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Bureau of International Labor Affairs
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PUBLIC REPORT OF REVIEW OF MEXICO NAO SUBMISSION NO. 2001-1 - Spanish Version

SEGUNDO INFORME DE REVISIÓN
COMUNICACIÓN PÚBLICA MEX 2001-1


SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES
OFICINA ADMINISTRATIVA NACIONAL DE MEXICO
PARA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL DE ÁMERICA DEL NORTE

México, D.F., 19 de noviembre de 2004


CONTENIDO

I. Síntesis Ejecutiva

II. Introducción

III. Obligaciones de los Estados Unidos de América conforme al ACLAN

IV. Asuntos relativos a la legislación laboral y obligaciones del ACLAN

4.1 Prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales

4.2 4.2 Indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales

4.3 Protección de los trabajadores migratorios

V. Recomendación

VI. End Notes


SEGUNDO INFORME DE REVISIÓN DE LA OAN DE MÉXICO SOBRE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA MEX 2001-1

I. Síntesis Ejecutiva

La Oficina Administrativa Nacional (OAN) de México emitió el Primer Informe de Revisión de la Comunicación Pública MEX 2001-1 el 8 de noviembre de 2002. El informe se emitió un año después de haber solicitado la consulta técnica a la OAN de los Estados Unidos de América, la cual hasta ese momento no había sido respondida. Por lo anterior, en su informe la OAN de México abrió un espacio de diálogo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América (DOL).

Se recomendó llevar a la atención del DOL los asuntos planteados en la comunicación pública para que determinara si se había incumplido la ley; divulgar más ampliamente los derechos laborales de los trabajadores migratorios en los Estados Unidos de América, así como los recursos a su alcance, por medio de los canales de cooperación bilateral establecidos entre STPS y DOL en la Declaración Ministerial Conjunta acerca de los derechos laborales de los trabajadores migratorios (2002); y llevar a cabo consultas con la OAN de los Estados Unidos de América para determinar la conveniencia de celebrar consultas ministeriales.

La Comunicación Pública, presentada en la OAN de México por cuatro organizaciones no gubernamentales y trabajadores de diferentes ramas industriales del estado de Nueva York, se refiere a la aplicación de la legislación laboral por parte de las autoridades estadounidenses respecto a prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales; indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales; protección de los trabajadores migratorios. Se denuncia incumplimiento por las autoridades laborales estadounidenses debido a excesivos y continuos retrasos en la adjudicación de indemnizaciones por lesiones y enfermedades ocupacionales; los cuales desvirtúan el índice de lesiones y enfermedades en las empresas y disminuye las primas de seguro que los empleadores deben pagar, y que los trabajadores migratorios no reciben las indemnizaciones correspondientes por lesiones y enfermedades de trabajo debido a su condición migratoria.

Con base en las consultas técnicas celebradas con la OAN de los Estados Unidos de América en febrero de 2003 y febrero actual, así como información pública disponible, la OAN de México ha identificado que:

Respecto a prevención de lesiones de trabajo y enfermedades ocupacionales persisten dudas sobre cómo se han aplicado las disposiciones de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, que obligan a los empleadores a mantener registros de accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos en las empresas y que establecen las sanciones que la autoridad competente debe aplicar en caso de que no se cumpla con esta obligación, y su relación con la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo.

En cuanto a la indemnización en los casos de lesiones de trabajo y enfermedades ocupacionales , persisten dudas respecto a si la actuación de las autoridades laborales de Nueva York fue apegada a los compromisos del gobierno de los Estados Unidos de América conforme al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), en virtud de que los argumentos de los peticionarios coinciden con diversos informes o estudios emitidos por organizaciones no gubernamentales, centros médicos y de investigación, así como sindicatos, respecto a garantizar que los procedimientos ante las autoridades laborales de Nueva York sean justos, equitativos y transparentes.

Los informes o estudios de organizaciones no gubernamentales, centros médicos y de investigación, y sindicatos, cuestionan la aplicación efectiva de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York por parte de las autoridades laborales competentes en relación con los tiempos de espera para la adjudicación de un reclamo de indemnización, las sanciones a empleadores cuando emplean prácticas dilatorias para prolongar indebidamente las audiencias relativas a las adjudicaciones de indemnizaciones, y la actuación de la autoridad competente respecto a las apelaciones de las compañías aseguradoras por las que se niega la indemnización a trabajadores lesionados o enfermos con motivo de su trabajo.

En el Primer Informe de Revisión de la OAN de México quedó pendiente la información solicitada por la OAN de México en las consultas para la cooperación sobre los tiempos de espera conforme a la ley, para la adjudicación de un reclamo de indemnización. Al respecto, la OAN de los Estados Unidos de América no proporcionó información sobre los términos legales para el proceso de adjudicación de indemnizaciones.

Asimismo, la información proporcionada por la OAN de los Estados Unidos de América no especifica si en alguna ocasión la Junta de Nueva York ha aplicado sanciones a empleadores o compañías aseguradoras que prolonguen el periodo de audiencias mediante prácticas dilatorias. También subsisten dudas respecto a los recursos al alcance de los trabajadores, si los utilizan y si los trabajadores migratorios los conocen, en los casos en que las compañías aseguradoras suspenden indebidamente el pago de beneficios o el tratamiento médico.

En relación con las denuncias de los peticionarios respecto a que los montos y los periodos máximos de pago de las indemnizaciones por lesiones o enfermedades ocupacionales han disminuido, si bien se identificaron datos en estudios que indican que dichos montos son bajos respecto a otros estados de los Estados Unidos de América, se reconoce que dichos montos están establecidos en la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York. Por lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 2 del ACLAN que reconoce el derecho de las Partes de establecer, en lo interno, sus propias normas laborales y de adoptar o modificar, en consecuencia, sus leyes y reglamentos laborales, la OAN de México no hace pronunciamientos.

Respecto a la protección a los trabajadores migratorios, el Secretario del Trabajo y Previsión Social de México y la Secretaria del Trabajo de los Estados Unidos de América ratificaron en la Declaración Ministerial Conjunta entre STPS y el DOL acerca de los derechos laborales de los trabajadores migratorios (2002), su compromiso de aplicar vigorosamente las leyes laborales en el ámbito de su competencia para proteger a todos los trabajadores, sin importar su condición migratoria. La OAN de los Estados Unidos de América indicó que dichos trabajadores gozan de los mismos derechos que los trabajadores estadounidenses conforme a la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York. Sin embargo, hay evidencias de obstáculos serios como el idioma, diferencias culturales y una burocracia compleja que impiden a estos trabajadores hacerlos valer, por lo cual la mayoría no recibe indemnización alguna por lesiones o enfermedades ocupacionales.

La OAN de los Estados Unidos de América proporcionó información respecto a un número telefónico gratuito que estableció la autoridad laboral de Nueva York para informar en español a los trabajadores sobre sus derechos. La OAN de México considera que sería de utilidad conocer cómo han funcionado dichos servicios y si han sido eficaces para informar a los trabajadores sobre su derecho de recibir indemnizaciones cuando están lesionados o enfermos con motivo de su trabajo, independientemente de su condición migratoria, y si lo anterior ha incidido en que los trabajadores migratorios puedan hacer valer ese derecho.

Con base en lo anterior, la OAN de México recomienda celebrar consultas ministeriales entre el Secretario del Trabajo y Previsión Social de México y la Secretaria del Trabajo de los Estados Unidos de América, conforme al artículo 22 del ACLAN.

II. Introducción

La OAN de México, adscrita a la Unidad de Asuntos Internacionales de la STPS, elaboró el presente informe en seguimiento al Primer Informe de Revisión de la Comunicación Pública MEX 2001-1 emitido el 8 de noviembre de 2002, en el que se señaló que la OAN de México solicitaría consultas a la OAN de los Estados Unidos de América en términos del artículo 21 del ACLAN, con objeto de ser informada sobre los avances en las acciones recomendadas en el informe, y estar en posibilidades de determinar si recomienda al Secretario del Trabajo y Previsión Social de México solicitar a la Secretaria del Trabajo de los Estados Unidos de América consultas ministeriales sobre los asuntos planteados por los peticionarios.

Los informes emitidos por la OAN de México se refieren a la Comunicación Pública MEX 2001-1 presentada el 24 de octubre de 2001, por cuatro organizaciones no gubernamentales: National Mobilization Against SweatShops (NMASS), Chinese Staff and Workers' Association (CSWA), Asociación Tepeyac, y Workers' Awaaz, junto con trece trabajadores (nacionales de China, Etiopía , Guatemala, México, Polonia, República Dominicana, y El Salvador) de diferentes ramas industriales del estado de Nueva York.

La Comunicación Pública MEX 2001-1 alude a presuntas omisiones en la aplicación efectiva de la legislación laboral por parte de las autoridades estadounidenses respecto a los principios laborales número 9, prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales; número 10, indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales; y número 11, protección de los trabajadores migratorios; del Anexo 1 del ACLAN.

Los peticionarios de la Comunicación Pública MEX 2001-1 señalan que las autoridades laborales estadounidenses no cumplen con las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 5 del ACLAN, sobre Medidas gubernamentales para la aplicación efectiva de la legislación laboral y Garantías procesales, debido a excesivos y continuos retrasos en la adjudicación de indemnizaciones por lesiones y enfermedades ocupacionales. Los peticionarios alegan que estos retrasos demuestran una pauta persistente de incumplimiento de la legislación laboral por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.

En relación al principio laboral número 9 del ACLAN sobre prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales, los peticionarios señalan que el retraso de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York en la resolución de las demandas para la adjudicación de indemnizaciones por lesiones y enfermedades en el trabajo, ocasiona que no se lleve un registro real y efectivo del número de accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos en las empresas. Dicho retraso da lugar al establecimiento y pago de primas reducidas por parte de los empleadores, e inhibe la estructura de incentivos para la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales.

Respecto al principio laboral número 10 del ACLAN que establece la indemnización en los casos de lesiones y enfermedades ocupacionales, los peticionarios afirman que la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York retrasa continua e indebidamente las indemnizaciones a trabajadores lesionados o enfermos para favorecer al empleador. Además señalan que si la decisión favorece al trabajador, el empleador puede apelar la decisión, lo que hace que los juicios se prolonguen hasta por 10 años. Mientras dura el juicio, los trabajadores no reciben sueldo ni indemnización.

En cuanto al principio laboral número 11, protección de los trabajadores migratorios, los peticionarios señalan que algunos trabajadores que califican para recibir indemnización laboral no califican para otra clase de prestaciones gubernamentales debido a su condición migratoria. Señalan que los procesos ante la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York son inequitativos, porque para determinar la procedencia del pago de indemnización para trabajadores migratorios que no hablan inglés, no hay servicios de traducción, o éstos son inadecuados.

El 15 de noviembre de 2001, la OAN de México admitió para su revisión la Comunicación Pública MEX 2001-1, al cumplir ésta con los requisitos establecidos en el artículo 1 del Reglamento de la Oficina Administrativa Nacional de México sobre las Comunicaciones Públicas a que se refiere el artículo 16(3) del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995.

El 17 de diciembre de 2001, la OAN de México solicitó consultas a la OAN de los Estados Unidos de América en términos del artículo 21 del ACLAN, sobre los asuntos relativos a la legislación laboral abordados en la Comunicación Pública MEX 2001-1.

A solicitud de los peticionarios, la OAN de México recibió el 3 de octubre de 2002 a representantes de la National Mobilization Against SweatShops (NMASS), organización no gubernamental peticionaria, con objeto de intercambiar información y responder sus inquietudes sobre la Comunicación Pública MEX 2001-1.

De conformidad con el artículo 9 del Reglamento de la OAN de México sobre las comunicaciones públicas, la OAN de México emitió el 8 de noviembre de 2002, el Primer Informe de Revisión acerca de los asuntos relativos a la legislación laboral surgidos en el territorio de los Estados Unidos de América, presentados por los peticionarios, y la relación entre dichos asuntos y las obligaciones establecidas en el ACLAN. Dicho informe se emitió después de un año de haber solicitado la consulta a la OAN de los Estados Unidos de América, la cual hasta ese momento no había sido respondida. Por lo anterior, en su informe la OAN de México no recomendó Consultas Ministeriales inmediatamente, sino que abrió un espacio de diálogo entre STPS y el DOL.

En relación con las denuncias de los peticionarios respecto a que las reformas de 1996, vinculadas al sistema de indemnización laboral perjudicaron a los trabajadores, la OAN de México no realizó pronunciamientos, conforme a lo establecido en el artículo 2 del ACLAN que reconoce el derecho de las Partes de establecer, en lo interno, sus propias normas laborales y de adoptar o modificar, en consecuencia, sus leyes y reglamentos laborales.

Como parte de las recomendaciones contenidas en el Primer Informe de Revisión, la OAN de México llevó a la atención del DOL dicho informe de revisión, para que conforme a sus procedimientos internos, el DOL aclarara las inquietudes de los peticionarios y del público, y conforme a derecho determinara lo conducente en términos de su legislación y prácticas internas, respecto a si se han violado los derechos de trabajadores enfermos o lesionados; medidas para agilizar los procedimientos para otorgar indemnizaciones por enfermedades o lesiones ocupacionales; y asegurarse que los empleadores y autoridades locales competentes conozcan y apliquen de manera efectiva la legislación correspondiente en materia de:

  • prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales;

  • indemnización en los casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales; y

  • protección de los trabajadores migratorios.

Asimismo, la OAN de México puso particular énfasis en el tema de los trabajadores migratorios . De conformidad con la Declaración Ministerial Conjunta entre la STPS y el DOL del 15 de abril de 2002, acerca de los derechos laborales de los trabajadores migratorios, el Secretario del Trabajo y Previsión Social de México y la Secretaria del Trabajo de los Estados Unidos de América ratificaron su compromiso de aplicar vigorosamente las leyes laborales en el ámbito de su competencia para proteger a todos los trabajadores sin importar su condición migratoria. Ambos Secretarios reconocieron que dichos trabajadores están entre los más vulnerables.

La OAN de México estimó que es necesario divulgar más ampliamente los derechos laborales de los trabajadores migratorios en los Estados Unidos de América, así como los recursos al alcance de dichos trabajadores, por medio de los canales de cooperación bilateral que los Secretarios promovieron en la Declaración Ministerial Conjunta.

El 27 de febrero de 2003, la OAN de México recibió de la OAN de los Estados Unidos de América las respuestas a las consultas para la cooperación. Dichas respuestas fueron descriptivas sobre la legislación aplicable en Nueva York en materia de indemnizaciones laborales y las funciones y prácticas de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York. Respecto a las preguntas específicas que hacían referencia a los argumentos de los peticionarios, la Junta respondió que se reservaba el derecho a contestar o emitir comentarios sobre aspectos y circunstancias de alguna queja en particular, salvo que contara con la anuencia del quejoso. Las respuestas de la Junta se enfocaron exclusivamente al cuestionario enviado por la OAN de México y no hizo referencia alguna a las recomendaciones o planteamientos contenidos en el informe de revisión.

Con fecha 30 de abril de 2003, 18 de diciembre de 2003, 4 de febrero de 2004, y 10 de marzo de 2004, la OAN de México solicitó a los peticionarios sus comentarios respecto a diversa información que nos hiciera llegar la OAN de los Estados Unidos de América sobre los temas abordados en la Comunicación Pública MEX 2001-1, así como la información adicional que consideraran pertinente. La OAN de México no recibió respuesta de los peticionarios.

En seguimiento al Primer Informe de Revisión, la OAN de México solicitó el 19 de diciembre de 2003, una consulta a la OAN de los Estados Unidos de América sobre las funciones y actuación de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York. La OAN de México recibió el 3 de febrero de 2004 la respuesta de la OAN de los Estados Unidos de América.

Este Segundo Informe de Revisión aborda asuntos relativos a la aplicación de la legislación laboral de los Estados Unidos de América, con base en los argumentos planteados por los peticionarios de la Comunicación Pública MEX 2001-1, las disposiciones pertinentes de la legislación laboral estadounidense, y las obligaciones del gobierno de los Estados Unidos de América respecto a la aplicación efectiva de su legislación laboral, conforme al ACLAN. Asimismo, al ser complementario del Primer Informe de Revisión emitido por la OAN de México el 8 de noviembre de 2002, el presente Segundo Informe de Revisión sólo aborda los asuntos que quedaron pendientes de análisis en el primer informe.

La revisión por la OAN de México y el presente Segundo Informe de Revisión se llevaron a cabo en el marco del ACLAN suscrito por los gobiernos de México, los Estados Unidos de América y Canadá, en vigor desde 1994. Los gobiernos se comprometen a promover que sus autoridades del trabajo apliquen la legislación laboral nacional de manera efectiva. Destaca que los compromisos del ACLAN no prevén el establecimiento de normas comunes en materia del trabajo, cambios a las leyes internas, ni constituyen instancias supranacionales.

III. Obligaciones de los Estados Unidos de América conforme al ACLAN

Conforme al ACLAN, el gobierno de los Estados Unidos de América está obligado a aplicar de manera efectiva la legislación laboral estadounidense; garantizar el acceso de los particulares a los procedimientos y que estos sean justos, equitativos y transparentes; publicar sus leyes, reglamentos y procedimientos; y promover la información y conocimiento públicos de su legislación laboral, para tutelar los principios laborales de:

  • Prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales (Principio 9). La prescripción y aplicación de normas que minimicen las causas de lesiones y enfermedades ocupacionales ( artículos 3.1 b), d), e), y g); 5.1 a) y d); y 5.2 b) del ACLAN).

  • Indemnización en los casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales (Principio 10 ). El establecimiento de un sistema que prevea beneficios y compensaciones para los trabajadores o para quienes dependen de ellos en caso de lesiones ocupacionales, accidentes o muerte surgidos durante el trabajo, en conexión u ocurridos con motivo del mismo (artículos 3.1 g), 3.2, 5.1 d), 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.1 y 7 a) del ACLAN).

  • Protección de los trabajadores migratorios (Principio 11). Proporcionar a los trabajadores migratorios en territorio de cualquiera de las Partes la misma protección legal que a sus nacionales, respecto a las condiciones de trabajo (artículos 4.1, 4.2 a), 5.1 a) y c), 5.2 , y 7.1 a) y b) del ACLAN).

IV. Asuntos relativos a la legislación laboral y obligaciones del ACLAN

4.1 Prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales

Los peticionarios observan en la Comunicación Pública que la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York fue promulgada para incentivar a los empleadores a mantener más seguro y saludable el lugar de trabajo, ya que conforme al sistema de indemnización laboral, los empleadores con alto índice de lesiones o enfermedades ocupacionales son penalizados con primas de seguro más altas.

Los peticionarios señalan que sin embargo, el retraso de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York en la resolución de las demandas para la adjudicación de indemnizaciones por lesiones y enfermedades en el trabajo, ocasiona que no se lleve un registro real y efectivo del número de accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos en las empresas. Dicho retraso da lugar al establecimiento y pago de primas reducidas por parte de los empleadores, e inhibe la estructura de incentivos para la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales.

Según información proporcionada por la OAN de los Estados Unidos de América, la sección 110 del artículo 7 de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, ordena que los empleadores deberán mantener registros de las lesiones o enfermedades sufridas por sus trabajadores en el desempeño de sus labores. Dichos registros podrán ser revisados en cualquier momento por la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York.

Conforme a esta sección de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, el empleador debe presentar a la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York y a su aseguradora un informe de los accidentes que provoquen lesiones a los trabajadores, así como las enfermedades ocupacionales que obliguen a los trabajadores abandonar sus obligaciones laborales o que requieran tratamiento médico. Dicho informe debe presentarse dentro de los 10 días posteriores al accidente o a la enfermedad ocupacional. Si el empleador se niega a preparar el informe o a mantener los registros, se hará acreedor a una sanción penal no mayor a $1,000.00 dólares o a una multa impuesta por la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York no mayor a $2,500.00 dólares.

En el Primer Informe de Revisión publicado por la OAN de México el 8 de noviembre de 2002, se mencionó que esta OAN no tenía conocimiento de los recursos que pudieran haber utilizado los trabajadores afectados en caso de no haberse cumplido con la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York en materia de la veracidad del informe o registro de lesiones y/o enfermedades ocupacionales. En sus respuestas a las consultas para la cooperación del 27 de febrero de 2003, la OAN de los Estados Unidos de América no proporcionó a esta OAN información al respecto. Asimismo, la OAN de México desconoce si la Junta de Indemnización Laboral ha aplicado sanciones en los casos en que algún empleador se haya negado a preparar o mantener registros de lesiones o enfermedades ocupacionales que los peticionarios dicen no se aplican.

En función de lo anterior, persisten dudas respecto a cómo se han aplicado las disposiciones de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York que obligan a los empleadores a mantener registros de accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos en las empresas y que establecen las sanciones que la autoridad competente debe aplicar en caso de que no se cumpla con esta obligación, y su relación con la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo.

4.2 Indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales

Los peticionarios alegan en la Comunicación Pública que la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York demora la adjudicación de indemnizaciones derivadas de demandas por lesiones y enfermedades ocupacionales. Consideran que dichos retrasos son continuos y excesivos. Afirman que la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York con frecuencia aplaza indebidamente las audiencias en las que se determina la procedencia de las reclamaciones por lesiones y enfermedades ocupacionales. Señalan que estos aplazamientos se deben a que los médicos o testigos de los empleadores o sus aseguradoras no se presentan a las audiencias; o para darle más tiempo a los empleadores o sus aseguradoras para obtener reportes médicos o documentación para su defensa.

Los peticionarios argumentan que el lapso entre una audiencia y otra muchas veces es mayor a un año, y durante ese tiempo los trabajadores lesionados no tienen trabajo ni reciben indemnizaciones por parte de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York. Denuncian que las resoluciones de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York, al ser susceptibles de apelación por la aseguradora o el empleador, dan lugar a que se prolongue la suspensión de pagos de indemnización laboral y reembolsos médicos.

Los peticionarios dicen no tener claro cuáles son los recursos al alcance de los trabajadores , en caso de haberlos, para evitar que los procedimientos sean innecesariamente complicados, no impliquen costos o plazos irrazonables ni demoras injustificadas. También mencionan que no se les informa por escrito de los motivos en que se fundan los aplazamientos.

Los peticionarios reclaman que la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York suspende el pago de indemnizaciones mucho antes de emitir una resolución final. Generalmente esto sucede por solicitud de las aseguradoras, las cuales no presentan evidencia sustancial que justifique la suspensión de dichas indemnizaciones. Consideran que entre la opción de continuar en un trabajo difícil y riesgoso o salirse del mercado laboral con la esperanza de obtener indemnizaciones por riesgos de trabajo, prefieren seguir trabajando a pesar de estar lesionados o enfermos.

Los peticionarios señalan que a raíz de las reformas de 1996 al Sistema de Indemnizaciones Laborales en los Estados Unidos de América han disminuido las primas para los empleadores y han aumentado las ganancias de las aseguradoras. Alegan que en Nueva York las autoridades han presionado para que el monto para el cálculo de la indemnización se mantenga en $40.00 dólares semanales, uno de los niveles más bajos de los Estados Unidos de América.

De conformidad con la sección 13(a) de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, el empleador está obligado a pagarle lo antes posible al trabajador lesionado la atención o tratamiento médico, quirúrgico, servicios de optometría, muletas, anteojos, y demás dispositivos funcionales, según lo requiera la naturaleza de la lesión o el proceso de recuperación, así como los servicios de enfermería y hospitalización, medicinas y prótesis necesarios.

En términos de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, la solicitud para obtener indemnización por lesiones o enfermedades ocupacionales puede presentarse al empleador o a la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York en cualquier momento después de haber transcurrido siete días del evento que ocasionó la incapacidad o lesión del trabajador, o en cualquier momento después de su muerte. La Junta de Indemnización Laboral de Nueva York realizará u ordenará la investigación correspondiente, y a instancia de cualquiera de las partes, fijará una audiencia.

Dentro de los siguientes 30 días de presentada la solicitud para obtener indemnización laboral, o de haberse realizado la audiencia, la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York resolverá sobre la procedencia del pago de indemnizaciones, y registrará dicha resolución ante el presidente de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York. El presidente de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York notificará la resolución a las partes.

Conforme a la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, la Junta de dicho estado debe sancionar a los empleadores y/o sus aseguradoras cuando prolonguen el periodo de audiencias mediante prácticas dilatorias. Si los asuntos no se resuelven dentro de los dos años siguientes a su presentación ante la Junta, el presidente de la Junta puede ordenar que el caso se transfiera a una sección de audiencias expeditas. En esta sección las controversias se resuelven en una sola audiencia.

La Ley de Indemnización Laboral de Nueva York ordena que las sentencias o resoluciones de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York son definitivas y obligatorias, a menos que dicha sentencia o resolución haya sido revertida o modificada en apelación. Dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la sentencia o resolución, cualquier parte puede, presentar ante la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York un escrito solicitando la modificación o revisión de dicha sentencia o resolución. La Junta de Indemnización Laboral de Nueva York resolverá lo antes posible la solicitud y fundamentará su decisión. Dicha decisión es apelable, ya sea ante el pleno de la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York o ante el tercer departamento de la división de apelaciones de la Suprema Corte de Nueva York. En ambos casos la apelación se hará dentro de los 30 días siguientes a que la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York notifique su decisión sobre la apelación. (1)

Respecto al argumento de los peticionarios de que las compañías aseguradoras y la Junta, pueden retrasar la adjudicación de indemnizaciones derivadas de demandas por lesiones y enfermedades ocupacionales, esta afirmación coincide con la de Linza Ford, Directora Ejecutiva de Injured Workers Coalition of New York State, organización sin fines de lucro que proporciona asistencia legal a trabajadores lesionados en el estado de Nueva York, que calcula que el promedio de espera para recibir una indemnización laboral en la oficina de Brooklyn, la más grande de Nueva York, es de cuatro años, pero algunas veces puede extenderse a cinco años o más años.

En este sentido, en el Primer Informe de Revisión de la OAN de México quedó pendiente, y la OAN de los Estados Unidos de América no proporcionó respuesta a la información solicitada por la OAN de México en las consultas para la cooperación sobre los tiempos de espera conforme a la ley , para la adjudicación de un reclamo de indemnización. Al respecto, la OAN de los Estados Unidos de América sólo se refirió a los plazos de prescripción para que los trabajadores enfermos o lesionados presenten sus reclamos, y señaló que en 2001, los casos ventilados ante la Junta se resolvieron en un promedio de 162 días después de su presentación. No proporcionó información sobre los términos legales para el proceso de adjudicación de indemnizaciones.

Respecto al argumento de los peticionarios de que los jueces de la Junta obstaculizan las demandas de los trabajadores al permitir que las empresas y/o las compañías aseguradoras argumenten cualquier cosa para justificar su negativa al pago indemnizaciones laborales y el otorgamiento de tratamientos médicos, esta afirmación va en el mismo sentido de lo que advierte la organización no gubernamental National Mobilization Against Sweatshops, a través de su campaña It's About TIME!, en la cual se cita un estudio del Mt. Sinai Occupational Health Clinic , centro médico y de investigación perteneciente a la Mount Sinai School of Medicine de Nueva York, en el que se señala que el 80% de sus pacientes con síndrome de stress repetitivo ( repetitive-stress syndrome) no les es aceptada inicialmente su solicitud de indemnización laboral por las compañías aseguradoras al rechazar las evaluaciones médicas presentadas por los trabajadores mediante dictámenes elaborados por los médicos contratados por las aseguradoras.(2)

Argumentos similares son parte del informe que publicó el sindicato estadounidense American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y la organización de sindicatos, trabajadores y profesionistas en seguridad y salud ocupacional New York Committee for Occupational Safety and Health en 1998, Unjust Treatment: Independent Medical Examinations & Workers Compensation in New York State. (3)Según este informe, cada año se reportan a la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York 500,000 lesiones o enfermedades ocupacionales, de las cuales miles son impugnadas por compañías aseguradoras por razones que frecuentemente se alejan de un verdadero análisis médico. El informe señala que los procesos de adjudicación son tortuosos, ya que las compañías aseguradoras sistemáticamente objetan los grados de lesión o enfermedad, aun cuando la Junta ya haya aceptado otros casos similares.

El informe del AFL-CIO y el New York Committee for Occupational Safety and Health critica la imparcialidad de estos exámenes médicos independientes (independent medical examination -IME), ya que los doctores al ser contratados por las aseguradoras emiten diagnósticos parciales. Basadas en las IME iniciales, las aseguradoras pueden unilateralmente, sin mediar audiencia y sin previa notificación, suspender el pago de beneficios o el tratamiento médico. A pesar de que conforme a la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, el trabajador puede solicitar una audiencia en la Junta para apelar la decisión de la compañía aseguradora, puede tomarse entre seis semanas o seis meses la programación de dicha audiencia. Las respuestas e información proporcionada por la OAN de los Estados Unidos de América, no hace referencia sobre las IME o los términos en que deben ser resueltas las apelaciones en contra de las decisiones de las compañías aseguradoras.

Algunas de las irregularidades que señala el informe respecto a las IME son: (i) la legislación que regula a las IME es casi inexistente; por ejemplo, pueden ser conducidas por doctores sin licencia en Nueva York; (ii) las IME se realizan fuera de lugares clínicos o adecuados; (iii) las IME son poco profesionales, no consisten en un estudio médico serio, en la mayoría de las veces no exceden de 20 minutos; (iv) no se permite que el trabajador lleve testigos, incluso a sus cónyuges; (v) muchos de los trabajadores que no hablan inglés tienen dificultades para comunicarse con los médicos; (vi) los médicos no están especializados en enfermedades o lesiones ocupacionales. Ante la creciente demanda de IME, las compañías aseguradoras consiguen médicos mediante subcontratistas, sin certificar directamente su capacidad médica.

La información proporcionada por la OAN de los Estados Unidos de América, no especifica si en alguna ocasión la Junta de Nueva York ha aplicado sanciones a empleadores o compañías aseguradoras que prolonguen el periodo de audiencias mediante prácticas dilatorias.

Respecto al argumento de los peticionarios de que la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York suspende el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo antes de emitir una sentencia o resolución, la OAN de los Estados Unidos de América informó que conforme a la sección 23 de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, los empleadores o sus aseguradoras únicamente pueden suspender el pago de indemnizaciones laborales cuando se esté apelando la decisión de la Junta. Para solicitar la suspensión del pago, el empleador o su aseguradora deben presentar formalmente su solicitud a la Junta.

Según el informe de AFL-CIO citado anteriormente, las aseguradoras pueden unilateralmente, sin mediar audiencia y sin previa notificación, suspender el pago de beneficios o el tratamiento médico en base a lo que se determine en las IME realizadas por médicos contratados por las aseguradoras.

La OAN de México identificó que en marzo de 1998, la Corte Federal de Apelaciones para el Tercer Circuito en Pennsylvania, resolvió respecto al caso de Barnett v Sullivan que las compañías aseguradoras violan la garantía constitucional de legalidad procesal (due process rights) cuando actúan como un brazo del estado (arm of the state) y unilateralmente suspenden el pago de indemnizaciones sin intermediar audiencia alguna.

Respecto a las denuncias de los peticionarios de que los montos y los periodos máximos de pago de las indemnizaciones por lesiones o enfermedades ocupacionales han disminuido, según información proporcionada por la OAN de los Estados Unidos de América, la sección 15 del artículo 2 de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York dispone las cantidades y periodos a pagar por incapacidad permanente total, incapacidad temporal total, incapacidad permanente parcial e incapacidad temporal parcial.

La organización no gubernamental National Mobilization Against Sweatshops, peticionario de la Comunicación Pública, alega que el sistema de indemnización laboral de Nueva York no proporciona suficiente ayuda económica y asistencia médica a los trabajadores enfermos o lesionados con motivo de su trabajo. Señala que la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York es una de las legislaciones estatales de los Estados Unidos de América con los índices más bajos de montos de indemnizaciones por incapacidad (400 dólares a la semana como máximo y 40 dólares a la semana como mínimo). (4) En cambio, sí permite el enriquecimiento excesivo de las compañías aseguradoras. En ese mismo sentido, se identificó en un informe de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros que en 1994, compañías aseguradoras en Nueva York recabaron dos mil millones de dólares por concepto de primas por indemnización laboral, de las cuales pagaron sólo mil millones de dólares en indemnizaciones laborales y gastos médicos. (5)

La OAN de México identificó que el Work Loss Data Institute, empresa privada independiente que desarrolla bases de datos relacionadas con la salud y la productividad en los Estados Unidos de América, publicó en febrero de 2003 un estudio denominado State Report Cards for Worker's Comp, (6) en que se clasifica jerárquicamente a los sistemas estatales de indemnización según su desempeño . Dicho estudio está basado en la encuesta sobre lesiones y enfermedades ocupacionales que realizó la Oficina de Estadísticas Laborales de OSHA en 2000. El estudio comprende seis variables: índices de incidencia, ausentismo de trabajadores, promedio de la duración de las incapacidades, retrasos en los índices de recuperación, condiciones claves (problemas de espalda baja y carpal tunnel syndrome). Conforme a las variables anteriores cada estado es calificado. Nueva York obtuvo la calificación más baja.

Por lo anterior, persisten dudas respecto a si la actuación de las autoridades laborales de Nueva York fue apegada a los compromisos del gobierno de los Estados Unidos de América conforme al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), en virtud de que los argumentos de los peticionarios coinciden con diversos informes o estudios emitidos por organizaciones no gubernamentales, centros médicos y de investigación, así como sindicatos, respecto a garantizar que los procedimientos ante las autoridades laborales de Nueva York sean justos, equitativos y transparentes.

Dichos informes o estudios de organizaciones no gubernamentales, centros médicos y de investigación, y sindicatos, cuestionan la aplicación efectiva de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York por parte de las autoridades laborales competentes en relación con los tiempos de espera para la adjudicación de un reclamo de indemnización, las sanciones a empleadores cuando emplean prácticas dilatorias para prolongar indebidamente las audiencias relativas a las adjudicaciones de indemnizaciones, y la actuación de la autoridad competente respecto a las apelaciones de las compañías aseguradoras por las que se niega la indemnización a trabajadores lesionados o enfermos con motivo de su trabajo. Asimismo, no quedan claros los recursos al alcance de los trabajadores, si los utilizan y si los trabajadores migratorios los conocen, en los casos en que las compañías aseguradoras suspenden indebidamente el pago de beneficios o el tratamiento médico.

En relación con las denuncias de los peticionarios respecto a que los montos y los periodos máximos de pago de las indemnizaciones por lesiones o enfermedades ocupacionales han disminuido, si bien se identificaron datos en estudios que indican que dichos montos son bajos respecto a otros estados de los Estados Unidos de América, se reconoce que dichos montos están establecidos en la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York. Por lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 2 del ACLAN que reconoce el derecho de las Partes de establecer, en lo interno, sus propias normas laborales y de adoptar o modificar, en consecuencia, sus leyes y reglamentos laborales, la OAN de México no hace pronunciamientos.

4.3 Protección de los trabajadores migratorios

Los peticionarios afirman que algunos trabajadores que califican para recibir indemnización laboral no califican para recibir otra clase de prestaciones gubernamentales, debido a su condición migratoria. Alegan que trabajadores de origen extranjero que no hablan inglés, no comprenden lo que se expone en las audiencias, ya que los servicios de traducción son inadecuados, insuficientes o inexistentes.

A decir de los peticionarios, la mayoría de los trabajadores extranjeros que sufren lesiones o enfermedades ocupacionales en el estado de Nueva York no buscan la ayuda de sus respectivos consulados por considerar que la autoridad competente es la Junta de Indemnización Laboral de Nueva York, y que los consulados no podrían auxiliarlos.

La OAN de los Estados Unidos de América informó en sus respuestas a las consultas para la cooperación del 27 de febrero de 2003, que todos los trabajadores migratorios, incluidos los que hayan obtenido la ciudadanía y los residentes o no residentes, gozan de los mismos derechos que otorga la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York a trabajadores estadounidenses.

De conformidad con la Declaración Ministerial Conjunta entre la STPS y el DOL del 15 de abril de 2002, acerca de los derechos laborales de los trabajadores migratorios, el Secretario del Trabajo y Previsión Social de México y la Secretaria del Trabajo de los Estados Unidos de América ratificaron su compromiso de aplicar vigorosamente las leyes laborales en el ámbito de su competencia para proteger a todos los trabajadores, sin importar su condición migratoria.

Coinciden los argumentos de los peticionarios con las afirmaciones de una investigación periodística en el sentido de que los trabajadores migratorios esperan meses o a veces años para recibir indemnizaciones laborales o tratamiento médico. También se señala que hay datos que apuntan a que existen una serie de obstáculos como idioma, diferencias culturales y una burocracia compleja, que impiden que dichos trabajadores reciban beneficios.

Estos señalamientos también se apoyan en un estudio del Mt. Sinai Clinical Center for Occupational and Environmental Medicine, departamento especializado del centro médico de la Mount Sinai School of Medicine de Nueva York, sobre trabajadores de bajo salario en la industria manufacturera de Nueva York, la cual emplea en su mayoría a trabajadores migratorios, en el que se concluye que los trabajadores deben esperar por los menos dos años para ver resueltas sus demandas en la Junta. El mismo estudio encontró que la mayoría de los trabajadores, 95% de ellos migrantes, no recibieron indemnización alguna durante el tiempo en que estuvieron lesionados. (7)

Según dicho estudio, el principal problema de los trabajadores migratorios, particularmente los indocumentados, es que en su mayoría son contratados en trabajos temporales como jornaleros y se les paga directamente en efectivo, y no pueden acreditar la relación laboral. Muchas veces se regresan a sus países de origen sin indemnización alguna.

Respecto a la protección a los trabajadores migratorios, si bien la OAN de los Estados Unidos de América indicó que dichos trabajadores gozan de los mismos derechos que los trabajadores estadounidenses conforme a la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, hay argumentos sobre obstáculos serios como el idioma, diferencias culturales y una burocracia compleja que impiden a estos trabajadores hacerlos valer, por lo cual la mayoría no recibe indemnización alguna por lesiones o enfermedades ocupacionales.

La OAN de los Estados Unidos de América proporcionó a la OAN de México información respecto a un número telefónico gratuito que estableció la autoridad laboral de Nueva York para informar a los trabajadores en español sobre sus derechos. La OAN de México considera que sería de utilidad conocer cómo han funcionado dichos servicios y si han sido eficaces para informar a los trabajadores sobre su derecho de recibir indemnizaciones cuando están lesionados o enfermos con motivo de su trabajo, independientemente de su condición migratoria, y si lo anterior ha incidido en que los trabajadores migratorios puedan hacer valer ese derecho.

V. Recomendación

La revisión de la OAN de México y sus informes de revisión se llevaron a cabo en el marco del ACLAN. La revisión no pretende crear mecanismos supranacionales, ya que conforme al ACLAN no es función de las OAN juzgar o modificar la legislación de las otras Partes. El propósito de los informes de revisión de la OAN de México, conforme al ACLAN, es llevar a la atención de las autoridades del trabajo de los Estados Unidos de América los asuntos relativos al supuesto incumplimiento de la legislación laboral planteados en la Comunicación Pública MEX 2001-1.

Con base en las consultas técnicas celebradas con la OAN de los Estados Unidos de América en febrero de 2003 y febrero actual, así como información pública disponible, la OAN de México ha identificado que:

Respecto a prevención de lesiones de trabajo y enfermedades ocupacionales persisten dudas sobre cómo se han aplicado las disposiciones de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York, que obligan a los empleadores a mantener registros de accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos en las empresas y que establecen las sanciones que la autoridad competente debe aplicar en caso de que no se cumpla con esta obligación, y su relación con la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo.

En cuanto a la indemnización en los casos de lesiones de trabajo y enfermedades ocupacionales , persisten dudas respecto a si la actuación de las autoridades laborales de Nueva York fue apegada a los compromisos del gobierno de los Estados Unidos de América conforme al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), en virtud de que los argumentos de los peticionarios coinciden con diversos informes o estudios emitidos por organizaciones no gubernamentales, centros médicos y de investigación, así como sindicatos, respecto a garantizar que los procedimientos ante las autoridades laborales de Nueva York sean justos, equitativos y transparentes.

Los informes o estudios de organizaciones no gubernamentales, centros médicos y de investigación, y sindicatos, cuestionan la aplicación efectiva de la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York por parte de las autoridades laborales competentes en relación con los tiempos de espera para la adjudicación de un reclamo de indemnización, las sanciones a empleadores cuando emplean prácticas dilatorias para prolongar indebidamente las audiencias relativas a las adjudicaciones de indemnizaciones, y la actuación de la autoridad competente respecto a las apelaciones de las compañías aseguradoras por las que se niega la indemnización a trabajadores lesionados o enfermos con motivo de su trabajo.

En este sentido, en el Primer Informe de Revisión de la OAN de México quedó pendiente, y la OAN de los Estados Unidos de América no proporcionó respuesta a la información solicitada por la OAN de México en las consultas para la cooperación sobre los tiempos de espera conforme a la ley , para la adjudicación de un reclamo de indemnización. Al respecto, la OAN de los Estados Unidos de América sólo se refirió a los plazos de prescripción para que los trabajadores enfermos o lesionados presenten sus reclamos, y señaló que en 2001, los casos ventilados ante la Junta se resolvieron en un promedio de 162 días después de su presentación. No proporcionó información sobre los términos legales para el proceso de adjudicación de indemnizaciones.

Asimismo, la información proporcionada por la OAN de los Estados Unidos de América, no especifica si en alguna ocasión la Junta de Nueva York ha aplicado sanciones a empleadores o compañías aseguradoras que prolonguen el periodo de audiencias mediante prácticas dilatorias. También subsisten dudas respecto a los recursos al alcance de los trabajadores, si los utilizan y si los trabajadores migratorios los conocen, en los casos en que las compañías aseguradoras suspenden indebidamente el pago de beneficios o el tratamiento médico.

En relación con las denuncias de los peticionarios respecto a que los montos y los periodos máximos de pago de las indemnizaciones por lesiones o enfermedades ocupacionales han disminuido, si bien se identificaron datos en estudios que indican que dichos montos son bajos respecto a otros estados de los Estados Unidos de América, se reconoce que dichos montos están establecidos en la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York. Por lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 2 del ACLAN que reconoce el derecho de las Partes de establecer, en lo interno, sus propias normas laborales y de adoptar o modificar, en consecuencia, sus leyes y reglamentos laborales, la OAN de México no hace pronunciamientos.

Respecto a la protección a los trabajadores migratorios, el Secretario del Trabajo y Previsión Social de México y la Secretaria del Trabajo de los Estados Unidos de América ratificaron en la Declaración Ministerial Conjunta entre STPS y el DOL acerca de los derechos laborales de los trabajadores migratorios (2002), su compromiso de aplicar vigorosamente las leyes laborales en el ámbito de su competencia para proteger a todos los trabajadores, sin importar su condición migratoria. La OAN de los Estados Unidos de América indicó que dichos trabajadores gozan de los mismos derechos que los trabajadores estadounidenses conforme a la Ley de Indemnización Laboral de Nueva York. Sin embargo, hay evidencias de obstáculos serios como el idioma, diferencias culturales y una burocracia compleja que impiden a estos trabajadores hacerlos valer, por lo cual la mayoría no recibe indemnización alguna por lesiones o enfermedades ocupacionales.

La OAN de los Estados Unidos de América proporcionó información respecto a un número telefónico gratuito que estableció la autoridad laboral de Nueva York para informar a los trabajadores en español sobre sus derechos. La OAN de México considera que sería de utilidad conocer cómo han funcionado dichos servicios y si han sido eficaces para informar a los trabajadores sobre su derecho de recibir indemnizaciones cuando están lesionados o enfermos con motivo de su trabajo, independientemente de su condición migratoria, y si lo anterior ha incidido en que los trabajadores migratorios puedan hacer valer ese derecho.

Por razones de confidencialidad, la OAN de los Estados Unidos de América no hizo referencia alguna al estado en que se encuentran los procesos de indemnización laboral de los peticionarios . Por ende, la OAN de México no cuenta con la información suficiente para establecer la relación entre las omisiones en la aplicación efectiva de la legislación laboral por parte de las autoridades laborales federales de los Estados Unidos de América y del estado de Nueva York que alegan los peticionarios y las obligaciones de los Estados Unidos de América en el marco del ACLAN.

La OAN de México considera necesario conocer más a fondo la relación entre las cuestiones planteadas por los peticionarios de la Comunicación Pública MEX 2001-1 y el avance de las acciones recomendadas en el informe de revisión emitido por la OAN de México el 8 de noviembre de 2002.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 9 del Reglamento de la OAN de México sobre las comunicaciones públicas, la OAN de México, recomienda al Secretario del Trabajo y Previsión Social de México solicitar Consultas Ministeriales a la Secretaria del Trabajo de los Estados Unidos de América en relación con los asuntos relativos a la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales; la indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales; y la protección de los trabajadores migratorios en los Estados Unidos de América, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del ACLAN.


END NOTES

1. Artículo 2, Sección 23 de la New York Workers' Compensation Law.

2. It's About TIME! www.nmass.org/nmass/wcomp/workerscomp.html

3. Publicado en la página web del New York Committee for Occupational Safety and Health: www.nycosh.org/IME_Report1.html

4. www.nmass.org/nmass/wcomp/workerscomp.html

5. Fuente: National Association of Insurance Commisioners, "Report on Profitability By Line By State," 1998.

6. Official Disability Guidelines www.odg-disability.com/pr_repsrc.htm

7. Newsday de Nueva York, publicada el 24 de julio de 2001 en la página web www.newsday.com/news/ny-work-comp724,0,4905984,print.story