CEP de Canadá, el CWA de los Estados Unidos y el STRM subscribimos una alianza de solidaridad y apoyo mutuo. Dicha alianza tiene por objeto el fortalecimiento de nuestras respectivas organizaciones por medio de una relación de trabajo sindical sistemático y permanente para el intercambio de información, conocimientos y experiencias relacionadas con nuestro ámbito productivo y la realización de actividades conjuntas y coordinadas de organización y mobilización, estableciendo un precedente para la solidaridad internacional con plena autonomía sindical.
Por otra parte, dentro del marco de negociación del TLCAN, los sindicatos considerábamos que era perciso desarrollar estrategias sindicales que nos permitieran enfrentar éxito los retos de una creciente apertura comercial. Cabe señalar, desde luego, que existían diferencias de opinión respecto de la mejor manera de hacerto. En un principio, esta alianza fue más bien formal, con un intercambio de experiencias a través de visitas oficiales entre los diferentes países. A fines de 1994, nuestros compañeros de la CWA nos informaron de la actitud adoptada por Sprint - socio de Telmex - ante los intentos de sindicalización de un grupo de trabajadores latinos, mayoritariamente mujeres jefas de familia que trabajaban en La Conexión Familiar (LCF), una empresa de telemercadeo orientada a ofrecer servicios al mercado de habla hispana. Las operadoras recibían un pago promedio de 7 dólares por hora, 5 dólares menos que los trabajadores de Sprint que realizaban las mismas labores y nos recibían sus comisiones completas. La campaña organizativa realizada por CWA encontró buena acogida entro estos 235 trabajadores y trabajadoras. En abierta violación a un derecho ciudadano básico, el derecho a la libre organización, la empresa cerró sus puertas el 14 de julio de 1994, exactamente una semana antes de la fecha establecida para la votación que fijan las leyes estadounidenses en la que se debe ratificar la decisión expresada por los trabajadores al firmar sus tarjetas de afiliación sindical. Esta elección se realizaría el 22 de julio. Por medio altopartantes Sprinto notificó a las trabajadores que estaban despedidos. La justificación de la empresa ante sus empleados fue que LCF perdía dinero, a pesar de que pocos meses antes había contratado a un nuevo presidente que recibiría alrededor de 225 mil dólares durante la duración de su contracto, además de prestaciones adicionales y de que se había gastado 800 mil dólares en renovar las oficinas administrativas. Este cierre se hizo en abierta contravención a las disposiciones legales vigentes en los Estados Unidos de Norteamérica que establecen un aviso previo de cuando menos 60 días y el pago de indemnizaciones. En las semanas previas al cierre se había establecido un ambiente laboral deplorable, según se desprende de los relatos de los trabajadores afectados y de la lectura de la decisión emitida por el Juez Gerald A. Wacknov, en el caso 20-CA-26203, en donde la parte patronal recononce haber dado instrucciones a los supervisores a fin de que reportaran a los trabajadores que manifestaran simpatía con el sindicato o que tuvieran material relativo al mismo. En múltiples ocasiones, los represnetantes de la empresa hicieron comentarios en el sentido de que Sprint era una compañia "libre de sindicatos" y así se iba a mantener. El Juez Wacknov determinó que Sprint era culpable y que había violado la Ley al amenazar a sus trabajadores con el cierre de la empresa, al interrogarios respecto de sus actividades sindicales y al hostigarios con otra conducta semejante. También determinó que existían prácticas desleaslesy la condenó a enviar a los domicilios de los trabajadores y trabajadoras despedidos una copia de la resolución que la obligaba a cesar su actividad anti-sindical y desistirse de amenazar a los trabajadores, de palabra o por escrito, con el cierre de la empresa por causa del sindicato, de interrogarlos acerca de sus actividades sindicales; de exigirles que distribuyeran material anti-sindical; de crear la impresión de que se vigilaba aua actividades sindicales; de implementar cambios en las condiciones de trabajo; o de interferir, coaccionar o restringir el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores. A pesar de que se documentarón y comprobaron por parte de CWA más de 50 cargos de actividades ilegales por parte de Sprint, y de que la empresa reconoció haber violado la ley, pues uno de sus vice-presidentes falsificó documentos para "demostrar" que Sprint venía considerando el cierre de LCF desde mucho antes, la sentencia sólo obligó a Sprint a enviar el citado escrito, pero no consideraba la restitución del empleo ni el pago de los salarios y prestaciones perdidos por la arbitraria e ilegal actitud de la empresa. El castigo no se acercaba siquiera a la gravedad de las violaciones legales que se habían realizado. Sorpende en la lectura del citado caso la severidad con la que el Juez criticaba las declaraciones de algunas trabajadoras, a las que considera poco fiables por usar el mismo giro idiomático en dos conversaciones distintas o por cometer errores de pronunciación o sintaxis. Por otra parte, la credibilidad que otorga a los testigos de la empresas, a pesar de que uno de sus vice-presidentes había utilizado un documento "falsificado" para intentar demostrar que la compañía tenía problemas financieros y necesitaba cerrar la planta a causa de esto y no debido a las actividades sindicales. Además, otros funcionarios públicos han reconocido "haber perfumado al cerdo" al presentar datos financieros tan optimistas como era éticamente posible. Me pregunto si esta actitud hubiera sido la misma si la mayoría de las trabajadoras no hubiera sido latinaso hubiera tenido estudios universitarios. Dada la gravedad de esto, CWA y STRM se reunieron en la ciudad de México en enero de 1995. Discutieron, entre otras cosas, la necesidad de presentar el caso ante la Oficina Administrativa Nacional (OAN) del ACLAN suscrita por Canadá, los Estados Unidos y México en 1993. La Asamblea Nacional de representantes del STRM aprobó unánimemente la decisión. La queja fue presentada el 9 de febrero de 1995 ante la OAN mexicana, que el 31 de mayo del mismo año, tras diversas actividades realizadas emitió un informe e hizo dos recomendaciones: 1) profundizar en el análisis de las relaciones entre libertad de asociación y derecho a organizarse con el cierre de plantas y 2) llevar a cabo una consulta ministerial con Robert B. Reich de los Estados Unidos y Santiago Oñate de México. El 27 de febrero de 1996, se realizó una audiencia pública en San Francisco, California. Francisco Hernández Juárez, Secretario General del STRM, señalo que creía y confiaba en la solidaridad y en la unidad de los trabajadores y de sus organizaciones, junto con el diálogo equitativo, las negociaciones, la justicia, las leyes y las instituciones serían los medios idóneos para resolver las relaciones obrero patronales y para resolver sus problemas. Manifestó su preocupación porque LCF era sólo una pequeña mustra de la sistemática actitud antisindical adoptada por Sprint, una multinacional con que Telmex mantiene una alianza estratégica. Argumentó además que las compañías multinacionales deberían adaptarse a los códigos de conducta promovidos por diversas organizaciones tales como la IPCTT, ahora Internacional de Comunicaciones. Pidió que el caso actual fuera resuelto favorablemente para los trabajadores y que se le prohibiera a Sprint abrir una planta en México si no respetaba los derechos de las organizaciones y los trabajadores. Muchos otros representantes sindicales de todos los niveles estuvieron presentes y expusieron conceptos similares. Como era de esperarse, el representante de Sprint mantuvo que no se había violado la ley. Situación Actual Aunque diversas instancias han dado la razón a las 177 trabajadores, Sprint ha gastado millones de dólares en impedir que se haga justicia. Una decisión de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) le ordenó la recontratación y el pago de salarios caídos y prestaciones. Esta orden fue revocada por una Corte Federal de Apelaciones. La lucha, sin embargo sigue.
Para commemorar el tercer aniversario del despido, el 14 de julio de 1997 la CWA organizó eventos simultáneos de protesta contra Sprint en diversas ciudades de Estados Unidos y en otros países en los que esta multinacional opera. El grado de coordinación intersindical fue notable. El ejemplo ha servido para preparar acciones como la Jordana Mundial contra Ameritech que está programada para el próximo 24 de junio de 1998. Uno de los acuerdos tomados por la Primera Reunión Continental del Comité Interamericano de Mujeres de la IPCTT, celebrada en la ciudad de México del 11 al 14 de junio de 1997 fue el de suscribar una enviar Carta Abierta de Mujeres Sindicalistas al Sr. William Esrey, Director General de Sprint Corporation, en que anunciábamos nuestra decisión de sunmarnos a dichos actos y de continuar apoyando a las trabajadoras de LCF. Este carte fue firmada también por compañeras trabajadoras telefonistas, bancarias, electrcistas, tranviaras, y trabajadoras de la Seguridad Social, entre otras y se publicó como desplegado en julio. En agosto del mismo año, dentro del marco del XXVII Congreso Mundial de la IPCTT, ahora Internacional de Comunicaciones, celebrado en Montréal, Québec, Canadá se celebró une marcha-mítin a la que asistimo mé de mil delegadas y delegados. Existe una compaña permanente de la Internacional de Comunicaciones de denuncia y combate a las prácticas anti- sindicales de Sprint. Se trata de que la opinión pública conozca elverdero rostro de una empresa que gasta millones de dólares en hacerse publicidad y promover su imagen. Se propone, por ejemplo, que los sindicatos den a conocer las actividades de Sprint, a fin de que los consumidores dejen de utilizar sus servicios, ya sea como empresa independiente o como parte de la alianza Global One. El empuje y la decisión de la CWA le permitieron obtener una victoria en California del Norte, donde más de dos mil trabajadores de Sprint ganaron su derecho a la representación sindical en mayo de 1997. Desde luego, la estatregia de Sprint ahora consiste en tratar de impedir la firma del contrato, discutiendo nimiedades, disputando el derecho del sindicato de nombrar a sus representantes a las pláticas y haciendo uso de todo tipo de tácticas dilatorias. Conclusiones Ahora que se ha cumplido el plazo para la revisión de los Acuerdos Paralelos deben extraerse las experiencias de su utilización, a fin de hacer propuestas que los hagan más efectivos: (1) Es preciso simplificar el proceso de presentación de qujas. Sólo los sindicatos que contamos con amplia asesoría legal y con recursos económicos podemos emprender este camino. Pero la mayoría de las violaciones se cometen contra grupos que apenas inician su lucha por obtener representación sindical y que, por ello, carecen precisamente de estos recursos. (2) Dicen en México que "justicia que no es expedita no es justicia." Por ello, es preciso establecer plazos para el desahogo del proceso y para el cumplimiento de las recomendaciones. (3) Por ello, debe discutirse la forma de dotar a los acuerdos de una mayor fuerza, a fin de que sus resoluciones sean aplicadas. Es un tema que requiere un análisis serio y mesurado pues existen quienes señalen que la posibilidad de que se aplicaran sanciones comerciales a los países que las incumplieran resultaría en un doble castigo para los trabajadores afectados, pues la experiencia que se tiene hasta el momento en el terreno de las sanciones internacionales mustra que son los estratos más pobres de la población los que se ven más afectados por éstas. Habría que buscar la forma de aplicar las sanciones directamente a las empresas culpables. (4) Deben fortalcerse los mecanismos de cooperación trinacional y de intercambio de experiencias en el terreno de las relaciones laborales, así como los que tiendan a la difusión de los procedimientos de presentación de quejas y de análisis de resoluciones, especialmente entre los trabajadores. (5) Debe modificarse la clasificación del tratamiento que se dá a la violación de los diferentes principios laborales, puesto que las violaciones a los derechos de libertad de asociación y derecho a la organizació, el derecho a la contratación colectiva y el derecho de huelga, los más frecuentemente violados, sólo alcanzan el nivel re "ravisión." (6) Debe promoverse la formación de "expertos" provenientes de las organizaciones sindicales, a fin de que pueden analizar las quejas presentadas desde une perspectiva nacida del mundo del trabajo. Son unas cuantas propuestas nacidas del deseo de perfeccionar un instrumento que, a pesar de sus limitaciones, ha permitido acrecentar los nexos intersindicales entre organizaciones estadounidenses, canadienses y mexicanas, que nos ha mostrado la forma de trabajar concertadamente y que nos ha dotado de un foro de denuncia con impacto mundial. Ahora sólo nos falta lograr que estos avances se traduzcan en beneficios reales para los trabajadores afectados y que aún no logran obtener justicia. III) CIERRES DE PLANTAS Y DERECHOS LABORALES: UN ESTUDIO Cierres de Plantas y Derechos Laborales: Resumen del Reporte de la Secretaría de la Comisión
para la Cooperación Laboral ¿Qué fue lo que comisionó en Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros comisionó un estudio acerca de los efectos de los cierres repentinos de plantas sobre la libertad de asociación y el derecho a organizarse en cada país. Las interrogantes principales para la investigación eran: Preguntas y metodología (1) ¿Cuáles son las principales consecuencias de los cierres repentinos de plantas sobre el derecho a organizar un sindicato y la capacidad de los trabajadores sindicalizados de adaptarse y responder ante la situación actual? (2) ¿Cómo pueden el principio de libertad de asociación y la cuestión del cierre de plantas ser analizados dentro del sistema de cada país? ¿Cómo hacer valer mejor las leyes domésticas y prevenir este tipo de acciones? (3) ¿Cuál es la experiencia de los tribunales y cortes laborales en estos asuntos en cada país? (4) ¿Cómo mitigan las leyes y políticas los efectos económicos que los cierres repentinos tienen sobre los trabajadores? Los Ministros nos han dado la responsabilidad de un problema del que nadie quiere hacerse cargo. Decidimos elaborar un reporte que respete los principios del acuerdo de cooperación en materia laboral. Comparamos los principios de cumplimiento de la ley en cada país. Es fundamental a fines del siglo XX establecer un esquema de integración norteamericana que respete tanto las perspectivas económicas como las legales. El estudio tuvo como meta esbozar los principios económicos, juridicos y políticos que apuntalan la integración de México, Canadá y los Estados Unidos. Conclusiones importantes En América del Norte, los cierres totales de plantas no son comunes. Este estudio utilizó datos de un periodo de cinco años entre 1992 y 1996. Encontramos que dentro de México ha habido numerosos cierres de plantas, pero mayormente debido a la crisis económica enfrentada por este país. Ha habido sin embargo algunos casos en los que se ha utilizado la cláusula de "consentimiento mutuo" de la Ley Federal del Trabajo mexicana, que clasifica el caso como un conflicto de naturaleza económica y lo extenta del ámbito de la ley de trabajo. Pero sobre todo, nuestro estudio ha encontrado que los cierres completos de plantas en relación con los intentos de organización sindical son raros. Más comunes en el contexto de los Estados Unidos son los cierres parciales de plantas, como los que tienen que ver con una reorganización de un departamento especifico o de lineas de producción. La segunda conclusión más importante es que el uso de amenazas de cierre de planta en el contexto de una campaña de organización sindical es muy común en los Estados Unidos. En el caso de México es más dificil analizar el uso de esta clase de amenazas debido a que los instrumentos para analizar la motivación del patrón en el cierre de plantas se usan raramente. En suma, la recomendación general es que el refuerzo de la cooperación en los tres países ayuda fuertemente a que se hagan valer más efectivamente los derechos laborales y a que se tenga una administración más efectiva de estas leyes. La insuficiencia de la presente legislación en la solución de los retos que presenta un mercado
laboral en franca expansión El estudio de la Comisión para la Cooperación Laboral, Cierre de Empresas y Derechos de los Trabajadres(1), que fue presentado ante el Consejo de Ministros como seguimiento al caso "Sprint," arrojó algunos interrogantes importantes respecto a los derechos de los trabajadores que se enfrentan a cierres de plantas y despidos. A pesar de que el aspecto principal examinado en el estudio es la relación entre los cierres de plantas y las actividades sindicales, también se discute en general la destitución del trabajador. Por esta razón, el tema central de estos comentarios será no sólo el impacto de los cierres de plantas en la libertad de asociación, sino también el contexto más general que rodea a la inseguridad en el empleo y la insuficiencia de la presente legislación en la solución de los retos que presenta un mercado laboral que evoluciona rápidamente. Más especificamente las difíciles condiciones de los trabajadores no sindicalizados cuando se enfrentan con despidos necesitan explorarse para esclarecer la escasa protección que tienen los trabajadores con poca o ninguna capacidad de negociación. También, necesita revisarse si la presente legislación para la protección de los trabajadores en el denominado empleo "noestándar," es adecuada o no para Quebec (y para otros lugares) en un contexto de una creciente inseguridad en el empleo que enfrentan un número cada vez mayor de trabajadores. Finalmente, se ofrecen algunas sugerencias para actividades adicionales, que podrían preverse bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) para obtener un mejor entendimiento de estos problemas. Hay que hacer un comentario preliminar en relación con la división de poderes legislativos en Canadá. Los trabajadores en Canadá están en su mayoría amparados por la legislación laboral provincial, dado que la relación patrón-empleado es constitucionalmente gobernada por la acción legislativa provincial, con exepción de unos pocos sectores de actividad que representan aproximadamente el 10% de la población activa, la cual está amparada por la ley federal. Los siguiente comentarios estarán por lo tanto restringidos en su mayoría a la situcación en Quebec, una de las pocas provincias canadienses que se han adherido al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.(2) Dado que el estudio Cierre de Empresas y Derochos de los Trabajadres proporciona una descripción relativamente exhaustiva de la legislación pertinente y de la doctrina jurídica en América del Norte, no es necesario replantear el marco legislativo que rodea a los cierres de plantas debidos a las actividades sindicales. Es sin embargo importante señalar que Quebec tiene una protección débil a este respecto comparada con otras jurisdicciones. En principio, después de la decisión de 1981 de la Corte Laboral de Quebec(3), un patrón es libre de cerrar su establecimiento para evitar tener un sindicato en el lugar de trabajo. El cierre debe por supuesto ser permanente y no representar un subterfugio: el trabajo no puede ser realizado por subcontratistas, por ejemplo, y la compañía no puede cerrar temporalmente sólo para reabrir poco después. Otras jurisdicciones canadienses ofrecen mejor protección a este respecto y condenan el cierre de plantas basado en intenciones antisindicales(4). Por otra parte, Quebec ha adoptado históricamente una legislación avanzada comparada con la mayoría de las jurisdicciones canadienses en varios aspectos: dos ejemplos son la legislación que impide la disolución de huelgas y la extensión legislativa de acuerdos colectivos(5) para ciertos trabajadores no sindicalizados. La actual doctrina judicial respecto a los cierres de plantas para evitar la sindicalización aparecería entonces como anómala en el contexto de la tradición legal de Quebec en torno a las relaciones laborales. Vale la pena recordar que los cierres de plantas para las actividades sindicales, o la amenaza de cierre, no son más que una manifestación de la inseguridad en el ejemplo a que se enfrentan los trabajadores y de la precariedad del poder de negociación de los mismos. Los cierrer de plantas, los despidos masivos o las amenazas de despidos, no debidos a las actividades sindicales sino a los imperativos económicos, al cambio tecnológico y estructural, también están afectando a los trabajadores. Esto es particularment cierto en el caso de trabajadores que no están amparados por un acuerdo colectivo, especialmente aquellos empleados en compañías pequeñas(6), y quienes sólo cuentan la ley(7) para asegurarse el respeto de un mínimo número de derechos. En Canadá, entre 1993 y 1997 los trabajadores no sindicalizados perdieron sus trabajos por razones económicas cerca de cinco veces más que los trabajadores sindicalizados. Durante el mismo periodo, los lugares no sindicalizados se cerraron en una porporción de diez veces más que los sindicalizados.(8) En el caso de los despidos masivos en Quebec de más de seis meses, el patrón está obligado a informar al Ministerio de Trabajo (y no a los empleados) del marco temporal para los despidos y el número de empleados afectados.(9) Si menos de diez empleados tienen que ser despedidos, el patrón no está obligado a notificar al Ministerio. Estos despidos pueden darse por razones económicas o tecnológicas. El Gobierno puede crear un comité de "reclasificación" para ayudar a los trabajadores a regresar al mercado laboral mediante una agencia de colocación y mediante el recapacitación. Obviamente, estos comités se crean más fácilmente en compañías grandes sindicalizadas. Si un patrón decide no proporcionar medidas de ajuste para sus empleados, la ley solo tiene poderes muy limitados para hacerse valer. Paracería que estas medidas de ajuste fueran más curativas que preventivas, dado que hacen muy poco para limitar la destitución laboral. En un contexto no sindicalizado, un patrón no tiene obligación de justificar la opción de despedir a los empleados por criterios como antiguedad. La única limitación potencial de este derecho de administración es que el patrón no puede usar estos despidos para deshacerse de ciertos trabajadores por razones que no están relacionadas con imperativos tecnológicos o económicos, esto es, no puede usar los despidos como pretexto para destituciones injustas.(10) El único deber de los trabajadores es informar del despido con antelación: una a ocho semanas dependiedo del número de años de servicio. No hay disposiciones legales para pagos de indeminzación adicionales en Quebec en tales casos. Los trabajadores más viejos son especialmente vulnerables dado que sus oportunidades de encontrar otro empleo son escasas. La desaparición en 1997 del programa federal- provincial para el Ajuste del Trabajador Mayor has exacerbado la inseguridad financiera del grupo de 55 a 64 años, lo cual ha dejado a muchos trabajadores mayores que han sido despedidos permanentemente sin otra opción que intentar acortar la brecha entre la terminación de las prestaciones del seguro de desempleo y la eligibilidad para recibir pensiones del gobierno con asistencia pública. También, la amenaza de los despidos y cierres de plantas desmotivan a los trabajadores no sindicalizados para reclamar derechos tales como pagos de horas extras, ya no digamos negociar individualmente para el mehoramiento de condiciones de trabajo. Después de una serie de reformas legislativas durante la década de los noventa,(11) los requerimientos más estrictos para obtener las prestaciones de seguro de desempleo (ahora llamado "seguro de empleo") también han incrementado la inseguridad financiera de los trabajadores, forzándolos a menudo a volverse más pasivos en el lugar de trabajo con objeto de no incrementar los riesgos de pérdida de empleo. De la misma manera, los patrones no tienen obligación de capacitar a los trabajadores en el uso de nuevas tecnologías o intentar reducir el número de despidos o encontrar soluciones alternativas. No obstante, se han introducido recientes medidas legislativas en Quebec para fomentar la capacitación profesional. Una de tales medidas es la asignación obligatoria del 1% de la nómina para la capacitación de trabajadores que ya están contratados.(12) Otra es la posibilidad de crear sistemas de aprendices en los que los patrones puedan, bajo ciertas condiciones, contratar aprendices de cualquier edad quienes deben recibir capacitación para desarrollar habilidades transferibles e incrementar su "empleabilidad."(13) Debe hacerse notar que estos aprendices pueden inicialmente recibir salarios que estén por debajo del mínimo que establece la ley, y que ésta no dispone ninguna obligación por parte del patrón para conservar al trabajador después de que el aprendizaje ha terminado. A pesar de estas iniciativas recientes, no puede decirse que el derecho a la capacitación profesional exista en la ley de Quebec, o que el patrón deba reentrenar a los trabajadores en lugar de despedirlos y reemplazarlos con otros más calificados. Otro aspecto que necesita solucionarse es los inadecuado de la legislación laboral, no sólo en Quebec, sino en general, para proteger a los trabajadores que tienen un empleo "no estándard." El término anterior es poco acertado ya que sus formas -- trabajo por contrato, empleo de medio tiempo, trabajos múltiples, trabajo por cuenta propia, trabajo eventual, trabajo en casa etc. -- prevalecen cada vez más.(14) En la ley de Quebec, y en Canadá en general, no hay restricciones legislativas sobre estas clases de empleo, y los patrones pueden usarlas en sus estrategias de reestructura para incrementar sin trabas la flexibilidad interna en un contexto no sindicalizado. El trabajo por cuenta propia está en franca expansión y es fomentado por los gobiernos a través de diferentes programas e incentivos financieros. El trabajo en casa, tanto voluntario como involuntario, se ha duplicando desde los inicios de la década de los ochenta en Canadá.(15) El resultado final es que cada vez más gente está cayendo fuera del ámbito de la legislación laboral protectora. Las leyes sobre los pactos colectivos, los estándares mínimos de empleo, el seguro de desempleo, salud y seguridad, compensación de los trabajadores, al igual que otros programas de prestaciones privadas, tales como los fondos de pensiones y los seguros colectivos de las compañías, tienen como premisa un trabajo de nueve a cinco, permanente, de un solo patrón y un solo lugar de trabajo. Esto ya no refleja la realidad del mercado laboral. La corriente principal del empleo no estándar arroja retos importantes, particularmente para los sindicatos y el gobierno. Las estadísticas muestran que la tasa de sindicalización está declinando o se halla estancada en Norteamérica(16): la vasta mayoría de los trabajadores no está amparada por acuerdos colectivos. El sector de servicios, donde ocurre más del 90% del crecimineto de trabajos de América del Norte, tiene una tasa de sindicalización extremadamente baja. Al mismo tiempo, el número de trabajadores que son "sindicalizables" está disminuyendo, ya sea debido a que ya no satisfacen la definición de "empleado" o "trabajador asalariado" en la legislación (el que trabaja por su cuenta, por ejemplo), o debido a que simplemente no pueden ser localizados para participar en campañas de organización sindical (trabajadores asalariados en casa, por ejemplo). Se necesitan por lo tanto nuevos modelos legislativos para la organización sindical con objeto de prevenir una mayor marginalización de los trabajadores y para promover el poder de negociación colectiva y la solidaridad entre ellos. ¿Cuáles son las perspectivas para mejorar la situación de los trabajadores no sindicalizados en una era de integración económica regional? El Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral ha tenido un efecto decididamente benéfico en el intercambio de información en asuntos laborales en los tres países, especialmente entre los gobiernos, los trabajadores organizados y los gobiernos, los trabajadores organizados y los patrones. La Comisión para la Cooperación Laboral ha procesado y hecho disponible vastas cantidades de información, lo cual ha conducido a un mayor entendimiento del contexto y de la cultura legal de cada país. El primer paso hacia el descubrimiento de soluciones innovadoras para proteger mejor a los trabajadores es ver que existen otras maneras de hacer las cosas. A la fecha, los objetivos principales de las actividades bajo el ACLAN, sean éstas actividades cooperativas o los procesos de presentar propuestas ("quejas") se han centrado en aspectos relacionados con la libertad de asociación. Se ha aumentado por lo tanto, el escrutinio del ejercicio de este derecho en México, Canadá y los Estados Unidos, mediante casos como el de "Sprint," el cual dio origen a un estudio de la Comisión sobre los cierres de plantas y las actividades sindicales. A pesar de estos aspectos positivos, el ACLAN hasta ahora ha originado poco escrutinio de la situación de los trabajadores no sindicalizados respecto a varios aspectos. Los impedimentos a la sindicalización creados por la expansión del empleo no estándar y las fallas de la ley laboral en la solución de la situación son unos ejemplos. Otro es la exploración de las medidas legislativas para proporcionar un sistema protectivo eficaz, en todoas los frentes, para los trabajadores "atípaticos." También necesitan examinarse la puesta en marcha y la eficienia de los programas de ajuste y de capacitación en el lugar de trabajo para garantizar un mínimo de seguridad financiera y de empleo para los trabajadores no sindicalizados. Es esencial una mayor participación de las organizaciones de trabajadores no sindicalizados y de las ONGs en el proceso de elaboración de políticas nacionales y en las actividades cooperativas de América del Norte. A pesar de que es cierto que el ACLAN no obliga de ninguna manera a las Partes del acuerdo a cambiar sus leyes laborales al contrario, la soberanía nacional en la elaboración de políticas es una de las piedras angulares del acuerdo , sí fomenta el intercambio de información e ideas sobre las formas de mejorar la situación de los trabajadores. Las actividades cooperativas deben por lo tanto tomar más en cuenta la situación del trabajo no organizado, tanto desde una perspectiva social como legal, con un particular énfasis en los trabajadores especialmente vulnerables. END NOTES 2. Las otras provincias que se han adherido son Alberta, Manitoba y la Isla Prince Edward. 3. City Buick Pontiac v. Roy, (1981) T.T. 22. 9. Manpower Vocational Training and Qualification Act, R.S.Q., c. F-5, art. 45 11. Véase Employment Insurance Act, R.S.C., 1985, c. E-5.6 y regulaciones 13. Act to Foster the Development of Manpower Training, arts. 44.1 y ff. TEMA 4: CUATRO AÑOS DESPUES - EL TLCAN Y EL AJUSTE COMERCIAL Canadá, los Estados Unidos y México son tres países muy diferentes con distintas culturales sociales y políticas. Cada país ha respondido de manera diferente a los desafíos que ha traído el TLCAN. En un espíritu de cooperación, es muy interesante comparar los programas nacionales que están emergiendo en términos de ajuste comercial y capacitación de la fuerza de trabajo. El TLCAN no significa lo mismo para las tres partes, y por lo tanto los mecanismos que se han establecido para suavizar la transición han variado y naturalmente se originaron en los legados institucionales de cada país. Los estadounidenses, por ejempo, trabajaron en mecanismos para hacer frente a los cambios en los patrones de empleo y el lugar geográfico de las inversiones. Los mexicanos se han concentrado en salir de la crisis económica al mismo tiempo que se crea una cultura de productividad sustentable y capacitación para el desarrollo. Los canadienses vieron al TLCAN como parte de una tendencia más amplia de globalización que reestructura los mercados laborales. Trabajaron sobre aspectos sociales más amplios tales como educación, servicios de empleo, políticas fiscales, y competitividad. Tanto México como Canadá han enfatizado la cooperación entre las agencias y un enfoque multinivel que va de lo local a lo nacional. Dados estos modos diferentes de abordar los retos del TLCAN, es fructífero intercambiar ideas y cooperar al mismo tiempo que se respeta la soberanía.
La experencia de los Estados Unidos es particular debido a la historia de la presiones políticas anteriores al TLCAN. La coalición, formada por grupos latinos y de ambientalistas se alió con miembros demócratas claves de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en noviembre de 1993, y forzaron el establecimiento de nuevos conjuntos de instituciones transnacionales como parte del paquete legislativo "NAFTA-PLUS." La Coalición estratégica fue decisiva en la determinación de la apretada mayoría del congreso para el acuerdo. Tal coalición no se formó en Canadá, en donde muchos grupos de la sociedad civil, particularmente en la parte inglesa, se opusieron fuertemente al TLCAN y optaron por retirarse de la mesa de negociaciones de los acuerdos laterales. La situaci¢n en México fue mayormente determinada por la severa crisis económica. El desarrollo motivaciones para firmar el contrato para el bienestar del país.
Con el cada vez más acelerado ritmo de globalización, estas instituciones nacionales son muy importantes ya que están actuando como amortiguadoras de políticas sociales, derechos laborales y desarrollo sustentable. La creencia popular acerca de la globalización afirma que ésta pone enormes presiones sobre los estados nacionales para que las políticas se recorten. Sin embargo, dentro del contexto del TLCAN, los estados nacionales han sido capaces de crear sus propias instituciones sin mucho temor por la fuga de empleos y de capitales. Esto se debe en parte al clima de cooperación que proporcionaron los acuerdos laterales en materia laboral y ambiental, y a sus mecanismos para asegurar el respeto a la imperancia de la ley. Como indicó Ricardo Ochoa, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, el TLCAN ha institucionalizado la relación entre los Estados Unidos y México. Como señaló Dalil Maschino, Económista Titular de la Secretaróa de la Comisión para la Cooperación Laboral, incluso si los gobiernos tuvieran éxito al poner en marcha estos programas cruciales, no toman en cuenta los cambios estructurales en los mercados laborales. El campo de aplicación de la ley laboral usualmente se ocupa de los trabajos regulares de tiempo completo, dejando a su suerte a los trabajadores informales y cuasiinformales. Se requieren nuevas herramientas en las políticas para ayudar a los trabajadores de medio tiempo, a quienes trabajan en casa, a los que trabajan por su cuenta, a los trabajadores de la economía norteaméricana. Lo anterior es verdad, uno podría añadir, para los tres países y no sólo para México, ya que existen algunos paralelismos que se pueden pensar entre el sector informal de México y el sector cuasi- formal de los Estados Unidos y Canadá. I) LA EXPERENCIA DE ESTADOS UNIDOS CON LOS PROGRAMAS DE AJUSTE COMERCIAL Los Estados Unidos proporcionan asistencia en dos áreas principales: desarrollo económico comunitario y asistencia en la capacitación del trabajador. El programa de Ajuste e Inversión de la Comunidad de los Estados Unidos (CAIP) El CAIP incluye las acciones coordinados del Gobierno de los Estados Unidos y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). Esta Institución abrió una oficina en Los Angeles, California, con el propósito de prestar ayuda al Gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo y las puesta en marcha del programa.
El programa opera como un "catalizador del desarrollo," ayudando cuando existen déficits en la disponibilidad del capital en los mercados comerciales de préstamo para iniciar o expandir acciones dentro de comunidades que han experimentado pérdidas significativas de empleo. Combina las acciones del BDAN y ciertas agencias federales, instituciones financieras locales e intermediarios financieros con objeto de satisfacer las necesidades financieras para las oportunidades de negocios. El CAIP fue establecido para fomentar y promover las oportunidades económicas dentro de comunidades que han sido afectadas por pérdidas de empleo que tienen que ver con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así, antes de que el programa pueda proporcionar capital, los solicitantes deben entregar información que demuestre impactos económicos significativos dentro de la comunidad, que se define como un área geográfica discreta. Lo anterior requiere evidencia de dos factores: (1) evidencia de pérdida significativa de empleos asociada con el paso del TLCAN (desde enero de 1994), y (2) evidencia de que el área no se ha ajustado a las pérdidas de empleo a través de otras oportunidades de empleo. El programa busca fomentar la creación de oportunidades de empleo en el sector privado dentro
de comunidades que han experimentado pérdidas de empleo que están asociadas con el TLCAN.
La idea es que funcione como un banco de desarrollo comunitario. Los prestatrios tendrán que
reintegrar la ayuda financeria proporcionada por el programa, y deben dar evidencias de la
imposibilidad de obtener tal financiamento de otras fuentes en términos y condiciones razonables
y en un tiempo determinado. "Los programas de Asistencia al Ajuste Comercial se remontan a 1962 y a la Ley de Expansión Comercial del mismo año cuando se reconoció por primera vez que ciertos grupos de trabajadores podrían llevar la desproporcionada carga de los efectos adversos de corto plazo del comercio liberalizado. El porgrama de ajuste comercial más importante del momento fue puesto en vigor como parte de la Ley Comercial de 1974. El Programa TAA fue modificado significativamente en 1981 y 1988 y su propósito, que inicialmente fue el de ser un programa extendido de apoyo al ingreso, se centró cada vez más en ayudar al reajuste del trabajador mediante el desarrollo de nuevas habilidades, las cuales pueden venderse con más facilidad en la nueva economía global. En 1994, se puso en vigor un nuevo Programa de Asistencia para el Ajuste Transicional del TLCAN (NAFTA-TAA) como parte de la legislación que se estaba implementando para el TLCAN. Mientras que el programa TAA regular amparaba a los trabajadores desplazados por las importaciones provenientes del cualquier país, el programa NAFTA-TAA se enfoca en los trabajadores desplazados por las importaciones o los cambios en la producción hacia México y Canadá. Para establecer este programa, el Congreso buscó fortalecer más el aspecto de recapacitación de la asistencia para el ajuste, aplicando fechas límite de inscripción y reglas de participación en la capacitación que no existen en el programa regular TAA." Los trabajadores certificados como candidatos tienen derecho a:
También existe ayuda disponible para los "trabajadores secundarios" de acuerdo con la sección III de la Ley de Sociedad para la Capacitación Laboral, Job Training Partnership Act (JTPA). Proporciona asistencia a los trabajadores que están empleados por empresas, las cuales son proveedoras de las empresas directamente afectadas o terminan productos de las empresas directamente afectadas. Existe cierta "preocupación de que el programa NAFTA-TAA no se esté utilizando "al cien por ciento" debido a que un número relativamente pequeño de trabajadores recibe beneficios del NAFTA-TAA. De hecho, la gran mayoría de los trabajadores que están certificados en ambos programas eligen recibir sus beneficios del programa menos restrictivo del TAA." "La fecha de expiración tanto del programa TAA como del NAFTA-TAA es el 30 de septiembre de este año. Aunque se espera que el Congreso apruebe una extensión de dos años para los programas, el Presidente quiere más que sólo una extensión. Está proponiendo una extensión de cinco años así como expansiones administrativas y legislativas y mejoras al programa:
La Administración está comisionada para extender adicionalmente los alcances con objeto de incrementar la visibilidad de los programas TAA y NAFTA-TAA y, particularmente, la disposición de trabajador secundario que mencioné anteriormente. También, el Departamento está poniendo actualmente en marcha un sistema de medida de desempeño que examinará los resultados para los trabajadores que reciben beneficios y servicios del TAA y del NAFTA-TAA." (Fuente: Presentación de Don Beale, Programa de Asistencia al Ajuste Transicional del NAFTA) II) LA REACCION MEXICANA ANTE LOS EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA LIBERALIZACION COMERCIAL México tuvo que reconstruir su economía después de haber sido duramente golpeado por las profundas crisis económicas de 1982 y 1995. En la década pasada, las políticas económicas mexicanas cambiaron de una economía cerrada a una abierta. Hoy en día, México es el primer exportador en Latinoamérica, y el décimo en el mundo. "Somos el tercer socio comercial de los Estados Unidos, y el mexicano es el segundo mercado para los productos norteamericanos en el mundo" dijo Ricardo Ochoa, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. México ha adoptado una política económica que busca incrementar el volumen de las Inversiones Externas Directas que fluyen hacia el país. Las negociaciones del TLCAN formaron parte de la buena voluntad de México de abrir su economía al mundo. Los resultados muestran que esto ayudó al país sacándolo de la fuerte crisis económica por la que atrevesó.
El TLCAN también tuvo efectos positivos en el cumplimiento de México a los más altos estándares ambientales y laborales. "Desde la firma del TLCAN, 57% de las empresas mexicanas han invertido para cumplir los estándares ambientales" dijo el Sr. Ochoa. Más aún, "la industria maquiladora ha registrado un decremento del 72% en las violaciones a la ley ambiental, y un incremento de un 40% en el cumplimiento de las normas ambientales." En el área laboral, Ochoa indicó que entre 1993 y 1996, en plena crisis, el presupuesto fiscal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se ha incrementando en un 20% con objeto de reforzar los estándares laborales. México apoya fuertemente al BDAN. Es un instrumento muy importante para solucionar problemas ambientales en la frontera norte. El Programa de Cooperación para el Desarrollo Institucional (PRODIN) del BDAN, y su programa de infraestructura ambiental son dos herramientas muy importantes para México. La Ventana Doméstica Mexicana del Banco tuvo un lento inicio, en parte debido a la crisis económica. México ha decidido usar la infraestructura existente para reducir los costos operativos del programa. Hasta ahora, se han certificado dos o tres proyectos. México también ha puesto en marcha el Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales 1995-2000, que fue el resultado de consultas realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en abril de 1995. El programa tiene como objetivo facilitar la cooperación entre todos los participantes en el mercado laboral, propiciar una productividad laboral sostenida y una cultura de producción de calidad, mejores salarios y condiciones de salud y seguridad, así como desarrollar los mecanismos de defensa de los derechos laborales. Básicamente, el programa está diseñado para ayudar a la mano de obra a desarrollar una alta productividad en lugar de basarse simplemente en un factor de bajo costo. Incluye la participación de muchas secretarías gubernamentales y el desarrollo de diferentes subprogramas:
Dado que en Canadá sólo 10% de la fuerza laboral se encuentra bajo jurisdicción federal, cada provincia tiene diferentes leyes laborales y diferentes programas de ajuste. Con sólo Alberta, la Isla Prince Edward y Manitoba, Quebec ha firmado el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). Siendo Quebec la provincia más grande que se adhirió al ACLAN, conocida por tener algunas de las mejores leyes laborales de Norteamérica, los siguientes ejemplos se restringen a tal provincia. Con una población activa de 3.7 millones de personas, un cuarto de la población activa total de Canadá, Quebec tiene una tasa de desempleo de 10.5%. No se implementaron programas especifícos de ajuste después de la adhesión al TLCAN. Sin embargo, como lo indicó Yvon Boudreau, del Ministerio de Empleo y Solidaridad de Quebec (Ministere de l'Emploi et de la Solidarite du Quebec),"las negociaciones en la ratificación del acuerdo crearon el clima, la dinámica, y el estado mental que ayudó a acelerar las reformas gubernamentales y a incorporar los programas de ajuste. El TLCAN ha puesto en movimiento fuerzas que están impulsando a las economías a ser más competitivas. De hecho, la competitividad se ha convertido en nuestro santo y seña de todos los días." Quebec ha decidido enfocarse en los aspectos más amplios del mejoramiento de la capacitación de la fuerza laboral y de la ayuda a las compañías para adaptarse a la nueva realidad, en vez de tener como objetivos a los trabajadores individuales o a ciertas áreas específicas. Las prioridades del gobierno en los años posteriores al TLCAN son: (1) Economía competitiva: Quebec tiene una cultura de exportación, exporta 56% de su PIB y es una de las economías provinciales más abiertas de Canadá, la cual exporta 42% de su PIB (Fuente: Mininstere des Finances du Quebec 1995). (2) Finanzas Públicas Sanas: El gobierno proyecta tener un presupuesto balanceado en al año 2000. (3) Políticas Fiscales Competitivas: Quebe tiene una tasa combinada de impuestos mejor para ingresos corporativos (38%) que Nueva York (45.8%), California (39.8%) o Ontorario (44.6%). (Fuentes: Price Waterhouse y Ministere des Finances du Quebec). (4) Mejoramiento de la capacitación de la fuerza laboral: Además de las políticas financieras de los gobiernos, Quebec ha estado largo tiempo poniendo énfasis en las políticas sociales y la educación. De acuerdo con Statistics Canadá, en 1997, la tasa de desempleo para los graduados de Universidad fue de aproximadamente 6%, mientras que fue de 20% para aquellos sin diploma de educación media. Esto es una muestra de la estrategia de Quebec para crear empleos que requieren alta califiación y así promover la educación y la capacitación vocacional. "Quebec ha perdido cerca de 300,000 empleos no calificados, mientras que se han creado 417,000 trabajos que requieren un diploma técnico o un grado universitario. Y recuérdese que nuestra población activa es de 3.7 millones" dijo el Sr. Boudreau, "Esta es la razón por la cual el gobierno de Quebec ha aprobado por la vía rápida la implementación de sus reformas a la educación, particularmente en el área del capacitación vocacional." El objectivo general de la reforma educativa de Quebec es tener para el año 2010, 85% de los estudiantes de una generación que obtengan diploma de educación media antes de los 20 años, 60% que tengan estudios superiores y 30% que obtengan un titulo universitario. (Fuente: www.meq.gouv.qc.ca/reforme/7ligness.htm) El objectivo de la reforma de la capacitación vocacional es cuadruplicar, en cinco años, el número de diplomas de capacitación vocacional de los individuos de menos de 20 años. La reforma se basa en los siguente:
(5) Eficiencia de los Servicios de Empleo:
(Fuente: Presentación de Yvon Boudreau, Ministerio de Empleo y Solidaridad) Los límites de los programas y políticas laborales con respecto a los sectores informales y "cuasi
formales: en Norteamérica El ACLAN está basado en la suposición y convicción de que los estándares laborales domésticos desempeñan un rol positivo para facilitar la adaptación de los mercados laborales a la integración económica de Norteamérica. Estos establecen un umbral para las compañías que tratan de adaptarse a las presiones competitivas reduciendo los costos del factor trabajo debajo de niveles aceptables. Los estándares laborales también protegen la competitividad de empresas que eligen competir invirtiendo en capital, tecnología y recursos humanos. El cumplimiento absoluto de los estándares laborales es por lo tanto tan importante como el nivel técnico de estos estándares. Usualmente se asume que las políticas tradicionales de ejecución (tales como un tratamiento administrativo eficiente de las quejas, visitas de los lugares de trabajo por los inspectores y fácil acceso a las cortes laborales) son suficientes para obtener tal cumplimiento. Sin embargo, hay dos razones por las cuales las medidas administrativas tradicicionales no son suficientes para garantizar el cumplimiento total de los estándares laborales. Primero, en las industrias de trabajo estensivo con muchas empresas pequeñas, la promoción del cumplimiento requiere también la participación activa de los actores clave de la industria, en particular a nivel de las relaciones entre las grandes compañías y sus contratistas. Se tendrán que desarrollar nuevas políticas admininstrativas que se basen en esta clase de sociedades, probablemente al nivel de industrias específicas. La segunda razón, la cual es el objeto de este comunicado, es que existen segmentos del mercado laboral que están (parcial o totalmente) ubicados fuera del campo de aplicación de la legislación laboral. Esto se debe principalmente al hecho de que, en muchos países industrializados y en vías de desarrollo, las leyes y reglamentos laborales han sido esencialmente formulados con referencia a un modelo normativo de empleo. La mayoría de las políticas de entrenamiento vocacional y los programas de desarrollo de recursos humanos que ofrecen las compañías también ha sido elaborada para este modelo de referencia. Este modelo normativo supone un trabajo de tiempo completo, en que se trabaja todo el año, para un solo patrón, en un lugar administrado por una compañía, con varios aspectos de las condiciones de trabajo y remuneración determinados por la legislación laboral. Pero este sector está lejos de ser la única fuente de empleo dado que coexiste con los sectores informales y "cuasi formales." Los sectores informales y "cuasi formales" En los países en vías de desarrollo, una gran parte de la población activa trabaja en el sector informal. Consecuentemente, esta población trabajadora se encuentra excluida (parcial o totalmente, dependiendo de las leyes específicas, los programas y las categorías de empleo) de las políticas activas del mercado de trabajo. Las principales categorías de empleo en el sector informal son: (1) patrones y trabajadores asalariados en las microempresas (usualmente menos de 5 trabajadores); (2) personas que trabajan por su cuenta; (3) trabajadores familiares que no devengan sueldo; (4) trabajadores a destajo; y (5) trabajadores domésticos. También existe un sector "cuasi formal" en Canadá y Estados Unidos. En Canadá, los empleos en este sector son conocidos usualmente como Formas de Empleo No Estándar (NSFW). En los Estados Unidos se usan frecuentemente expresiones como Acuerdos de Trabajo Alternativo y Empleo Contingente, aunque éstas incluyen menos categorías de empleo que las NSFW. El sector no estándar incluye: (1) trabajo por cuenta propia, con sus usuales subcategorías: patrones incorporados y no incorporados, y trabajadores por cuenta propia incorporados y no incorporados; (2) trabajadores temporales, directamente contratados por las compañías o proporcionados a éstas por agencias temporales para trabajar por cortos periodos, y empleados arrendados proporcionados por una empresa de arrendamiento para un periodo indefinido; (3) trabajadores asalariados de medio tiempo (voluntarios e involuntarios); (4) trabajadores en casa que laboran para compañías que contratan parte de su tiempo; y (5) trabajadores en la economía subterránea. Este sector difiere del sector informal de México, en particular en su origen, pero también presenta importantes similitudes que se enumeran a continuación. Para los trabajadores involucrados, el sector informal en México, y el sector "cuasi formal" en Canadá y Estados Unidos presentan aspectos positivos. Estos sectores contribuyen a aliviar la carga de desempleo para los individuos y las familias involucrados, y proporcionan oportunidades para tener experencia de trabajo. Ofrecen una opción para aquellos que tienen responsabilidades conjuntas, tales como trabajo y familia o trabajo y educación, o necesitan un ingreso adicional. También permiten a aquellos que desean mayores actividades recreativas hacerlo, teniendo una semana más corta. Además, este sector es la principal entrada al mundo empresarial para aquellos con muy poco capital. En los mercados de productos, los sectores informal y "cuasi formal" contribuyen a la oferta de una variedad de bienes y servicios a precios que pueden pagar los grupos de bajos niveles de ingresos. Estos sectores también permiten a las compañías ajustar su oferta de servicios a nuevas necesidades, tales como la demanda de tiendas y otros servicios disponibles casi veinticuatro horas al día, siete a la semana. Para las empresas, las ventajas de contratar "trabajadores temporales, de medio tiempo y subcontratados" (Belous 1989:20-48) no están limitadas a sueldos, prestaciones y contribuciones a programas sociales de montos menores. También les permite incrementar el personal durante los periodos pico y reducirlo cuando la demanda del mercado disminuye, adquirir trabajadores con cierta capacitación específica por tiempo limitado, reemplazar a los empleados regulares que están enfermos o de vacaciones para evitar el despido de sus empleados regulares etc. La subcontración permite a la administración concentrarse en sus actividades centrales, para desacoplar el nivel de salario de algunos grupos de trabajadores del nivel promedio de la empresa, evitar la sindicalización etc. Sin embargo, los sectores informales y "cuasi formales" presentan serias interrogantes sobre la eficiencia de la implementación de programas públicos para la mano de obra, estándares laborales y políticas de recursos humanos de las compañías. Esta es una fuente de preocupación, especialmente cuando tomamos en cuenta el hecho de que entre 15% y 40% de la población activa está involucrada en estos sectores y que la creciente integración económica pone demandas adicionales sobre estos programas laborales públicos y privados. El sector informal: más allá del campo de la aplicación de la legislación laboral. El sector informal se analizó primero como un fenómeno temporal. Su existencia era debida al pequeño tamaño del sector moderno comparado con el tamaño de la población y su fuerza de trabajo. A largo plaza, un desarrollo sostenido debería conducir a la absorción de toda la población activa en el sector formal. Mientras tanto, en un contexto de alto desempleo estructural, cualquier ingreso que genere actividad fue útil para las familias excluidas del sector formal. Así, la primera definición descriptiva del sector informal utilizada en el estudio ILO en Kenya (1972) puso énfasis en las caraterísticas relacionadas con el fácil acceso que se tenía a estas actividades. Les permite a quienes buscan empleo y no pueden encontrar trabajo en el sector moderno crearse su propia trabajo mediante el desarrollo del trabajo por cuenta propia y las microempresas, pricipalmente en las actividades comerciales y de servicios. La supervivencia de la familia, y no la acumulación de riqueza, fue percibida como el objectivo de la mayoría de las actividades emprendidas en las microempresas del sector informal (Guergil 1988). Como resultado, la productividad de estas actividades fue considera mínima (Moser 1978) y el trabajo en este sector ha sido igualado al subempleo (PREALC 1985). De esta manera, realmente ninguna legislación laboral se ha realizado o implementado para un sector que se considere como temporal (desde una perceptiva histórica) e indeseable (comparado con el modelo normativo de referencia). Además, las unidades económicas en este sector fueron consideradas incapaces de mantener los costos financieros y administrativos de las contribuciones a los programas y reglamentos sociales. Sin embargo, con el paso de los años, el sector informal no ha disminuido su proporción dentro de la fuerza laboral. Se han presentado varias explicaciones. Se ha argumentado que la sobreoferta de trabajo fue originada por una migración rural-urbana que condujo a una "hiper urbanización" (Bairoch 1973) y al incremento del empleo en el sector informal urbano. Al mismo tiempo, la demanda por el trabajo asalariado se ha moderado por la intensidad relativamente alta del capital o por el contenido tecnológico de las inversiones hechas en el sector moderno (Tokman 1982). Finalmente, en la década de los ochenta, la crisis internacional y sus políticas de ajuste resultantes han impulsado la expansión del empleo en el sector informal (Tokman 1990:117). Sin embargo, la persistencia de este sector no incitó el desarrollo de políticas laborales y programas diseñados específicamente para él. Esto se debe en parte al hecho de que la facilidad de entrada y salida, la escala pequeña de operaciones, el uso de técnicas de producción de trabajo intensivo, la capacitación adquirida fuera del sistema escolar formal y la existencia de mercados competitivos y no regulados (ILO, 1972: 6) etc. diluyen la eficiencia de la implementación de cualquier política administativa. Algunos han argumentado que el sector informal se ha desarrollado precisamente por causa de agentes económicos que quieren escapar de la carga administrativa y los costos financieros de las regulaciones gubernamentales (De Soto, 1986). A pesar de ser reduccionista, este punto de vista es consistente con otros observaciones empíricas que muestran que los agentes económicos en el sector informal tienen una tasa más baja de cumplimiento de los requerimientos reguladores (Maldonado 1995). También, el vasto número de unidades pequeñas y su alta tasa de rotación de personal limita enormemente la eficiencia de las políticas tradicionales que se utilizan para poner en vigor las regulaciones laborales. Finalmente, en México, la mitad de la población que trabaja en este sector trabaja por cuenta propia (StyPS 1995:89) y por lo tanto no son asalariados en el sentido tradicional de la ley. Por todas estas razones, "en la mayoría de los casos, las relaciones de trabajo no son amparadas por las regulaciones y no son protegidas" (Klein & Tokman, 1988), a pesar de que "gran parte de las empresas informales se encuentra en una zona "gris" o intermedia entre los extremos de una completa legalidad y una total ilegalidad" (Mesa Lago 1993). En particular, existe "poca o ninguna división entre trabajo y capital como factores de producción" y "las relaciones de trabajo, cuando existen, están basadas principalmente en el empleo eventual, el parentesco o las relaciones personales o sociales en vez de los acuerdos contractuales con garantías formales" (ILO 1993, 5). De esta manera, "el sector informal ni cumple ni se beneficia con la regulación de la economía; los trabajadores en el sector informal no reciben, en su mayoría, los beneficios conferidos a los trabajadores por derecho de la relación formal de empleo (Schoepfle & Perez- Lopez 1993: 249). Sin embargo, generalmente se concede que "los esfuerzos por extendar las protecciones laborales al sector informal que están exclusivamente orientados a la imposición están condenados al fracaso (...) Lo único que haría sería incrementar los costos de las empresas informales y forzar a la mayoría a salir del negocio, lo cual cerraría por lo tanto una importante fuente de empleo en los países en vías de desarrollo (id: 274). Las soluciones propuestas están generalmente orientadas hacia un incremento en la productividad y la eficiencia de estas unidades económicas a través de la asistencia microeconómica. Sin embargo, encontrar soluciones "intermedias" para alcanzar a varias categorías de empleo del sector informal se ha vuelto ahora más importante por dos razones. En primer lugar, estos trabajadores deberían beneficiarse también de los programas diseñados para facilitar la adaptación a los cambios estructurales inducidos por la apertura de la economía. En segundo, la unión entre segmentos del sector informal y el sector formal puede estar incrementandose a través del desarrollo de subcontratación doméstica e internacional. El sector "cuasi formal": en el área gris" de los programas laborales públicos y privados Durante mucho tiempo, las comparaciones entre el sector informal en las economías industrializadas y en vías de desarrollo se han limitado a la economía subterránea. La evasión fiscal y el no cumplimiento de las regulaciones laborales se econtraron entre los principales objectivos de las empresas "subterráneas." De esta manera, desde una perspectiva de políticas, el problema básico era encontrar medidas administrativas adecuadas para asegurar el cumplimiento absoluto de los estándares laborales (U.S. DOL 1992, Fortin et al. 1996). Sin embargo, los mercados laborales en los países industrializados siempre se han caracterizado por una dualidad más amplia. Desde la década de los setenta, los teóricos han escrito de manera abundante sobre la división entre un mercado laboral primario, con altos salarios y prestaciones, carreras profesionales, programas de entrenamiento y sindicalización, y un mercado laboral de segunda para "trabajadores periféricos" (Morse 1969). En este "mercado de trabajo secundario," los salarios y las condiciones de trabajo fueron inferiores a aquellas del mercado primario, y la estabilidad de las relaciones de empleo fue más débil (O'Connor 1973, Harrison y Sun 1979). Entre las explicaciones de esta dualidad, podemos mencionar la existencia de discriminación social (Gordon et al. 1982), cambio tecnológico y fluctuaciones del mercado (Piore 1983), y la necesidad de que las empresas tengan más flexibilidad en sus relaciones de trabajo, y la organización del trabajo bajo presiones competitivas más altas (Aglietta 1978, Boxer 1986). Los retos que representó la existencia de un mercado laboral "secundario" fueron principalmente encontrar maneras de incrementar la productividad de la pequeña y mediana empresa, y mejorar la tasa de cumplimiento con las regulaciones laborales. Durante los últimos veinte años, las formas no estándar de empleo han estado creciendo a una tasa mayor que la del empleo total. Estos cambios en las estructuras del mercado de trabajo tuvieron lugar cuando dos recesiones (a principio de la década de los ochenta y de los noventa) llevaron a una reducción en el número de empleos estándar, mientras que los periodos de expansión económica no crearon suficientes trabajos estándar para absorber a todos aquellos en busca de empleo. Por ejemplo, entre 1976 y 1995, el empleo total se incrementó en un 39.5% en Canadá, mientras que el incremento fue del 57% para el trabajo de medio tiempo voluntario, 69.4% para el trabajo por cuenta propia no incorporado, 175.3% para el trabajo por cuenta propia incorporado y 520.8% para el medio tiempo involuntario (Ministere du Travail 1998: 23). Como resultado, en 1995 alrededor del 40% de la población no tenía un empleo regular asalariado y de tiempo completo (Ministere du Travail 1998: 21 Statistics Canada 1997). En 1995, se estimó que aproximadamente el mismo porcentaje de la fuerza laboral tuvo un trabajo no estándar en EU (BLS 1997, Polivka 1996). La evolución del mercado laboral tiene una importante consecuencia: una parte cada vez mayor de la fuerza laboral está parcialmente amparada por las leyes laborales, regulaciones y programas de desarrollo de la mano de obra, una situación similar a la del sector informal. En algunos casos, las leyes o regulaciones laborales no se aplican en lo más mínimo. La situación es comlicada debido a la heterogeneidad de las categorías de empleo incluidas en el sector "cuasi informal" y en el sector informal. Por ejemplo, quienes trabajan por su cuenta son un componente importante de estos sectores. Por definición, este grupo está fuera del alcance de la mayor parte de la legislación laboral, a pesar de que muchos subgrupos de los autoempleados sí realizan labores similares a aquellas hechas por trabajadores regulares, a veces en el mismo lugar de trabajo. La situación de los otros componentes del sector "cuasi formal" respecto a las regulaciones laborales varía grandemente. Depende de la categoría específica del empleo, de la ley, regulación y estándar particular, y de las alternativas legalmente disponsibles al patrón para evitar implementar una regulación específica (Summers 1997). Esta es una fuente de preocupación cuando el cumplimiento con los estándares laborales suspuestamente tiene un papel en el proceso de adaptación a la internalización de las economías. Otra característica del sector "cuasi formal," también presente en el sector informal, es la ausencia explícita de la perspectiva a largo plazo de la relación de empleo entre un trabajador y un patrón específico. La naturaleza relativamente débil y/o de corto tiempo de las relaciones de empleo limita la accesibilidad de estos trabajadores a los programas de capacitación vocacional y a las prestaciones ofrecidas por las compañías, en particular por las empresas que escogen la "vía rápida" para adaptarse a la goblalización. Los términos del contrato de empleo también son mucho más flexibles que en el modelo estándar, y aquello de "flexibilidad" se aplica al número de horas trabajadas por semana, la duración del contrato, la remuneración, las tareas en el trabajo. Consecuentemente, puede ser que los trabajadores no acumulen la cantidad mínima de horas o meses requeridos para recebir los beneficios de varias regulaciones laborales, mientras que las compañías no tienen incentivo para invertir en capacitación. Esta es una fuente particular de preocupación en un contexto donde los programas públicos de desarrollo de recursos humanos deberían facilitar la adaptación a los cambios económicos asociados con una integración económica internacional cada vez mayor. Finalmente, los ingresos y las prestaciones en el sector "cuasi formal" son generalmente más bajos de lo que habrían sido para un trabajo similar en el sector formal (Hipple y Stewart 1996, Statistics Canada 1997). Esto incrementa las preocupaciones por la equidad en la distribución de las ganancias que resulten de la integración económica internacional. Las presiones adicionales que resultan de la cada vez mayor integración económica internacional A pesar de que los estudios empíricos de las uniones entre el mercado laboral "informal" y la creciente apertura de las economías son más bien limitados, se ha argumentado que "empleo contingente es un término acuñado sólo una década atrás por el economista laboral Audrey Freedman para describir el rango de relaciones de empleo que se había desarrollado para satisfacer la necesidad percibida de los trabajadores de tener acuerdos flexibles para controlar los costos del factor trabajo en una economía global" (Grunewald 1995: 725). Así, en el contexto norteamericano, "el miedo era que el TLCAN costaría trabajos medulares y sólo añadiría trabajos en la perfiera" (Roberts, Hyatt & Dorman 1996: 235). De hecho, las relaciones entre la economía "mundial" y los segmentos informal y "cuasi formal" del mercado de trabajo doméstico paracen ser principalmente indirectas. Se han identificado varios canales de trasmisión. El primero es la creciente incertidumbre respecto a la demanda y los costos de producción esperados debida a un número mayor de competidores y a una propagación más rápida de cualquier cambio técnico que ocurre en otros países. Como resultado, la flexibilidad en el número de empleados y en los costos totales de los salarios es ahora más importante, lo cual incrementa la tendencia a reemplazar empleados "medulares" por trabajadores contingentes. El segundo es la forma mediante la cual algunas empresas reaccionan a las importaciones, en particular en industrias sin ventajas comparativas: tratan de permanecer en el negocio mediante la contratación de los sectores informal o "subterráneo" o dejando de cumplir con los estándares laborales tales como salarios mínimos, compensaciones por horas extras, etc. El tercer mecanismo de trasmisión es el doble efecto de la distribución desigual de las ganacias y los costos del comercio. Por un lado, al incrementarse el ingreso de los grupos que se benefician de las actividades económicas internacionales, también se incrementa la demanda de negocios y servicios personales, en particular en las grandes metrópolis. La oferta de estos servicios usualmente se realiza mediante empresas muy pequeñas, mediante el trabajo por cuenta propia y los trabajadores temporales o a destajo. Por otro lado, los trabajadores que pierden su empleo y no pueden encontrar uno nuevo con un salario equivalente alimentan la demanda de bienes y servicios de bajo precio que tienden a ser ofrecidos por las unidades económicas de los sectores informal y "cuasi formal." En ese sentido, la integración económica es un catalizador de la dinámica formal/cuasi formal del mercado laboral (Sassen 1998). Algunas opciones Por varias décadas, la política laboral fue igualada con una política macroeconómica de pleno empleo, programas de seguridad de ingreso y expansión y aplicación de los estándares laborales. En la década de los ochenta, el incremento en la flexibilidad de los contratos de empleo, salarios y condiciones de trabajo, y la disminución de los beneficios otorgados por el seguro de desempleo se volvieron componentes importantes de la estrategia de empleo recomendada por la OCDE (1986a, 1986b). Progresó durante los últimos diez años (OCDE, 1997) y el incremento en la flexibilidad del estatus y la remuneración ha sido parcialmente creado por el crecimiento del sector "cuasi formal." Sin embargo, dos especialistas que han escrito acerca del mercado laboral europeo notaron que: "mientras que los cambios en la ley laboral y social han buscado fomentar el crecimiento de las formas de empleo no estándar mediante la reducción de la contratación de trabajadores y los costos de terminación, la falta de protección para estas formas de "trabajo atípico" ha dado origen a un mayor grado de desiguladad y discriminación social" (Deakin & Muckenberger 1992: 142). Los mercados laborales no fueron regulados en Norteamérica como lo fueron en Europa y los cambios en las regulaciones laborales no han sido dramáticos. Sin embargo, aquí también parece haber un creciente concenso sobre la utilidad de un nuevo componente en la política laboral que se enfocaría en unir la brecha que existe entre la flexibilidad de los mercados laborales y algunas necesidades asociadas con la integración económica internacional, en particular para calmar los crecientes miedos provocados por la "globalización" económica (Rodrik 1997). Todos los segmentos de la fuerza de trabajo, incluyendo los del sector "cuasi formal" deberían estar amparados por estándares laborales básicos, cualquiera que sea su nivel técnico, por las razones mencionadas anteriormente. Las características del sector "cuasi formal" probablemente requerirán nuevas políticas administrativas para su cumplimiento, incluyendo el establecimiento de "planes estratégicos" con los actores más dinámicos de la industria, y la ayuda a empresas muy pequeñas. Más aun, la gente que trabaja en el sector "cuasi formal" debería tener pleno acceso a los programas públicos para la capacitación vocacional y beneficiarse de los programas de capacitación ofrecidos por las compañías, especialmente dado que una mayor mobilidad del mercado de trabajo incrementa la importancia de una capacitación reconocida y susceptible de venderse en el mercado. También incrementa la importancia de la "portabilidad" de algunos beneficios, tales como seguros o pensiones cuando la persona cambia de patrón. La exploración de las medidas de política alternativa para el sector "cuasi formal" requerirán un mejor conocimiento de este sector. Primero, en el área legal, existe una necesidad de tener mayor conocimiento sobre en qué medida cada categoría de empleado que trabaja en el sector "cuasi formal" (incluyendo el trabajo por cuenta propia y los trabajadores no estándar voluntarios) está parcial o completamento incluido (o excluido) del campo de la aplicación de varias leyes, regulaciones y estándares laborales. También sería útil una revisión de la accesibilidad y/o exlcusión de la diferentes categorías de las Formas de Trabajo No Estándar de los programas para el desarrollo de la mano de obra y la capacitación vocacional. Por el lado de la estadística, el ingreso promedio, la distribución por edad y sexo están generalmente bien doucmentados para algunas categorías, pero las categorías encuestadas no son exactamente las mismas en diferentes países. También, se sabe mucho menos de las características de los contratos temporales, asignaciones de trabajo y relaciones entre trabajadores temporales y permanentes (Schroeder 1995: 736). Los sueldos y salarios se han investigado mediante encuestas realizadas por las agencias públicas de estadística. Sin embargo, son poco frecuentes los datos sobre los beneficios de estos trabajadores. Las encuestas y los casos de estudio podrían arrojar información invaluable, y las series longitudinales son esenciales para evaluar las "consecuencias a largo plazo del empleo no tradicional" (Ferber y Waldofogel 1998). En la práctica, uno de los problemas se deriva de la diversidad de las categorías de empleo que conforman el sector "cuasi formal." Esto hace más difícil identificar las prioridades y las maneras óptimas de avanzar. También, la heterogeneidad y la ausencia de relaciones de trabajo duraderas hacen más difícil organzarse para defender sus intereses específicos. Por la misma razón, no están bien representados en los niveles institucionales y políticos. Como resultado, los ministerios del trabajo probablemente tendrán que tomar iniciativas. Las actividades cooperativas y el hecho de compartir las experiencias sobre los resultados obtenidos y los problemas encontrados en la implementación de diferentes programas siempre incrementan la pendiente de la curva de aprendizaje. Ciertamente ayudaría también darle voz a las organizaciones que expresan sus preocupaciones y su interés a este respecto por las compañías y los trabajadores no sindicalizados. BIBLIOGRAFIA Aglietta, Michel (1978), "Panorana sur les théories de l'emploi," Revue économique, no 1, pp. 80-199. Bairoch, Paul (1973), Urban Employment in Developing Countries: The nature of the Problem and Proposals for Its Solution, Ginebra, Oficina Internacional de Trabajo. 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La excepción la constituye el mandato del acuerdo laboral ambiental de fomentar la cooperación con la Comisión de Libre Comercio. Pero las esfuerzos de la CCA no han sido fructiferos hasta ahora. Con objeto de fomentar una mayor cooperación interinstitucional y transnacional, las discusiones de la conferencia subrayaron la necesidad de reflexionar sobre:
Programas Potenciales Futuros de las Instituciones del TLCAN para una Mayor Cooperación Desarrollar un programa de colaboración entre la COCEF, el BDAN y la CCA para estudiar y financiar la introducción de nuevas tecnologías para la reducción de emisiones de las industrias en la frontera México-EU, y explorar las posibles implicaciones en la frontera Canadá-EU, y las lecciones que se pueden extraer. Desarrollar un programa de colaboración para estudiar, implementar y posiblemente financiar el mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad en las compañías de la frontera México- EU. Este programa podría ser una colaboración entre la CCA, la CCL, las OANs y la COCEF/el BDAN. Las Agencias Nacionales del Gobierno también podrían participar compartiendo su investigación existente patrocinada con fondos públicos para introducir y mejorar nuevas tecnologías y prácticas con objeto de reducir las exposiciones a sustancias y materiales peligrosos y mejorar las condiciones de trabajo. El BDAN y la COCEF junto con el BDAN-CAIP de EU y el BDAN mexicano "ventana doméstica" podrían colaborar para identificar y financiar proyectos en el área de "asuntos relacionados" de las tres prioridades principales del BDAN para el financiamiento en las fronteras. Lo anterior podría incluir proyectos binacionales de desarrollo económico, que contemplen dimensiones de mejoramiento en los ámbitos de condiciones de trabajo, creación de empleos y medio ambiente. El BDAN-CAIP podría colaborar con la OAN de EU y con el Programa del Departamento de Trabajo NAFTA-TAA para implementar conjuntamente proyectos orientados a la comunidad que combinen tanto gastos de reentrenamiento laboral como inversiones de desarrollo económico comunitario. La CCL, junto con el apoyo de las OANs de México, Estados Unidos y Canadá, podrán cooperar para llevar a cabo conjuntamente una serie de estudios de caso regionales y estudios de caso trinacionales sectoriales de las relaciones entre comercio, inversión, tecnología y estándares, derechos y condiciones laborales. Como seguimiento para el punto anterior, el BDAN-CAIP de EU y el BDAN mexicano "ventana doméstica" podrían colaborar con la OAN mexicana y la OAN de Estados Unidos, ya sea a escala nacional o internacional, para estudiar e implementar conjuntamente un programa de inversión diseñado para ayudar a las industrias involucradas en el comercio internacional a mejorar y cumplir los estándares de salud y seguridad, así como otras leyes nacionales de derechos y condiciones laborales. El BDAN mexicano "ventana doméstica" y el BDAN-CAIP de EU podrían llevar a cabo de manera conjunta estudios sectoriales y regionales binacionales diseñados para provocar inversiones colaborativas en comunidades particulares en ambos lados de la frontera que están enfrentando procesos comunes de ajuste económico. Tal es el caso, por ejemplo, de las industrias de procesamiento de alimentos en California del Norte y México centrooccidental, así como las industrias del vestido del suroeste de los Estados Unidos y del Este central de México. Las "ventanas domésticas" organizadas binacionalmente por los BDAN mexicano y estadounidense para financiar proyectos podrían también ser diseñadas para mobilizar otro tipo de recursos financieros binacionales, tales como remesas de inmigrantes, las cuales podrían ser utilizadas para financiar proyectos en las áreas intensivas de migrantes y gentes de bajos recursos que han sido más impactadas por los ajustes económicos a ambos lados de la frontera. Todas las instituciones del TLCAN podrían llegar a un acuerdo para patrocinar regularmente una serie de eventos y actividades conjuntos anuales o semestrales, que incluyan: (1) la participación de legisladores de los tres países para discutir aspectos laborales y ambientales; (2) la participación de las diferentes juntas de consejo de las instituciones para discutir maneras de mejorar la participación pública, y (3) rotación del lugar geográfico y repartición de los gastos para estas juntas. Todas las instituciones del TLCAN podrían acordar establecer un mecanismo adminstrado comúnmen-te para intercambios regulares de información entre todas las instituciones del TLCAN, incluyendo un formato común para las conexiones entres diferentes páginas en internet.
Benjamin Aaron se integró al equipo del Instituto de Relaciones Industriales de la UCLA en 1946. En 1960, Aaron se integró a la Facultad de Derecho de UCLA. El mismo año, asumió la dirección del Instituto de Relaciones Industriales, puesto que mantuvo durante 15 años. Fue nombrado profesor emérito en derecho en 1986. Desde 1946, ha servido como árbitro en asuntos laborales para prácticamente todas las industrias de importancia. En 1981, recibió el reconocimiento por Servicios Distinguidos que otorgo la Asociación Americana de Arbitraje. En 1996 fue elegido miembro emérito del Colegio de Abogados Laborales. Aaron es autor de numerosos artículos sobre legislación laboral y relaciones industriales, y es editor de numerosos trabajos en legislación laboral estadounidense y comparada. Don Beale recibió su licenciatura en Economía Internacional por el Tecnológico de Virginia en 1968. Tras dos años de servicio en el ejercito, incluyendo una misión a Vietnam, se integró al Oficinia de Asistencia al Ajuste Comercial (OTAA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en 1973. Como economista de la OTAA, alcanzo la posición de subdirector de departamento en 1982. Entre 1983 y 1997, El Sr. Beale ocupó los cargos de oficial de becas y oficial del presupuesto en el Departamento de Administración para el Trabajo y Capacitación. En 1997, regreso a la OTAA como Director en Funciones. Desde su nombramiento, ha manejado los programas TAA y NAFTA-TAA y participado en el desarrollo de mejoras administrativas y legislativas en ambos programas. Stephanie Bernstein es asociada de un bufete legal en Montreal: Campeau, Ouellet y Asociados, el cual se especializa en legislación civil y laboral. Ha trabajado durante los últimos diez años con organizaciones para la defensa de trabajadores no sindicalizados, especialmente de aquellos en situaciones vulnerables tales como trabajadoras(es) domesticas(os), de bajos ingresos y recien inmigrados. También ha hecho investigación en estudios de género en políticas sociales y laborales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Quebec en Montreal. Yvon Boudreau es actualmente Ministro Asistente Designado, es responsable de las políticas del Ministerio de Empleo y Solidaridad en Quebec. El Sr. Boudreau considera que la elaboración de políticas de empleo y trabajo es en primera instancia un proceso de colaboración entre socios del mercado de trabajo. En segundo lugar, ve estas políticas como un reconocimiento de realidades cambiantes y diversas en cada región. Por lo tanto, estas políticas deben ser diseñadas por los actores locales y regionales mismos. Antes de trabajar con el Ministerio de Empleo y Solidaridad en Quebec, fue consejero y gerente en varios sectores de la administración pública: Secretariado de la Cumbre en Economía y Empleo, Fauna y Medio Ambiente, Trabajo, Capacitación, Intergración al Trabajo, Fiscalización Municipal y Pesca. Jorge Bustamente nació en Chihuahua, México y recibió su doctorado en sociología por la Universidad de Notre Dame. Cuenta con extenso curriculum como docente y se ha desempeñado en la UNAM, El Colegio de México, Riverside, California, el Institut d'Etudes Politiques en Paris, Notre Dame University y El Colegio de la Frontera Norte. Cuenta con más de 200 publicaciones las cuales abarcan temas relacionados con migración internacional, relaciones México - Estados Unidos y población mexicana en los Estados Unidos; estas publicaciones están disponibles en México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, Japón, Venezuela y Argentina. El Dr. Bustamente también ha colaborado con la sección editorial de Excelsior durante los últimos 12 años y frecuentemente es citado en los medios internacionales en temas relacionados con migración. En 1994, el Presidente de México le otorgó el premio Nacional en Demografía. Actualmente, es director del Colegio de la Frontera Norte y colabora con el Consejo Conjunto de Aesoria Pública de la Comisión para la Cooperaci¢n Ambiental. Javier Cabrera Bravo es gerente general de la Comisión para la Cooperación Ambiental de la Frontera (COCEF). Su formación en ciencias políticas con especialización en asuntos internacionales en la Universidad de la Habana, Cuba, y la UNAM, le ha permitido ocupar numerosas posciones políticas: Presidente de la Comisión Nacional del programa UNE-FNOC (1992), Coordinator Nacional del Foro de la Democracia de la Red Ciudadana UNE (1992), Secretario Técnico de asuntos internacionales de la Comisión Plenaria Nacional del UNE (1991). Antes de su nombramiento en la COCEF, Cabrera fungió como coordinador de asuntos internacionales de la oficina de la procuraduría de protección al medio ambiente (1994-1997). También se ha desempeñado como director de estudios internacionales en el departamento de estudios internacionales de la Presidencia de la República de México (1992-1994). Ha sido también colaborador de numerosos periódicos como la revista Tiempo y el diario El Día. También fue colaborador del periódico uno más uno (1984-1988). Kim Campbell ejerció como la decimonovena primera ministra de Canadá, primera mujer en ocupar el cargo, en junio 25 de 1993. Abogada de formación y especializada en ciencias política con especialización en política internacional y gobierno soviético. La carrera de Kim Campbell abarca la academia, el litígo, la administración y cargos de elección en los tres niveles del gobierno. Además, tiene experiencia en la iniciativa privada en Vancouver antes de mudarse a Ottawa. En el breve periodo al frente del puesto más importante de Canadá, la primera ministra Campbell redujo el tamaño del gabinete federal en un tercio y reestructuró los ministerios de gobierno para hacerlos más adecuados a las necesidades políticas de los años 90. A nivel internacional ha participado en importantes encuentros incluidos los del Commonwealth, la OTAN y el grupo de los siete. Kim Campbell fue la primera mujer en ocupar el ministerio de justicia y la procuraduria general de Canadá en 1990. Se educó en la universidad de British Columbia y la London School of Economics. Es miembro de la barra de la Columbia Británica y Ontario. En diciembre de 1993, Kim Campbell fue eligida miembro honorario de la London School of Economics. En Octubre de 1997, fue nombrada catedrática titular de la escuela de políticas públicas e investigación social de la UCLA. Actualmente es cónsul general de Canadá en los Angeles. Lance Compa es catedrático titular en la facultad de Relaciones Industriales y de Trabajo de la universidad de Cornell, donde imparte cursos de derecho laboral y derechos internacionales. También ejerce como abogado laboral en Washington D.C. para sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Antes de llegar a Cornell en 1997, Compa fue el primer director en derecho laboral e investigación económica (el nombramiento más alto de EE.UU.) dentro de la nueva Secretaría Norteaméricana de la Comisión para la Cooperación Laboral (CCL) en Dallas Texas. Antes de su nombramiento de 1995 dentro de la CCL, enseño derecho laboral y derecho laboral internacional en la facultad de Derecho y la escuela de Administración de Yale de 1990 -1995. Antes de dedicarse al derecho laboral internacional tanto en la práctica como en la docencia, Compa trabajó como organizador de sindicatos y negociador, principalmente para el sindicato de electricistas y el gremio de la prensa. Ha escrito extensivamente sobre derechos laborales, responsabilidad social corporativa, sindicalismo comercial, política, economía y otros tópicos para numerosas revistas y periódicos de derecho e interés general. Janine Ferretti se integró a la Comisión para la Cooperación Ambiental en noviembre de 1994 como directora. En marzo de 1998 fue nombrada directora ejecutiva interina. Antes de llegar a la CCA, fue directora ejecutiva de Pollution-Probe, un grupo no lucrativo de investigación dedicado a la protección del ambiente con base en Toronto. La Sra. Ferretti cuenta con 17 años de experiencia en el campo ambiental, incluyendo investigación con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales en Bonn y el Centro para asuntos ambientales en Nairobi. Ha estado involucrada con variados asuntos nacionales e internacionales. Ha tenido numerosos cargos dentro del comité incluyendo la co-presidencia del grupo de nuevas direcciones, la vicepresidencia de la mesa redonda de Ontario sobre Medio Ambiente y Economía y fue miembro del comité de asesoría en comercio internacional de Canadá y de la mesa redonda nacional en Medio Ambiente y Economía. Jonathan Fox es profesor asociado de ciencias sociales en el programa de estudios latinoamericanos y latinos de la universidad de California, en Santa Cruz. Es autor, editor o coeditor de varios libros, incluyendo: El reto de la democratización rural (Frank Cass, 1990), las políticas alimentarias en México (Cornell, 1992), transformando las relaciones sociedad estado en México (Center for U.S.-Mexican Studies, 1996) y más recientemente, la lucha por la responsabilidad: el Banco Mundial, ONGs y movimientos populares (MIT, 1998). Fox trabaja con un amplio espectro de organizaciones sociales, grupos de interés público y agencias de financiamiento en temas de participación y responsibilidad. Irasema T. Garza fue nombrada por la Secretaría del Trabajo para encabezar el departamento de administración nacional de los Estados Unidos en agosto de 1994. Su principal responsabilidad es garantizar la implementación del Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral (ACLAN), incluyendo la supervisión del cumplimiento de la ley laboral en otros países del TLC y llevar a cabo consultas de cooperación con Canadá y México en asuntos relacionados con las leyes y políticas trinacionales asociadas al trabajo. En enero de 1994, la Sra. Garza fue nombrada por el secretario del trabajo directora ejecutiva de la Comisión sobre la Familia e Incapacidad Médica del Departamento Estadounidense de Trabajo, Oficina de la Mujer. Antes de sus cargos políticos dentro del Departamento del Trabajo, La Sra. Garza fue magistrada del XXII circuito judicial de la corte de Michigan y fungió como tal de 1982 - 1993. La Sra. Garza nació en el Valle del Rio Grande al sur de Texas. Actualmente vive en Silver Spring, Maryland, con su esposo y dos niños. Antonio Gonzales es presidente del proyecto de educación del registro de votantes del sureste (SVREP) y del William C. Velásquez Institute (WCVI). El SVREP y el WCVI son dos instituciones ejemplares a nivel naiconal en promover la respuesta social organizada en economía y política para los grupos latinos. Gonzales asumió la presidencia de ambas organizaciones en 1994. Se graduó en historia por la universidad de Texas en San Antonio, cursó una maestría en historia latinoamericana en la universidad de California en Berkeley. Gonzales trabajó como organizador en el sur y oeste de Texas durante 1988 antes de su transferencia al SVREP en California en 1989. Nativo de California, Gonzales condujo los esfuerzos del SVREP en California y Arizona durante 1989. También creó el proyecto para Latinoamérica del WCVI en 1988. Gonzales posicionó al WCVI como la primera organización de latinos en incluir las relaciones EE.UU. - Latinoamérica en la agenda de los latinos en EE.UU. Algunas iniciativas clave de Gonzales son: enviar delegaciones a observar las elecciones en Salvador y Nicaragua en 1991 y 1990, respectivemente y conducir el consenso latino sobre el TLCAN que condujo a la formación del BDAN en 1993. Raúl Hinojosa Ojeda es profesor asistente en economía política internacional en el Departamento de planeación urbana de la escuela de políticas públicas e invesitgación social de la UCLA. Hinojosa nació en México y se crió en Chicago, obtuvo su licenciatura en economía, una maestría en antropología y un doctorado en ciencia política por la universidad de Chicago. Es autor de numerosos libros y artículos de economá política de la dinámica de integración regional en varias regiones del mundo, los cuales incluyen deuda, comercio y migración, así como relaciones EE.UU. - México y otros países latinoamericanos. Ha sido profesor invitado del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y numerosas instituciones académicas en México y Estados Unidos. También es investigador y director fundador del Centro de Desarrollo e Integración de Norteamérica (NAID) de la UCLA. Junto con el represente de California Esteban Torres y otros, el Dr. Hinojosa es creador de la propuesta para el Banco Norteamericano de Desarrollo. Albert Jacquez tiene más de 16 años de experiencia en la administración y trabajo en el transporte, comercio y políticas financieras. Actualmente es director de personal bajo el mando de Esteban Torres donde es responsable del manejo, desarrollo, e implementación de todas las iniciativas de ley. Proporciona supervisión y ayuda dentro de todo el trabajo del comité de consignaciones incluyendo los comités de transportación y operaciones foráneas y financiamiento de exportaciones, los cuales son los comités básicos de tareas de Torres. Durante los debates del congreso sobre el TLCAN, Jacquez desarrolló la estrategia legislativa y negoció importantes condiciones del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). El Sr. Jacquez fue incluido dentro de la lista de los 100 hispanos más influyentes que publicó Hispanic Business Magazine y nombrado uno de los 50 personajes más influyentes de Washington por American Banker. Patricia Kurczyn Villalobos obtuvo su doctorado en sociología por la UNAM y dos grados en derecho comparado de la Facultad de Derecho Comparativo de Estrasburgo, Francia. Entre otras actividades, se ha desempeñado como directora del centro de rehabilitación social del Distrito Federal, M‚xico, Coordinadora de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F., jefa de asuntos legales de la oficina administrativa de la Comisión Federal de Electricidad, Jefa de la unidad de documentación del año internacional de la mujer en 1975. La Dra. Kurczyn ha enseñado derecho laboral en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de México y en la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente es profesora de derecho laboral individual en la Facultad de Derecho de la UNAM y forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicias de la misma universidad donde conduce una investigación en derecho social y sociología del trabajador. También ha participado en seis conferencias trinacionales relacionadas con el TLCAN. Leoncio Lara Sáenz funge como director de consultoría y evaluaciones del secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral (CCL). Fue consejero legal titular de la comisión de 1995 a 1997. Inmediatamente antes de ocupar la secretaría de la CCL, ocupo la procuraduría general del estado de Hidalgo, México (1993-1995). El Dr. Lara ha sido un activo académico. Fue consejero general en la UNAM de 1991 a 1993 y en la Universidad Autónoma Metropolitana de 1978 a 1980. El Dr. Lara fundó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 1970 y ejercició como Investigador titular ejecutivo en 1992. Fue también profesor fundador de la cátedra de metodología de la investigación judicial de la Facultad de Derecho de la UNAM. El Dr. Lara se ha desempeñado como vice-subsecretario de la Secretaría de Educación de 1986 a 1988, tiempo en que tuvo a su cargo las relaciones con el SNTE. El Dr. Lara Sáenz ha escrito más de 60 artículos y 7 libros de derecho. Cesar Luna ha sido director de la campaña de justicia ambiental de la frontera de la Coalición por la Salud Ambiental desde 1995. El es responsable de la coordinación e implementación de todos los aspectos de la campaña, incluyendo: el trabajo con activistas en Tijuana y Mexicali y la coordinación de las iniciativas conjuntas relacionadas con la contaminación binacional por tóxicos, el diálogo con agencias gubernamentales con jurisdicción en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, la integración de programas diseñados para la educación ambiental, acción comunitaria y prevención y reducción de la contaminación. Cesar Luna se graduó de la facultad de derecho de la Universidad de San Diego, donde se doctorón en leyes en 1995, y obtuvo un título en estudios ambientales y otro en literatura hispánica de la Universidad de California en Santa Barbara. Hugh Loftus fue designado director del departamento de Los Angeles del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) en junio de 1996. Esta dependencia es responsable de la implementación del programa comunitario de ajuste e inversión del BDAN, creado para apoyar a las comunidades que han sufrido perdida de empleos desde la implementación del TLCAN debido a la reubicación de industrias o la altercación de los patrones de intercambio comercial con Canadá o México que sean atribuibles al TLCAN. Antes de su nombramiento, fue vicepresidente y gerente de desarrollo comunitario del primer banco interestatal de California. Hugh Loftus se ha desempeñado en la banco durnate 30 años con énfasis en préstamos para el desarrollo comunitario y económico. Ha colaborado dentro del equipo de directores de numerosas organizaciones locales, estatales y nacionales y actualmente se desempeña dentro de comités de financiamiento de la ciduad de Los Angeles y el estado de California. Fue también presidente de la asociación para el desarrollo económico local en California y vicepresidente del consejo nacional para el desarrollo económico urbano. Dalil Maschino es economista titular de la Secretaría de la Comisión para la Cooperación Laboral desde octubre de 1995. Antes de mudarse a Dallas, fue investigador titular y consejero político del ministerio de empleo y solidaridad de Quebec. Los reportes y las publicaciones en que ha estado involucrado por varios años abarcan desde el análisis de las relaciones entre economías en apertura y la desregulación de ciertas industrias, por una parte y el impacto en los salarios, condiciones de trabajo, y la organización del trabajo en la empresa por la otra. Entre 1981 y 1995, impartió cursos en la Universidad de Quebec en Montreal (UQUAM). Más recientemente, impartió un curso sobre la relación entre la continentalización de la economía en América del Norte y los mercados de trabajo domésticos en la Universidad de Texas en Dallas y en la escuela de políticas públicas e investigación social de la UCLA. El Dr. Maschino obtuvo su doctorado en la universidad de McGill (Montreal, Canadá). John S. McKennirey fue designado el primer director ejecutivo de la secretaría de la Comisión para la Cooperación Laboral en abril de 1995. En 1993, McKennirey fue el jefe de negociaciones de Canadá para el Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral, el cual estableció esta nueva comisión. Entonces, se desempeñaba como director general de políticas y análisis estratégico del departamento del trabajo de Canadá. Inmediatamente antes de ocupar su acutal cargo, fue director general de relaciones de personal y compensaciones en el departamento del erario nacional de Canadá donde era responsable de las relaciones laborales y las compensaciones del mayor departamento federal de Canadá con alrededor de 45,000 empleados. Mr. McKennirey ha ocupado numerosas posiciones relevantes en el servicio público canadiense, incluyendo la de director general de las relaciones provinciales-federales de Desarrollo de Recursos Humanos Canadá. En 1992, colaboró con la secretaría federal - provincial para las negociaciones del acuerdo constitucional de Charlottetown. En 1988, fue nombrado el primer director de la secretaría de fiscalización india en el departamento de asuntos indios y desarrollo del norte donde era responsable del establecimiento del innovador Consejo de Asesoría Fiscal India. Victor Miramontes nació en El Paso, Texas. Tras obtener una licenciatura y maestría en economía por la universidad de Stanford, se graduó de la escuela de derecho de Stanford como Doctor en Leyes en 1979 y es miembro de las barras de abogados de Texas y California. Desde entonces, ha combinado el derecho y la banca en una brillante carrera de negocios y servicio público. El 28 de octubre de 1994, el Sr. Miramontes fue nombrado director administrativo designado para el Banco de Desarrollo de América del Norte en San Antonio, Texas. A partir del 10 de marzo de 1997, se desempeño como director administrativo del banco. Antes de integarse al banco, fue gerente de desarrollo para La Quinta Inn, vicepresidente especializado en finanzas públicas para Paine Webber; primer vicepresidente del banco nacional de Laredo, socio fundador de Cisneros Asset Management Co. y vicepresidente y gerente regional de la división de inversiones del banco Wells Fargo. Las actividades cívicas del Sr. Miramontes incluyen: vicepresidente del sistema de aguas de San Antonio, Presidente del consejo de telecomunicaciones públicas de El Alamo, miembro del comité de asesoría en desechos sólidos de los servicios públicos de electricidad de la ciudad de San Antonio, participante en la junta del corredor Austin - San Antonio en el comité de la fuerza de trabajo de aguas y desarrollo económico, participante en la junta del corredor Austin - San Antonio en el comité de la fuerza de trabajo de aguas y desarrollo económico, participante en el establecimiento de la cámara de comercio México - EE.UU., región sudoeste y miembro del comité de financiamiento Ad Hoc de agua de San Antonio. May Morpaw se unió al servicio público canadiense en 1976 y ha ocupado cargos en áreas de información pública y servicios de comunicación, relaciones federales-provinciales en áreas de cultura y tecnologías de comunicaciones. La Sra. Morpaw trabajó dos años como directora de investigación y políticas del departamento del trabajo para la mujer de Canadá. En 1992, asumió la responsabilidad por la implementación del memorándum México - Canadá para el entendimeinto y la cooperación en actividades laborales firmado en mayo de ese años y coordinó la participación federal y provincial en actividades conjuntas en las áreas de seguridad ocupacional y salud, estándares de empleo y estadística laboral. En 1993, formó parte del equipo canadiense que negoció el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). Cuando el ACLAN entró en vigor en 1994, La Sra. Morpaw fue nombrada secretaria de la oficina canadiense de aministración nacional. En 1996, fue también líder de las negociaciones del acuerdo Canadá-Chile de cooperación en asuntos laborales el cual complementa el tratado bilateral de comercio. El julio de 1997, La Sra. Morpaw asumió la secretaría ejecutiva del acuerdo Chile-Canadá. Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez es el actual director de las instituciones financieras internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También ha sido asesor del director ejecutivo para México en el banco mundial, y consejero titular del director ejecutivo para México en el BID. Fue profesor asistente en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Ochoa Rodríguez tiene una maestría en política pública de la escuela de estudios internacionales de la universidad Johns Hopkins, otra maestría en ciencias de la Escuela Superior de Economía del IPN y una licenciatura en economía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sarah Richardson es la gerente del programa de medio ambiente del TLCAN en la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del TLCAN en Montreal. En este puesto, diseña e implementa proyectos relacionados con el TLCAN a través de la CCA. Entre otras cosas, esto incluye el manejo y entrega del programa de efectos del TLCAN, el cual constituye una labor de varios años que culimará con el diseño e implementación de la metodología para evaluar los efectos ambientales del TLCAN. Anteriormente, Sarah fue asesora en política exterior para la mesa redonda nacional sobre economía y medio ambiente, un cuerpo de asesoría en desarrollo sustentable para el primer ministro de Canadá. En ese puesto, examinaba cuestiones críticas respecto de las políticas asociadas al comercio y medio ambiente, entre otros asuntos de política exterior. Sarah ha publicado numerosos artículos y reportes en temas de comercio y medio ambiente, instituciones internacionales y desarrollo sustentable. Tiene una licenciatura en relaciones internacionales de la universidad de Toronto, un licenciatura en derecho de la Universidad de Dalhousie, Halifax y una maestría en derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York. Virginia Rodríguez-Jones empezó su trabajo en el movimiento laborista de 1967 cuando fue a trabajar con Cesar Chavez y el sindicato de trabajadores agrícolas en Delano, California. Después de una labor de 10 años con el sindicato, trabajó en la organización de los trabajadores de la comunicación (CWA) en 1981. Actualmente, Virginia es coordinadora organizacional del CWA para el 90 distrito. Alicia Sepúlveda Nuñez es parte de la generación de los "baby boomers" y del 68, ella aún cree que el mundo puede ser un mejor lugar para todos. Fue uno de los miembros fundadores del Sindicato del personal académico de la UNAM en los años de 1971 y 1972, mientras trabajaba como maestra de historia mexicana e historia universal del colegio de ciencias y humanidades de Azcapotzalco (1971-1974). En 1990, fue designada miembro de la junta nacional de capacitación conjunta. En 1996, fue elegida secretaria de asuntos exteriores y secretaria del comité ejecutivo nacional hasta el año 2000. También es coordinadora de la comisión política de la UNT, Unión Nacional de Trabajadores, una confederación de trabajadores de reciente formación que agrupa a más de 150 sindicatos. Es también vicepresidenta del comité interamericano de la mujer de "Communications International," y asesora regional del mismo organismo y miembro supiente de su comité mundial. Harley Shaiken ha elegido una aproximación peculiar a la academia, trabajó primero como maquinista y mecánico automotriz. Sus investigaciones se ocupan del trabajo, la tecnología y la producción global y su impacto en la educación. El Dr. Shaiken ha recolectado reconomcimientos que incluyen el premio como profesor destacado de la Universidad de California en San Diego (1991). También ha sido miembro del consejo del comité de investigación nacional en robótica en los EE.UU. y Japón y asociado en el programa Japón- Estados Unidos en liderazgo de la sociedad japonesa. Actualmente, figura en el pánel de consejeros de un estudio en empresas multinacionales y tecnología base que se realiza por el departamento de evaluación tecnológica del congreso de los EE.UU. Harley Shaiken está afiliado al instituto de relaciones industriales y al centro de estudios para Latinoamérica de la Universidad de Berkeley y es investigador asociado del centro de estudios México - Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Es autor de numerosos libros los cuales incluyen: México en la economía global (1990), Automatización y producción global (1987) y Trabajo transformado: automatización y trabajo en la era de las computatdoras (1985). Mark J. Spalding es consultor-abogado en Del Mar, California. Primordialmente maneja políticas internacionales y proyectos de ley en materia ambiental. Mark tiene una licenciatura en historia del colegio Claremont McKenna, un título en derecho de la escuela de leyes de Loyola y una maestría en Asuntos del Pacíficos Internationales de la escuela de graduados de relaciones internacionales y estudios del pacífico de la UCSD. Tiene reputación nacional e internacional como una de los mayores expertos en elementos e instituciones del TLCAN, y ha participado activamente en las negociaciones para delinear los acuerdos ambientales complementarios del TLCAN. Como investigador asociado del centro de estudios México - Estados Unidos de UCSD, su investigación se concentra en la implementación de tales acuerdos. Es presidente de la barra estatal de California de la sección de derecho ambiental del comité internacional en derecho ambiental. Mark es profesor adjunto de la escuela de derecho de la Universidad de San Diego y conferencista invitado en IR/PS. Es editor ejecutivo del periódico de medio ambiente y desarrollo de la UCSD. Sus investigaciones han sido ampliante difundidas a nivel internacional y en publicaciones locales. En su tiempo libre, Mark salva ballenas. Lynda Taylor es la representante del sector público en la junta de directores de la COCEF. Participó activamente en las negociaciones del TLCAN y en los acuerdos laterales resultantes. Durante los últimos 18 años ha trabajado para el centro de investigación e información del sudoeste, una organización no lucrativa dedicada a asuntos ambientales. Actualmente, conduce un proyecto en la frontera para el centro. Entre otros asuntos, La Sra. Taylor tiene gran experencia en el trabajo con las comunidades de la frontera en asuntos relacionados con la calidad del aire, inceradores, rellenos sanitarios, transportación de desechos tóxicos, empleo de lodos resultantes del tratamiento de aguas, residuos radiactivos y agua. También ha dedicado esfuerzos al consejo local para el control de la calidad del aire del condado Albuquerque/Bernalillo, el consejo de novedades de las tierras altas, la liga de votantes convservacionistas de Nuevo México y el consejo nacional de amigos de la tierra. La Sra. Taylor también ha colaborado ampliamente con publicaciones sobre el medio ambiente y ha recibido numerosos reconocimientos como el de la YMCA a la mujer del año y Amigo de la Tierra del comisionado estatal de la tierra. Esteban E. Torres es el representante del 34° distrito de la Cámera de Representantes de los Estados Unidos. Durante el debate sobre el TLCAN, el anterior lider laborista y embajador de los EE. UU. aportó un nuevo enforque al debate. El congresista Torres propugnó la creación del Banco Norteamericano de Desarrollo. Trabajando de cerca con el secretario del tesoro Lloyd Bentson, el secretario del trabajo, Robert Reich y el representante de comercio, Mickey Kantor, Torres creó una cláusula que hizo viable el TLCAN. En el 102° congreso, Torres encanbezo el subcomité de la banca en proyectos y acuñación. Desde 1990, Torres ha conducido los esfuerzos del congreso para actualizar la reforma de 1970 al acta de crédito justo. También actuó de modo importante en la incorporación de la legislación sobre ahorros "Truth in Savings" en el acta de reforma a la banca que fue instituida como ley por el presidente en diciembre de 1991. En su papel de líder ambientalista reconocido el congresista Torres creó la iniciativa de ley para incentivar el mercado de reciclaje de aceite, llantas, papel periódico y baterías de plomo y ácido. Actualmente, es miembro del comité de los EE.UU. ante la UNICEF, el consejo de relaciones exteriores, el comité ejecutivo democrático de California y participa en el consejo de la fundación panamericana de desarrollo, el instituto de investigación de los votantes del sudoeste y la asociación nacional de funcionarios electos de origen latino. También ha sido observador oficial del congreso en las pláticas para el desarme de Ginebra y es un miembro activo del comité parlamentario entre el congreso de los EE.UU. y Europa. VIERNES 19 DE JUNIO DE 1998 9:00-9:45: Introducción 10:00-12:00: El Caso de los asuntos laborales y las instituciones del TLCAN: Sprint y el estudio
de la CCL sobre cierre de plantas y libertad de asociación 12:00-1:30: Almuerzo 1:30-3:15: Los retos de las nuevas instituciones del TLCAN 3:45-5:30: Cuatro años después: el TLCAN y el medio ambiente 5:30-7:30: Coctel SABADO 20 DE JUNIO DE 1998 9:00-10:45: Cuatro años después: El TLCAN y la cooperación laboral 11:00-12:45: Cuatro años después: El TLCAN y el ajuste comercial/desarrollo de la fuerza
laboral 12:45-2:30: Comida 2:30-4:30: ¿Hacia dónde nos dirigimos? Reflexiones sobre la cooperación Diciembre 1998
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